La medida fue definida tras una asamblea con fuerte participación gremial, donde quedó en evidencia el descontento ante la falta de respuestas concretas a los reclamos que vienen acumulándose desde hace tiempo.

El eje del conflicto gira en torno a la pérdida del poder adquisitivo. Desde el sector sostienen que los incrementos otorgados quedaron muy por detrás de la inflación: mientras el último aumento fue del 2,5% en enero, el costo de vida en la provincia sigue en alza y ya habría superado ampliamente ese porcentaje en lo que va del año.

Pero el reclamo no se limita a lo salarial. También exigen el pago de montos adeudados y mejoras urgentes en la obra social, un punto que genera fuerte preocupación entre los trabajadores por las dificultades en el acceso a prestaciones básicas.

El referente gremial Federico Villone puso en palabras el malestar del sector: advirtió que la carga de trabajo viene en aumento sin una compensación acorde y remarcó que se trata de una actividad que requiere formación y responsabilidad, pero que hoy no está siendo reconocida en términos salariales.

En paralelo, también cuestionó que el ajuste recaiga sobre los trabajadores, al considerar que la situación económica de la provincia no puede trasladarse a quienes sostienen el funcionamiento del sistema judicial.

Con este escenario, el paro aparece como una advertencia. Desde el gremio anticipan que, si no hay avances en las negociaciones, las medidas podrían profundizarse en los próximos días.

Por ahora, la expectativa está puesta en una eventual respuesta del Superior Tribunal de Justicia, que permita encauzar el conflicto y evitar una escalada mayor. Mientras tanto, el miércoles la actividad judicial en toda la provincia quedará paralizada.