RÍO GRANDE.- El sistema de salud estatal de la provincia enfrenta una de sus etapas más oscuras. Elvia Agüero, representante de la Asociación de Trabajadores del Estado en OSEF, brindó un panorama desolador sobre la realidad contable de la entidad, asegurando que la administración actual arrastra deficiencias estructurales de larga data. Para la referente gremial, el organismo se encuentra transitando una parálisis que compromete su existencia misma.

En declaraciones vertidas a Radio Provincia, Agüero utilizó una fuerte metáfora para describir el momento que viven tanto los trabajadores como los beneficiarios. La dirigente advirtió que la institución "está al borde del colapso" y añadió una comparación médica para ilustrar la gravedad del asunto. “Estamos ahogados, estamos a punto de morir y el médico está tratando de sostenernos, a ver si podemos revivir”, sentenció con preocupación.

La mirada de la delegada se posó sobre la responsabilidad del Estado fueguino y la cúpula de la obra social. Según las cifras que detalló, al cierre de enero la deuda total, que contempla compromisos con diversas instituciones y las prestaciones derivadas de la ley de pensiones (RUPE), ascendía a los 22 mil millones de pesos. En este balance, Agüero identificó al Gobierno de la provincia como el deudor más importante, con una cifra cercana a los 15 mil millones de pesos pendientes de cancelación.

Sin embargo, la representante sindical aclaró que la crisis no se explica únicamente por la carencia de fondos frescos. “Hace seis años que el problema de la obra social no es de ingresos, sino de cómo se administra, cómo se compra y cómo se firman convenios”, disparó, poniendo bajo la lupa la idoneidad en el manejo de los recursos internos y la toma de decisiones dentro de la entidad.

Otro de los puntos de fricción señalados fue la inacción en el cobro de deudas a favor de la obra social, una situación que solo comenzó a mostrar movimientos tras la participación del Fiscal de Estado. En este sentido, Agüero criticó la concentración del poder de decisión, manifestando que "todo se maneja en la cabeza de la presidencia, no en el directorio", lo que a su juicio limita los controles necesarios.

Las consecuencias de este desajuste financiero ya impactan de forma dramática en la atención diaria de los afiliados. La dirigente alertó que las farmacias han suspendido la entrega de remedios por falta de pago desde hace un mes y que conseguir un turno médico se ha vuelto una odisea. Incluso, mencionó que servicios de alta complejidad, como el centro oncológico, decidieron interrumpir la atención ante la falta de cumplimiento de las obligaciones económicas por parte de la obra social.