En declaraciones a FM del Pueblo, Garay fue contundente al describir el escenario actual: “La comunidad necesita gestos reales y soluciones concretas. El esfuerzo no alcanza”. La funcionaria remarcó que la situación impacta directamente en la vida cotidiana de los vecinos, ya que el 87,5% del presupuesto municipal depende de la coparticipación, lo que agrava aún más las consecuencias del retraso.

Impacto directo en los servicios

La falta de fondos afecta de manera transversal a múltiples áreas clave del municipio. Desde la recolección de residuos hasta el transporte público, pasando por la obra pública y distintos programas sociales, todos los servicios se ven condicionados por la incertidumbre financiera.

“Estamos hablando de un ahogamiento financiero real”, afirmó Garay, quien subrayó que este nivel de demora no tiene antecedentes recientes. A pesar de ello, destacó que el municipio continúa sosteniendo servicios esenciales e incluso mantiene activa la obra pública, en un contexto adverso.

Reclamo firme y posible vía judicial

El municipio ya inició reclamos administrativos formales, aunque —según indicó la jefa de gabinete— no han recibido respuestas por parte de la provincia. Frente a este panorama, no se descarta escalar el conflicto.

“A uno no le gustaría llegar a la instancia judicial, pero si es necesario para defender nuestros recursos y nuestra autonomía, lo vamos a hacer”, aseguró.

En paralelo, el Ejecutivo mantiene una postura abierta al diálogo. “Si nos convocan, vamos a estar”, sostuvo Garay, aunque dejó en claro que hasta el momento no hubo contactos formales ni informales con autoridades provinciales.

Acompañamiento social y tensión creciente

La gravedad de la situación quedó reflejada en la reciente movilización en defensa de la autonomía municipal, donde participaron no solo trabajadores estatales, sino también sindicatos y actores del sector privado vinculados a la prestación de servicios.

Según explicó Garay, el acompañamiento responde a una comprensión generalizada del problema: “Cuando se muestran los números, la situación se entiende. Si no llegan los recursos, no se puede sostener el funcionamiento normal”.

Además, la funcionaria advirtió que el conflicto no solo es financiero, sino también político e institucional. “Toda discusión sobre recursos es política, porque impacta directamente en la vida de la gente”, señaló.

Un escenario incierto

Mientras la crisis se profundiza, desde el municipio insisten en la necesidad de medidas concretas y respuestas urgentes. La posibilidad de que la provincia reciba adelantos de coparticipación genera expectativas, aunque desde Ushuaia aseguran no tener garantías de cómo se distribuirán esos fondos.

En este contexto, el reclamo se mantiene firme: garantizar la llegada de recursos no es solo una cuestión administrativa, sino una condición esencial para sostener los servicios y el funcionamiento de la ciudad más austral del país.