El comunicado en cuestión comienza señalando que “Desde la Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande llamamos a impulsar una campaña de solidaridad con Claudia Concha Ávila que se encuentra privada de su libertad en Ushuaia, para que se resuelva un cambio en su situación de alojamiento y por un pronto pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, respecto del caso. Mientras eso suceda, creemos que se debe otorgar la prisión domiciliaria, garantizándole un lugar en el cual pueda habitar, junto con los cuidados necesarios”.

Luego, se repasa que “Claudia Concha Ávila fue condenada en el año 2019 a prisión perpetua, acusada de la muerte de quien fuera su proxeneta; el hombre en una misma noche violó tres veces la restricción de acercamiento que tenía hacia Claudia, quien alertó a la policía de dicha situación sin conseguir la garantía de seguridad, dado que el hombre fue dejado en libertad en las tres oportunidades. La causa aún se encuentra en revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Más adelante, se advierte que “Durante el juicio, nunca se tuvo en cuenta que Claudia fue víctima de trata y testigo en el juicio por el caso “Candilejas””.

En otro tramo, el texto de la Multisectorial menciona que “La mujer, oriunda de la provincia de Buenos Aires, llegó a Tierra del Fuego enviada por su ex marido para trabajar “en un pub o una fábrica”, pero engañada terminó en el prostíbulo Red and White, luego fue vendida y comprada varias veces por proxenetas. Claudia contó a los medios que “había que drogarse para resistir””.

Indicando después que “Poco antes del hecho que la llevo a la cárcel, denunció amenazas, mencionó que fue secuestrada, pero aseguró que “la policía no hacía nada”. Su caso llegó hasta el Senado de la Nación y fue tomado por organizaciones como la Red Alto al Tráfico y la Trata, desde donde en reiteradas oportunidades reclamaron que se tuviera en cuenta su condición de víctima y, en este último tiempo, advirtieron sobre el notable deterioro en su estado de salud, por permanecer alojada en la alcaidía femenina de Ushuaia y por las diferentes patologías que la aquejan”.

También se señala que “Se trata de un caso público, ampliamente difundido, sin embargo, las autoridades judiciales y gubernamentales de la provincia no están tomando las medidas necesarias, para poner en resguardo a Claudia Ávila en su condición de víctima de trata y para resguardar su salud, situación que la pone en serio riesgo”.

Finalmente, se expresa: “Convocamos a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, sociales y de las mujeres, a sumarse al pronunciamiento y la exigencia de que Claudia sea reconocida definitivamente en su condición de víctima; para poder reparar al menos una mínima parte del daño que se le produjo, en la mayoría de las ocasiones con la complicidad o la desidia del propio Estado”.