Un nuevo foco de tensión política e institucional sacude a Tierra del Fuego tras conocerse que la empresa estatal Terra Ignis firmó un acuerdo clave para la explotación de recursos hidrocarburíferos con Velitec… con autoridades que ya habían sido removidas de sus cargos.

Lejos de tratarse de una discusión técnica o administrativa, el caso expone una situación de extrema gravedad institucional.

El pasado 27 de marzo, la Legislatura de Tierra del Fuego dictó la Resolución N° 075/26, mediante la cual dejó sin efecto las designaciones del directorio y la sindicatura de la empresa energética provincial, nombrando una nueva conducción conforme a la Ley 1423.

Sin embargo, apenas diez días después —el 6 de abril—, se avanzó con la firma de un convenio estratégico para la explotación de áreas hidrocarburíferas. Lo alarmante es que el acuerdo fue suscripto por funcionarios que, de acuerdo a esa resolución vigente, ya no tenían competencia legal para actuar en representación de la firma estatal.

Un acto bajo sospecha

La contradicción institucional es tan directa como preocupante. Si la resolución legislativa estaba en plena vigencia —y no existe constancia de su suspensión o derogación—, quienes participaron de la firma carecían de facultades legales.

La pregunta es inevitable: ¿puede sostenerse la validez de un convenio firmado por autoridades desplazadas?

Desde el punto de vista jurídico, el escenario es delicado. El acto podría estar viciado en su origen, lo que lo vuelve nulo o, como mínimo, altamente impugnable, con consecuencias que podrían impactar directamente en su ejecución futura.

Una decisión opaca y sin explicaciones

Pero el interrogante no termina allí. El acuerdo avanza incluso sin que se haya formalizado aún la conformación de la UTE (Unión Transitoria de Empresas), mecanismo que había sido anticipado como la modalidad elegida para garantizar la participación privada en la explotación.

A esto se suma otro dato inquietante: nunca se hizo público por qué se eligió a Velitec por sobre otras empresas que se habían presentado en la compulsa de proyectos. No hubo detalles técnicos, ni criterios de selección difundidos, ni informes comparativos.

En ese contexto, la decisión aparece envuelta en un manto de opacidad. La firma del convenio se ejecutó de manera prácticamente silenciosa, sin difusión oficial previa, y sin brindar precisiones sobre los términos reales del acuerdo, sus condiciones económicas o sus implicancias a largo plazo.

Silencio oficial y vacío institucional

Hasta el momento, el gobierno de Gustavo Melella no brindó explicaciones sobre lo ocurrido. No se informó si la nueva conducción designada por la Legislatura asumió formalmente, ni por qué no participó de un acto de semejante relevancia.

Tampoco se aclaró si existió algún mecanismo de transición o si, directamente, se decidió avanzar ignorando la resolución legislativa.

Ese silencio no es menor. Porque lo que está en juego no es un trámite administrativo, sino un acuerdo vinculado a recursos estratégicos, con impacto directo en el desarrollo energético de la provincia y millones de dólares en juego.

¿Conflicto de poderes o irregularidad grave?

El escenario abre dos posibles interpretaciones, ambas de extrema gravedad:

Por un lado, si la resolución no fue acatada, se configura un conflicto institucional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Por otro, si el convenio fue firmado por autoridades desplazadas, el problema escala aún más: podría tratarse de un acto sin validez legal.

En cualquiera de los casos, lo que queda comprometido es mucho más que un contrato. Está en juego la seguridad jurídica, la transparencia en la gestión pública y la previsibilidad de las decisiones del Estado.

Mucho más que un convenio

El caso trasciende el acuerdo con Velitec. Lo que está en discusión es el funcionamiento mismo de las instituciones en Tierra del Fuego.

Terra Ignis no es una empresa privada: es una sociedad con participación estatal, sujeta a controles y decisiones del sistema democrático. Ignorar una resolución legislativa no es un detalle menor, es un quiebre en el equilibrio de poderes.

Porque cuando no está claro quién tiene la autoridad para firmar decisiones estratégicas, lo que se erosiona no es solo un acto administrativo.