Durante décadas, hablar de la mesa argentina fue casi sinónimo de hablar de carne vacuna. El asado, la milanesa, el churrasco o el bife ocuparon un lugar central no sólo en la alimentación, sino también en una parte importante de la identidad cultural del país.

Pero el bolsillo está modificando esa postal.

Por primera vez en la serie analizada, el consumo de pollo superó al de carne vacuna en Argentina. Entre agosto de 2025 y julio de 2026, el consumo aviar alcanzó los 47 kilos por habitante, mientras que el bovino quedó en 46,7 kilos. El cerdo, mientras tanto, avanzó hasta 20,1 kilos por persona.

La diferencia entre pollo y carne vacuna es apenas de 300 gramos por habitante, pero detrás de ese margen reducido aparece un cambio mucho más profundo: las familias están reorganizando qué carne llevan a la mesa en función, principalmente, de los precios relativos y de la disponibilidad de cada producto.

Un kilo de carne vacuna cuesta lo mismo que 3,6 kilos de pollo

El dato que mejor ayuda a explicar el fenómeno está en la diferencia de precios.

Según el informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), durante los últimos doce meses el precio de un kilo de carne vacuna equivalió al de 3,6 kilos de pollo entero o 1,9 kilos de pechito de cerdo. 

Para una familia que debe administrar cada vez con mayor precisión el presupuesto destinado a alimentos, esa diferencia termina pesando en el mostrador.

En agosto de 2026, una canasta compuesta por 18 cortes vacunos tuvo un precio promedio de $17.871 por kilo. Aunque ese valor había retrocedido respecto del pico alcanzado en marzo, todavía estaba 13,3% por encima de agosto de 2025 en términos reales —es decir, descontando la inflación— y 30,3% por encima del promedio registrado para agosto durante las últimas dos décadas.

De hecho, según IERAL, agosto de 2026 fue el agosto con la carne vacuna más cara, en términos reales, de los 21 años comprendidos entre 2006 y 2026.

Menos carne vacuna disponible para el mercado interno

El precio no es el único elemento detrás del cambio.

También se redujo la cantidad de carne vacuna disponible dentro del país.

IERAL calculó que entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 la oferta interna de carne bovina fue equivalente a 46,2 kilos por habitante, el nivel más bajo de toda la serie que analiza el instituto desde 1990.

La tendencia también aparece en los registros de la industria frigorífica. CICCRA informó que durante agosto el consumo aparente se ubicó alrededor de los 46 kilos por habitante, con una caída interanual cercana al 9,5%, mientras las exportaciones aumentaron durante los primeros ocho meses del año.

Menor oferta doméstica, precios elevados y alternativas considerablemente más económicas terminaron modificando una costumbre profundamente arraigada.

No desapareció la carne: cambió la composición del plato

Hay, sin embargo, una aclaración importante.

Los argentinos no dejaron de consumir carne en general.

Entre agosto de 2025 y julio de 2026, el consumo conjunto de carne vacuna, pollo y cerdo llegó a 113,8 kilos por habitante. El número fue apenas un 2% inferior al de los doce meses anteriores y se mantuvo en niveles similares a los promedios de los últimos cinco y diez años.

Lo que cambió fue qué carne se consume.

El pollo ganó terreno hasta alcanzar los 47 kilos, la carne vacuna retrocedió a 46,7 y el cerdo continuó creciendo hasta llegar a un récord de 20,1 kilos.

El propio IERAL describe el fenómeno como una sustitución entre carnes producto del reacomodamiento de los precios relativos.

Y esa precisión resulta central: no puede atribuirse todo el cambio exclusivamente a una caída del poder adquisitivo. También intervienen la menor oferta bovina, la dinámica exportadora, mejoras productivas de la industria avícola y cambios de hábitos que vienen desarrollándose desde hace años. Pero la enorme diferencia de precios terminó acelerando esa transformación. 

Del país de la carne al país donde manda el pollo

La tendencia venía construyéndose desde hacía tiempo. En 2024, la carne vacuna todavía representaba el 43,7% de la canasta de carnes y la aviar el 41%. Dos décadas antes, en 2004, cada argentino consumía apenas 21,6 kilos de carne aviar por año; para 2024 esa cifra ya se había más que duplicado.

En 2025 la carne vacuna todavía conservaba la ventaja: datos oficiales habían registrado 49,92 kilos de bovina contra 47,68 kilos de aviar.

En 2026 finalmente se produjo el cruce.

La Argentina conserva uno de los consumos totales de carne más altos del mundo y difícilmente pierda de un día para otro su histórica cultura del asado. Pero el dato marca una transformación difícil de ignorar.

Por primera vez, el pollo desplazó a la carne vacuna del primer lugar de la mesa argentina. Y detrás de esa modificación hay una explicación que millones de familias conocen antes de mirar cualquier estadística: cuando llega el momento de comprar, cada vez pesa más cuánto alcanza con el dinero disponible.

