Según explicó en FM Provincia, el problema se agrava por la falta de pagos por parte de organismos nacionales y provinciales, lo que pone en riesgo la continuidad de espacios fundamentales para la atención de pacientes. En ese sentido, señaló que más de 40 instituciones especializadas podrían dejar de funcionar en el corto plazo si no se regulariza la situación.

Lavenia también vinculó esta crisis con el incumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental, sancionada en 2010, al remarcar que nunca se implementaron plenamente los dispositivos previstos ni se garantizó la inversión necesaria. “Hay una gran distancia entre lo que plantea la ley y lo que ocurre en la realidad”, sostuvo.

En paralelo, la referente destacó el crecimiento de los consumos problemáticos en los últimos años, especialmente entre jóvenes, y subrayó la necesidad de fortalecer un enfoque interdisciplinario en los tratamientos, en lugar de retroceder hacia modelos exclusivamente médicos.

A nivel local, la situación también es compleja. La institución que encabeza enfrenta demoras en los pagos por parte de la obra social provincial OSEF, lo que dificulta el sostenimiento de su funcionamiento diario, incluyendo el pago de salarios y la provisión de insumos básicos.

Frente a este panorama, Lavenia reclamó una respuesta urgente del Estado y convocó a abrir un debate profundo sobre las políticas públicas en salud mental, en un contexto que, según advirtió, requiere decisiones inmediatas para evitar el colapso del sistema.