USHUAIA.- La prestataria Autofarma elevó un reclamo administrativo de alta tensión dirigido a la presidenta de la OSEF, Mariana Hruby, y a la ministra de Salud, Judit Di Giglio. En el escrito, la empresa exige la cancelación urgente de una deuda que asciende a los $7.063 millones por servicios que ya han sido brindados a los beneficiarios del sistema público. El documento describe una realidad financiera asfixiante derivada del incumplimiento sistemático en los pagos por parte de los organismos dependientes del Estado provincial.

La presentación judicial detalla que el monto adeudado equivale a un total de 37.218 recetas que ya fueron dispensadas a los pacientes. La compañía remarcó que cumplió con su responsabilidad de garantizar el acceso a tratamientos esenciales, entregando fármacos que ya forman parte del consumo de los afiliados. Según el Directorio de la firma, esta acumulación de facturas impagas generó un escenario de desfinanciamiento que impide el normal funcionamiento de sus sucursales.

En cuanto a los plazos de la mora, la carta precisa que los atrasos más remotos de la obra social estatal datan de noviembre de 2025. Por el lado del Ministerio de Salud, el escenario es aún más complejo, con deudas que se arrastran desde julio del mismo año, lo que ratifica una falta de pago sostenida en el tiempo. Esta coyuntura colocó a la organización en lo que definieron como una “situación límite”, con consecuencias directas que van desde el desabastecimiento en la cadena de suministros hasta dificultades para abonar salarios y cumplir con los proveedores mayoristas.

El punto de mayor preocupación para la comunidad reside en la advertencia sobre la continuidad de las prestaciones. Autofarma señaló que hoy la atención al público se encuentra seriamente comprometida y que una eventual interrupción del servicio difícilmente podría ser compensada por otros actores del sector en el corto plazo. Esto afectaría de manera inmediata a una masa importante de ciudadanos que dependen cotidianamente de estas farmacias para retirar su medicación crónica o de agudos.

Hacia el cierre del documento, la empresa instó al Estado fueguino a asumir su responsabilidad y regularizar los saldos pendientes para evitar perjuicios mayores tanto a la firma como a la sociedad. El texto subraya además el impacto social del conflicto, recordando que la actividad sostiene el sustento de 45 familias en Tierra del Fuego y más de 150 en la provincia de Santa Cruz. Tras cuatro décadas de presencia en la región, la operadora aseguró encontrarse en un punto crítico que pone en jaque su trayectoria en el mercado austral.