USHUAIA.- Las pretensiones de la administración central para transformar el esquema jurídico de la terminal portuaria local sufrieron un revés definitivo durante la última jornada de labor parlamentaria. El pleno de los legisladores acompañó una moción para mandar al archivo el pliego que intentaba instaurar una sociedad anónima en el área, un diseño institucional que tomaba como referencia el antecedente de la firma estatal Terra Ignis.

El debate en torno a esta medida, que formaba parte de un conjunto de leyes enviadas por el Gobierno días atrás, estuvo marcado por las advertencias de la oposición. El parlamentario Jorge Lechman manifestó su preocupación al considerar que la normativa facilitaba el traspaso de bienes públicos hacia el ámbito privado. En una crítica directa al espíritu de la norma, el referente del sector opositor sentenció que la propuesta “parece pensada para poner al puerto en la plataforma de Mercado Libre”.

Para el legislador, la estrategia del oficialismo evidencia una contradicción que resulta imposible de ignorar. Argumentó que mientras el discurso gubernamental se apoya en la protección de la soberanía y la relevancia del puerto como nexo antártico, en la práctica se fomentaba una herramienta que delegaba el manejo estratégico en manos de particulares. Según su visión, no se puede pregonar autonomía mientras se impulsan mecanismos que ceden el control a intereses ajenos al Estado.

En su intervención, Lechman hizo hincapié en que la discusión trascendía el análisis de una simple personería jurídica. Lo que realmente se puso en juego fue la potestad política y el marco institucional bajo el cual se gestionará un activo que pertenece al conjunto de los ciudadanos de la provincia, cuestionando los criterios de administración que pretendía imponer el Gobierno.

Al finalizar su exposición, el parlamentario distinguió la labor operativa de las empresas privadas del manejo integral del sistema portuario. Tras reafirmar el carácter público y estatal de la infraestructura, sugirió que cualquier intención de modificar a los prestadores vigentes debería plantearse con transparencia, en lugar de recurrir a proyectos legislativos formulados con generalidades que oscurecen el verdadero propósito de la reforma.