Según detalló en FM La Isla, Tierra del Fuego arrastra un rojo cercano a los 27 mil millones de pesos, en un escenario donde además persisten deudas cruzadas con el Estado nacional. “La Nación mantiene una deuda con la provincia que ronda los 8.325 millones de pesos”, explicó, vinculada a obras, servicios sanitarios y compromisos con organismos como el Instituto Provincial de Vivienda. A su vez, la provincia mantiene obligaciones por unos 5.000 millones, lo que deja un saldo favorable acotado. A este panorama se suman acreencias del Fideicomiso Austral por 233 millones de dólares, un pasivo histórico que nunca terminó de resolverse.

El cuadro se agrava por la fuerte dependencia de la coparticipación nacional, que representa entre el 60% y el 65% de los ingresos provinciales. “Cuando cae, el impacto es directo y muy fuerte”, advirtió Bahamonde. En ese sentido, alertó que la recaudación muestra caídas reales desde hace meses y que se prevé un empeoramiento en el corto plazo, con abril y mayo como períodos particularmente complejos.

La baja en los ingresos no responde a un único factor. La caída del consumo interno, la retracción de la actividad económica y el retroceso en sectores clave como la industria y la construcción reducen la base imponible de impuestos como Ingresos Brutos. A esto se suma el desplome de las regalías hidrocarburíferas, uno de los pilares de financiamiento provincial.

En particular, la salida de operación de yacimientos como Vega Pléyade y el traslado de actividad a jurisdicción nacional impactaron directamente en las arcas fueguinas. “Cuando la explotación pasa a Nación, la provincia deja de percibir regalías, y eso es un golpe muy fuerte”, explicó el titular de AREF. Si bien se implementaron mecanismos de compensación, el efecto negativo persiste.

El deterioro también se percibe en la economía cotidiana. La caída de la actividad es generalizada y atraviesa comercio, industria y servicios. “Se ve en la calle: locales vacíos, carteles de alquiler, menor movimiento”, describió Bahamonde, al referirse especialmente a ciudades como Río Grande. Sectores como la construcción, intensivos en empleo, muestran además un fuerte retroceso por el freno de la obra pública.

Frente a este escenario, las herramientas del Estado provincial son limitadas. Bahamonde explicó que el régimen de coparticipación restringe las facultades tributarias: las provincias dependen principalmente de Ingresos Brutos, Sellos y algunas tasas, mientras que otros tributos están fuera de su alcance. “No hay demasiadas alternativas para aumentar la recaudación”, afirmó.

En ese marco, el Ejecutivo analiza ajustes puntuales en sectores con menor carga fiscal, como servicios o actividades financieras, aunque el margen es reducido y cualquier medida implica costos económicos y políticos. “Hace más de seis años que no se aplican aumentos significativos”, recordó.

Como contrapartida, la AREF impulsa un proceso de modernización orientado a mejorar la eficiencia del sistema: digitalización de trámites, pagos electrónicos y fortalecimiento de la fiscalización. Si bien estas medidas no generan ingresos inmediatos, apuntan a reducir la evasión y optimizar la recaudación en el mediano plazo.

El diagnóstico final es claro: la provincia enfrenta una combinación crítica de déficit, caída de recursos y restricciones estructurales que limitan su capacidad de respuesta. “Dependemos en gran medida de la actividad económica y de la coparticipación”, sintetizó Bahamonde, en un escenario que, lejos de mejorar, anticipa mayores dificultades en los próximos meses.