La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, acaba de ingresar en una etapa decisiva. El teléfono celular del empresario Matías Tabar, señalado como el contratista responsable de las obras realizadas en la vivienda que el funcionario posee en el country Indio Cuá, ya se encuentra bajo análisis de la Justicia federal.

El dispositivo, un iPhone 15, fue entregado al Centro de Investigaciones Judiciales (CIJ), donde los especialistas completaron con éxito la extracción de toda la información almacenada. El procedimiento fue supervisado por un perito designado por la defensa de Adorni, en un intento por garantizar la transparencia del proceso.

Ahora comienza la etapa más sensible: el análisis del contenido.

Los investigadores buscarán determinar qué tipo de relación existió entre Tabar y el jefe de Gabinete, revisando llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, conversaciones privadas, documentación comercial y cualquier otro intercambio que permita reconstruir cómo se financiaron y ejecutaron las refacciones realizadas en la propiedad del funcionario.

Las obras se encuentran en el centro de la polémica debido a que habrían demandado una inversión cercana a los 245 mil dólares, una cifra que despertó interrogantes sobre la capacidad patrimonial declarada por Adorni y sobre la trazabilidad de los fondos utilizados.

La fiscalía apunta a las inconsistencias patrimoniales

Mientras se desarrolla el peritaje tecnológico, la fiscalía federal a cargo de Gerardo Pollicita prepara un nuevo requerimiento dirigido al jefe de Gabinete para que explique diversas inconsistencias detectadas en su situación patrimonial.

La investigación busca establecer si existe correspondencia entre los ingresos declarados por el funcionario y los gastos realizados durante los últimos años, particularmente aquellos vinculados a la adquisición y remodelación de bienes.

Fuentes judiciales sostienen que los avances sobre el teléfono de Tabar podrían aportar elementos clave para reconstruir operaciones económicas, presupuestos, pagos y eventuales acuerdos relacionados con las obras investigadas.

Una declaración jurada bajo la lupa

En paralelo, el Gobierno nacional confirmó que Adorni presentará su declaración jurada patrimonial durante los próximos días.

Según trascendió, la fecha límite fijada por la Casa Rosada es el 15 de junio, documentación que posteriormente será remitida a la Oficina Anticorrupción para su evaluación formal.

La expectativa judicial está puesta en verificar si los datos declarados por el funcionario coinciden con el nivel de gastos detectados por los investigadores y con la información que pueda surgir del análisis del teléfono del contratista.

Una causa que escala políticamente

Aunque por el momento no existen imputaciones formales contra el jefe de Gabinete, la causa comenzó a adquirir una dimensión política cada vez mayor.

El expediente ya no se limita únicamente a las obras realizadas en la propiedad de Indio Cuá. La Justicia busca determinar si existen inconsistencias patrimoniales que requieran explicaciones adicionales y si las erogaciones detectadas pueden justificarse con los ingresos declarados por el funcionario.

Por estas horas, todas las miradas están puestas en dos elementos que podrían resultar determinantes para el futuro de la investigación: el contenido del teléfono de Matías Tabar y la declaración jurada que Adorni deberá presentar ante los organismos de control.

Los próximos días podrían definir si la causa continúa como una investigación preliminar o si avanza hacia una instancia judicial de mayor gravedad para uno de los funcionarios más importantes del gobierno de Javier Milei.