En medio de un discurso de austeridad y ajuste del gasto político, nuevos datos publicados en el Boletín Oficial del Municipio de Ushuaia vuelven a encender la polémica en torno a la gestión del intendente Walter Vuoto.

Los documentos oficiales dejan al descubierto un esquema de contrataciones que incluye al menos cuatro personas asignadas como “choferes y asistentes privados” del jefe comunal, en lo que muchos ya califican como un armado de privilegios difícil de justificar en el actual contexto económico.

Pero lo que más llama la atención no es solo la cantidad, sino el perfil. Según surge de la documentación, algunos de estos agentes serían policías retirados, lo que abre interrogantes sobre si en realidad cumplen funciones de custodia personal más que tareas administrativas.

La pregunta es inevitable: ¿qué justifica un esquema de este tipo en una ciudad que no presenta niveles de inseguridad extraordinarios? ¿Y por qué encuadrarlos bajo figuras administrativas que no reflejarían con claridad sus funciones reales?

El caso suma aún más ruido cuando se analiza la modalidad de contratación. De acuerdo a lo publicado, algunos de estos trabajadores contarían con contratos vigentes dentro del municipio y, al mismo tiempo, habrían facturado servicios adicionales o recibido viáticos, incluso para viajes fuera de la provincia. Hasta el momento, no hubo explicaciones oficiales sobre estos movimientos.

El contraste con el discurso público es evidente. Mientras desde la gestión municipal se insiste en la necesidad de ajustar gastos y administrar con responsabilidad, en los papeles aparecen erogaciones destinadas a sostener un esquema que se asemeja más al de una figura con trato VIP que al de un funcionario en tiempos de crisis.

A esto se suma otro dato que no pasa desapercibido: la publicación fuera de término de los actos administrativos. En marzo de 2026 se están dando a conocer resoluciones correspondientes al año pasado, lo que podría contradecir lo establecido por normativas vigentes que fijan plazos mucho más acotados para garantizar la transparencia.

La demora en la publicación no es un detalle menor. En la gestión pública, la falta de información en tiempo y forma también configura una forma de opacidad que dificulta el control ciudadano.