En medio de una situación financiera cada vez más ajustada, el Gobierno provincial logró acceder a un nuevo auxilio económico por parte del Estado nacional. Se trata de un adelanto de coparticipación federal por $25.000 millones, que será desembolsado durante abril.
El acuerdo, firmado entre la Nación y la Provincia, establece que se trata de un anticipo transitorio, que deberá ser reintegrado en el corto plazo mediante retenciones automáticas sobre los recursos coparticipables.
Lejos de representar una solución de fondo, este nuevo desembolso vuelve a poner en evidencia la dependencia estructural del Gobierno de Gustavo Melella respecto de la asistencia nacional.
No es la primera vez que la Provincia recurre a este tipo de herramientas para sostener su funcionamiento. Por el contrario, se trata de un esquema que se repite y que deja al descubierto la falta de equilibrio en las cuentas públicas.
El punto más crítico no es el auxilio en sí, sino lo que no aparece:
un plan de ordenamiento fiscal.
Mientras se recurre a fondos extraordinarios para cubrir gastos corrientes, no se observan señales claras de:
reducción del gasto público
planificación financiera a mediano plazo
medidas estructurales para equilibrar las cuentas
El resultado es un esquema que depende de recursos externos para sostener el día a día.
En este contexto, el adelanto cobra un significado concreto: garantizar el pago de salarios estatales.
En las últimas semanas, el propio gobernador había dejado entrever dificultades en este sentido, al señalar que no estaba previsto avanzar con pagos en cuotas “por ahora”. La llegada de estos fondos aparece entonces como un alivio inmediato para evitar tensiones en el corto plazo.
El mecanismo del adelanto de coparticipación implica tomar recursos futuros para cubrir necesidades presentes. Es decir, una solución de corto plazo que compromete aún más las finanzas a futuro.
En términos prácticos, la Provincia se endeuda consigo misma, resignando ingresos que luego impactarán en los próximos meses.
El escenario que se configura es el de una administración que funciona al límite, dependiendo de asistencias extraordinarias y sin un horizonte claro de ordenamiento.
La falta de previsibilidad, sumada a la ausencia de un plan económico integral, alimenta la incertidumbre sobre la sustentabilidad del esquema actual.
