“El subsidio no se elimina, se ordena para que llegue a quienes realmente lo necesitan”, afirmó el funcionario en FM del Pueblo, al explicar que la medida responde tanto al contexto nacional como a la necesidad de optimizar el uso de los recursos públicos.

Según detalló, la reestructuración del sistema se apoya en dos ejes principales: el nivel de ingresos de los hogares y criterios territoriales. En ese sentido, indicó que el corte estará fijado en hasta ocho salarios mínimos vitales y móviles —actualmente en torno a los 2,6 millones de pesos mensuales por hogar—, mientras que también se tendrán en cuenta diferencias urbanísticas entre ciudades.

En el caso de Río Grande y Tolhuin, la segmentación estará principalmente vinculada al acceso a la red de gas natural, mientras que en Ushuaia se implementará una división más detallada en tres subzonas —alta, media y baja— en función de variables como la topografía, la altitud y el tipo de construcción.

Rullier remarcó que el objetivo es sostener el acompañamiento estatal en un escenario nacional complejo, marcado por la desregulación del mercado del gas licuado. “Se liberaron precios y se redujo la participación del Estado nacional, lo que impacta directamente en los costos”, explicó.

En ese contexto, subrayó el esfuerzo fiscal que realiza la provincia para sostener el beneficio. Actualmente, el precio real del kilo de gas ronda los 2.362 pesos, de los cuales el Estado nacional aporta apenas entre un 8% y un 9%. En contraste, la provincia cubre cerca del 88% del costo, lo que permite que los usuarios accedan al gas pagando entre 80 y 120 pesos por kilo.

“El porcentaje más importante del precio lo sigue absorbiendo el Gobierno provincial”, enfatizó el funcionario, y buscó llevar tranquilidad al señalar que, ante eventuales aumentos, el impacto en los usuarios será amortiguado por ese esquema de subsidios.

La medida cobra especial relevancia en una provincia donde miles de familias aún dependen del gas envasado, especialmente en sectores sin acceso a la red domiciliaria. En ese marco, desde el Ejecutivo sostienen que la segmentación permitirá hacer más eficiente el sistema sin dejar de acompañar a quienes más lo necesitan.

Al mismo tiempo, Rullier señaló que la política apunta también a promover una transición progresiva hacia el gas natural en aquellas zonas donde la infraestructura ya está disponible, con el objetivo de reducir la dependencia del gas envasado a largo plazo.