Por: Ramón Taborda Strusiat

Río Grande.- La discusión en la Legislatura sobre la superpoblación carcelaria ha tomado un nuevo giro ante el envío del pedido de declaración de la Emergencia de la Seguridad Pública por parte del Ejecutivo provincial. Dicho pedido incluye un presupuesto de 5 mil millones de pesos para mejoras, requerimientos y equipamiento en la Policía y en el Servicio Penitenciario, ante la grave situación de hacinamiento.

De este modo, ahora está en discusión la emergencia en seguridad pública, a la que calificaron como “urgente”.

El periodista José Piñeiro, integrante de la Multisectorial de Derechos Humanos y del Comité contra la Tortura, entendió que la situación penitenciaria es crítica, especialmente en Ushuaia, y se necesitan soluciones efectivas, no solo paliativas, para abordar el hacinamiento y las condiciones inadecuadas en las cárceles.

“La situación es realmente grave, preocupante, esto lo venimos diciendo desde el Comité de Prevención contra la Tortura, casi desde el inicio mismo del funcionamiento del comité, ya hace tres años o más de dos años que venimos funcionando y desde el primer momento esto se supo”, introdujo Piñeiro en una entrevista con ‘La mañana de la Tecno’ que se emite por Radio Universidad 93.5 MHz.

Recordó que “desde la Multisectorial de Derechos Humanos, particularmente lo conocemos desde hace mucho tiempo, siempre fueron precarias las condiciones en las que están las personas privadas de su libertad y ahora con esta sobrepoblación que se tiene desde hace un tiempo, la situación crítica de la Alcaidía de la ciudad de Ushuaia, que es un edificio que está en peligro de colapso, o por lo menos esto es lo que nos da la impresión a nosotros por las recorridas que realizamos, más allá de las condiciones de hacinamiento”.

Justamente ante esta situación, “en su momento se presentó una medida judicial teniendo en cuenta esta situación y pidiendo soluciones urgentes y que no se aloje a ninguna otra persona mientras esto no se resuelva en ese lugar. La situación es crítica, después esto es un reconocimiento por fin, porque se venía hablando, por lo menos algunos representantes ejecutivos lo decían, que estaba la intención de construir una cárcel y demás, pero sabíamos que no están los fondos, creo que en algún momento estuvieron disponibles, pero no ahora con este gobierno, sino tiempo atrás, y surgió toda una discusión, un debate en la comunidad de Ushuaia fundamentalmente sobre la oportunidad o la posibilidad de construir una nueva cárcel en la ciudad capital”.

Agregó que “la discusión era por el lugar y demás, esta polémica hizo que se frenara esa determinación y finalmente no se concretó. Lo cierto es que hoy no están esos fondos, pero se necesitan medidas, aunque sean paliativas, para ir descomprimiendo la situación de hacinamiento. Se está hablando de un par de anexos que se estarían construyendo, readecuando edificios que tiene el estado provincial, aquí en la ciudad de Río Grande, algo se está haciendo también en la ciudad de Ushuaia, esto serviría para descomprimir por lo menos parcialmente”.

Mujeres privadas de su libertad

Aquí el periodista dijo que “hay un dato, por ejemplo, solo hay espacios para alojar a mujeres en la ciudad de Ushuaia, esto hace que las mujeres que son condenadas aquí en la ciudad de Río Grande deban ser trasladadas a Ushuaia con lo que significa eso, en cuanto a la distancia familiar y demás, muchas de esas mujeres tienen hijos, familia, y hoy solo contamos con un espacio para mujeres en la ciudad de Ushuaia, es otro planteo que estamos haciendo, la necesidad de, por lo menos nosotros desde la Multisectorial, y esto fue charlado también en el Comité, es la necesidad de adecuar algún espacio para el alojamiento de mujeres aquí en la ciudad de Río Grande, porque parece que por ser mujeres, además de la condena, deberían sufrir agravante de la pena que es el alejamiento familiar”, observó.

José Piñeiro comentó que “hay mucho por hacer, no sé si la herramienta será la emergencia, la responsabilidad de resolver lo del Estado y de los poderes del Estado, que son los responsables de haber llegado a esta situación, y de no estar tomando medidas para resolverla”.

Añadió en este sentido que “ojalá se empiecen a resolver este debate en la Legislatura, en la Comisión 6, esta convocatoria del Ejecutivo, sirva para empezar a buscar alternativas”.