La decisión del Gobierno provincial de habilitar un fondo reservado de 6 millones de pesos mensuales para la Policía de Tierra del Fuego vuelve a poner en discusión no sólo las prioridades en materia de seguridad, sino también los mecanismos de control sobre el uso de recursos públicos.

El decreto establece la creación del “Fondo Operativo - Policía Provincial”, destinado a cubrir gastos confidenciales vinculados a investigaciones penales que llevan adelante áreas como Delitos Complejos y Narcocriminalidad en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Se trata de partidas que, por su propia naturaleza, no estarán sujetas a los esquemas tradicionales de rendición, lo que implica un manejo discrecional de esos fondos bajo el argumento de preservar la eficacia de las tareas investigativas.

Sin embargo, la implementación de esta herramienta se da en un contexto particularmente delicado hacia el interior de la fuerza. Desde distintos sectores policiales vienen señalando desde hace tiempo una situación crítica que atraviesa tanto a las condiciones laborales como al funcionamiento cotidiano de las dependencias.

La falta de insumos básicos es uno de los reclamos más reiterados: en algunas unidades aseguran que ni siquiera cuentan con elementos de limpieza para sostener condiciones mínimas. A esto se suma el deterioro edilicio en varias comisarías y un parque automotor que resulta insuficiente y, en muchos casos, fuera de servicio por falta de mantenimiento.

El escenario se completa con una problemática salarial que arrastra años sin respuestas de fondo. Los sueldos del personal policial quedaron rezagados frente al avance de la inflación, generando un fuerte malestar interno que, aunque pocas veces se expresa públicamente, atraviesa a gran parte de la institución.

En ese marco, la creación de un fondo reservado destinado a gastos que no tendrán el mismo nivel de control que otras partidas presupuestarias genera cuestionamientos inevitables. Mientras se asignan recursos para tareas confidenciales, persisten dificultades estructurales que afectan directamente la capacidad operativa diaria de la Policía.

Si bien este tipo de fondos existen en distintos niveles del Estado y suelen justificarse en la necesidad de combatir delitos complejos, lo cierto es que su implementación exige un delicado equilibrio entre la eficacia en la investigación y la transparencia en el manejo de los recursos públicos.