El intendente Martín Perez informó a través de sus redes sociales que Río Grande ya forma parte de la causa federal contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, vinculada al proyecto hidrocarburífero León Marino en el Atlántico Sur.

La jueza federal Mariel Borruto admitió la intervención del Municipio de Río Grande como tercero interesado, lo que permitirá a la ciudad participar formalmente del proceso y acompañar el reclamo impulsado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) y la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas.

La presentación fue realizada por la Asesoría Letrada del Municipio con el objetivo de intervenir en una causa que aborda la explotación hidrocarburífera proyectada en el área de las Islas Malvinas y sus posibles implicancias sobre el ambiente, los recursos naturales y los espacios marítimos del Atlántico Sur.

La intervención municipal se fundamenta en las responsabilidades establecidas por la Carta Orgánica Municipal en materia de defensa del ambiente, los recursos naturales y los intereses de la ciudad, así como en la condición de Río Grande como ciudad ribereña de la costa atlántica.

La causa se inició como una acción preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva y plantea la necesidad de prevenir posibles impactos derivados de la actividad hidrocarburífera proyectada. En ese marco, el expediente contempla la aplicación de la normativa ambiental argentina y de las disposiciones vinculadas con la protección del ambiente y la gestión de residuos peligrosos.

Uno de los aspectos centrales del planteo municipal está relacionado con los posibles efectos de una eventual explotación hidrocarburífera sobre los ecosistemas y la biodiversidad, junto con la defensa de los recursos naturales y los derechos soberanos de la Argentina.

La incorporación del Municipio se suma a las acciones institucionales que Río Grande sostiene en defensa de los recursos de las Islas Malvinas y del Atlántico Sur, acompañando los reclamos vinculados con la soberanía argentina.

La decisión judicial constituye un nuevo paso en la participación institucional de Río Grande en los ámbitos donde se encuentran en discusión los intereses argentinos en el Atlántico Sur. A partir de su admisión, el Municipio podrá aportar su perspectiva en un proceso que reúne tres dimensiones centrales: soberanía, protección ambiental y defensa de los recursos naturales.

Río Grande reafirma así su compromiso con la defensa de Malvinas y sus recursos, con la preservación del ambiente y con el sostenimiento del Atlántico Sur como una zona de paz y respeto hacia quienes lo habitan, dando continuidad a las acciones institucionales en todos los ámbitos donde resulte necesario.