“La ley permite al Poder Ejecutivo la afectación de 14 mil millones, y poner en marcha un sistema de contratación más ágil y flexible, que facilitará mejoras en infraestructura, adquisición de móviles y equipamiento para fortalecer tanto la prevención como la represión del delito”, explicó Villegas.

La norma tiene como objetivos prioritarios mejorar las condiciones laborales para el personal del servicio penitenciario, que en muchos casos trabaja en espacios reducidos. Garantizar derechos humanos básicos a las personas privadas de la libertad, actualmente alojadas en instalaciones con condiciones inadecuadas, especialmente en Ushuaia y fortalecer la seguridad pública, dotando de mejores herramientas a quienes trabajan en la prevención y represión del delito, en beneficio de toda la sociedad.

Además, se prevé la construcción de una nueva unidad carcelaria en Ushuaia o la ampliación de la existente en Río Grande, utilizando mecanismos de contratación previstos en las leyes provinciales 1.161 y 1.555, que permiten el financiamiento público-privado y de iniciativa privada.

“La aprobación es una respuesta concreta a una necesidad urgente, y seguimos comprometidos en construir un sistema de seguridad más sólido y efectivo para Tierra del Fuego”, concluyó Villegas.