La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni comenzó a mostrar nuevos datos que incrementan la presión sobre el funcionario y su entorno familiar. El eje de las sospechas ya no pasa solamente por declaraciones patrimoniales o incompatibilidades, sino por algo mucho más concreto: el nivel de gastos, consumos y movimientos económicos que aparecen muy por encima de los ingresos oficialmente declarados.
Los datos que ahora analiza la Justicia revelan que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, gastaron más de 85 millones de pesos con tarjetas de crédito sólo durante 2025. El promedio mensual supera los 7 millones de pesos, mientras que el salario bruto que el funcionario percibía en ese período rondaba los 3,5 millones mensuales dentro de la administración pública.
La diferencia entre ingresos formales y nivel de gastos es precisamente uno de los puntos centrales de la investigación.
Según los registros financieros incorporados a la causa, desde que Adorni desembarcó en la Casa Rosada como vocero presidencial, el matrimonio acumuló consumos por más de 176 millones de pesos mediante tarjetas de crédito. Todos los pagos fueron realizados en tiempo y forma mediante débitos automáticos desde cuentas del Banco Galicia, sin atrasos ni irregularidades bancarias visibles.
Pero justamente allí aparece el interrogante que hoy intenta responder la Justicia: ¿de dónde provenían los fondos líquidos para sostener semejante nivel de erogaciones?
Los investigadores observan un marcado salto patrimonial y un fuerte cambio en el estilo de vida familiar desde la llegada del funcionario al Gobierno nacional.
La causa ya no se limita a consumos cotidianos. El expediente incorpora además gastos considerados de alto impacto económico: pagos en efectivo por refacciones de una vivienda en un country, operaciones inmobiliarias, viajes internacionales y compromisos privados en dólares.
La estimación judicial sostiene que el universo total de erogaciones realizadas por el matrimonio desde diciembre de 2023 supera los 400 mil dólares.
Entre los datos que más llaman la atención aparecen 245 mil dólares pagados en efectivo a un contratista para remodelaciones en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, además de aproximadamente 185 mil dólares vinculados a operaciones inmobiliarias y más de 34 mil dólares destinados a viajes.
A eso se suman gastos mensuales fijos que también quedaron bajo análisis: cerca de 700 mil pesos en expensas del barrio privado y alrededor de 800 mil pesos mensuales en cuotas escolares para sus hijos, pagos que además se realizaban por fuera del sistema de tarjetas.
Otro dato que comenzó a generar atención en el expediente es el crecimiento de los consumos vinculados a Angeletti.
Mientras los gastos indexados de Adorni mostraron una caída real entre 2023 y 2025, los consumos asociados a su esposa crecieron un 21% y pasaron a concentrar buena parte del movimiento económico familiar.
El pico se registró en septiembre de 2025, cuando los consumos de Angeletti alcanzaron los 7,8 millones de pesos en un solo mes.
En paralelo, la mujer modificó su situación fiscal ante ARCA: abandonó el régimen de monotributo y pasó a inscribirse como autónoma en IVA y Ganancias.
Ese movimiento también es observado dentro de la investigación porque coincide con el crecimiento de gastos y operaciones detectadas en el período bajo análisis.
La causa además incorpora otro elemento delicado: compromisos económicos futuros por unos 335 mil dólares vinculados a hipotecas privadas y acuerdos inmobiliarios que no aparecen respaldados por créditos bancarios tradicionales.
Según trascendió, los investigadores buscan determinar si existieron ingresos no declarados, terceros aportantes o mecanismos de financiamiento que expliquen cómo el matrimonio pudo sostener ese volumen de gastos sin una correspondencia visible con los ingresos registrados oficialmente.
Aunque Adorni pasó recientemente a ocupar un cargo de mayor rango dentro del Gobierno y elevó sus ingresos a más de 7 millones de pesos mensuales, gran parte de las operaciones bajo análisis corresponden a períodos donde su salario estatal estaba muy por debajo del nivel de consumo detectado.
La causa avanza ahora sobre el cruce de información bancaria, fiscal y patrimonial luego del levantamiento del secreto fiscal y financiero.
En tribunales reconocen que todavía resta reconstruir con precisión el flujo de ingresos, movimientos bancarios y origen de fondos utilizados para sostener el patrimonio observado.
Sin embargo, los datos que comenzaron a aparecer en el expediente ya exponen un escenario incómodo para uno de los funcionarios más visibles del gobierno libertario.
Porque más allá de las explicaciones que pueda presentar la defensa, la pregunta que empieza a instalarse con fuerza es simple y políticamente explosiva: cómo una familia con ingresos estatales declarados pudo sostener durante meses un nivel de gastos, operaciones y consumos que parece exceder ampliamente sus recursos formales conocidos.