El abogado Francisco Giménez, representante legal de varias de estas firmas, expuso la situación en diálogo con Radio Provincia, en el programa Buscando el Equilibrio, donde dejó en claro que no hubo avances significativos en las últimas semanas. “La situación es la misma que la última vez que hablamos. No han tenido las empresas, al menos las que yo conozco, algún tipo de comunicación”, afirmó.

Según explicó, se trata de una deuda que se arrastra desde la época de Apache -luego transferida a YPF- y que hoy alcanzaría los 70 millones de dólares. “Estamos hablando de 12, 15 o 20 años de acumulación”, detalló, al tiempo que remarcó que el problema no es nuevo, pero sí cada vez más urgente.

Giménez subrayó que los montos reclamados no son arbitrarios, sino que surgen de los propios contratos firmados con las operadoras. “Son cálculos matemáticos. Es aplicar coeficientes sobre determinados ítems de los servicios que prestan las empresas”, explicó. En ese sentido, señaló que muchos de esos acuerdos incluían mecanismos de actualización que no fueron correctamente aplicados, lo que generó una distorsión creciente a lo largo del tiempo.

A este escenario se suma el impacto de los cambios macroeconómicos del país. “Los contratos fueron pensados para otra Argentina. Empezaron con un dólar a uno y terminaron con un dólar a 1.400. Eso ha distorsionado todos los precios relativos”, sostuvo.

La preocupación del sector se profundiza ante la falta de definiciones claras sobre quién asumirá finalmente estos pasivos. Con la salida de YPF y el ingreso de la nueva operadora, las expectativas están puestas en la posibilidad de abrir una instancia de diálogo que permita encaminar una solución. “No descarto una buena fe por parte de la nueva empresa de comunicarse y tratar de resolver esto antes del inicio formal de actividades”, indicó el letrado.

No obstante, advirtió que la magnitud de la deuda —que incluye tanto pasivos comerciales como laborales— requiere una respuesta concreta para evitar consecuencias mayores. “Es un número muy importante y debe ser solucionado para que las empresas puedan continuar trabajando normalmente”, enfatizó.

El impacto de esta situación excede al sector petrolero y se extiende a toda la economía fueguina. Se trata, en su mayoría, de pymes locales que sostienen empleo y actividad en la región. “Son empresas fueguinas, con mano de obra fueguina y proveedores fueguinos”, remarcó Giménez, quien alertó que entre empleos directos e indirectos se ven involucrados más de 400 trabajadores.

En este contexto, el rol del Estado provincial aparece como determinante. Las miradas están puestas en Terra Ignis como actor central para encauzar el conflicto y garantizar la continuidad de la actividad sin poner en riesgo el tejido productivo.

Finalmente, Giménez destacó que existen canales de diálogo abiertos tanto con el sindicato de Petroleros Privados como con autoridades provinciales, aunque insistió en la necesidad de avanzar en definiciones concretas. “Hay conciencia sobre la gravedad del problema y voluntad de abordarlo, pero estas conversaciones tienen que traducirse en soluciones”, sostuvo.

Mientras tanto, la incertidumbre persiste y el sector espera respuestas. “Somos optimistas por el bien de todos”, concluyó, aunque el tiempo corre y la deuda sigue sin resolverse.