El Gobierno de Gustavo Melella consiguió este jueves mantener una herramienta decisiva para avanzar con su proyecto de Financiamiento Integral del Sistema Educativo: la Legislatura rechazó el intento de quitarle el trámite de urgencia y dejó corriendo el plazo constitucional que puede terminar convirtiendo la iniciativa en ley incluso sin una votación afirmativa sobre el proyecto aunque el mismo no llegue a una futura sesión.

El resultado fue ajustado: 8 legisladores votaron por mantener la urgencia y 7 intentaron dejarla sin efecto.

Entre quienes permitieron al Ejecutivo conservar esa ventaja estuvieron los representantes del PJ vinculados políticamente al espacio de Walter Vuoto: Juan Carlos Pino, María Victoria Vuoto y Tomás García. Junto a ellos votaron Federico Greve, Myriam Martínez, Federico Sciurano, Raúl Von der Thusen y Gisela Dos Santos.

Del otro lado, votaron para retirar el trámite de urgencia Luciano Selzer, Natalia Gracianía, Jorge Lechman, Pablo Villegas, Damián Löffler, María Laura Colazo y Juan Matías Lapadula.

Qué consiguió concretamente el Gobierno

La votación de este jueves no significó la aprobación del proyecto de Financiamiento Educativo. Lo que hizo fue impedir que se eliminara el mecanismo especial solicitado por Melella.

La diferencia es importante.

El Ejecutivo remitió el Asunto 519/26 invocando el artículo 111 de la Constitución provincial, que establece un tratamiento especial para los proyectos enviados con urgencia. Si dentro del plazo correspondiente la Legislatura no los rechaza expresamente, se tienen por aprobados. La Cámara tenía la posibilidad de retirar esa urgencia y devolver la iniciativa al procedimiento ordinario, pero los ocho votos de este jueves impidieron hacerlo y darle oxigeno a Gustavo Melella y Horacio Catena.

De esta manera, el reloj continúa corriendo a favor de la estrategia elegida por el Gobierno provincial junto a SUTEF.

Un fondo que incorpora nuevas cargas tributarias para la poblacion

El punto más controvertido no está en la necesidad de financiar la educación, sino en de dónde pretende obtener el Gobierno los recursos.

El artículo 6 del proyecto establece, entre otras fuentes, una alícuota adicional del 3% de Ingresos Brutos sobre actividades gravadas del Banco de Tierra del Fuego y una alícuota específica sobre la distribución de gas natural, una actividad que actualmente se encuentra alcanzada por una tasa del 0% y que el proyecto pretende gravar.

También contempla destinar al nuevo fondo el 0,5% del total recaudado por la Provincia en concepto de Ingresos Brutos, recursos que quedarían exceptuados de la distribución general a los municipios. Además, prevé incorporar porcentajes provenientes de eventuales modificaciones tributarias sobre actividades económicas estratégicas y del Impuesto Inmobiliario.

Por eso, la discusión no pasa únicamente por financiar Educación, sino también por si corresponde hacerlo mediante nuevas cargas tributarias y recursos que dejarían de ingresar al esquema general de coparticipación municipal.

Al menos la mitad irá a salarios docentes

El proyecto forma parte de los compromisos asumidos por el Gobierno provincial en el acuerdo alcanzado con el sector docente después del prolongado conflicto que atravesó buena parte de 2026.

La iniciativa establece que no menos del 50% de los recursos del nuevo Fondo deberá destinarse al fortalecimiento del salario docente.

Otro 25%, como mínimo, deberá utilizarse para mantenimiento, servicios y mejora de la infraestructura escolar; mientras que al menos un 15% estará destinado a equipamiento tecnológico y herramientas didácticas.

Es decir, el proyecto enviado por Melella busca crear nuevos recursos para sostener el sistema educativo y cumplir parte del acuerdo salarial, pero para hacerlo incorpora mecanismos tributarios que tendrán impacto sobre distintos sectores de la economía provincial.

El contraste: urgencia después de 132 días sin sesionar

La utilización del trámite de urgencia tiene además un contraste difícil de soslayar con el funcionamiento que tuvo la propia Legislatura durante este año.

La sesión de este jueves fue recién la cuarta sesión ordinaria de 2026.

Desde la anterior, realizada el 22 de mayo, habían transcurrido 132 días sin sesiones ordinarias, más de cuatro meses. Durante ese período se acumularon 255 asuntos ingresados al Parlamento provincial.

Después de ese prolongado parate, uno de los primeros debates relevantes terminó justamente alrededor de un mecanismo diseñado para acelerar los tiempos legislativos.

El respaldo que necesitaba Melella

La votación dejó además una fotografía política concreta.

El oficialismo no estaba solo en condiciones de garantizar la continuidad del trámite de urgencia. Necesitó acompañamientos de otros espacios, y allí resultaron determinantes los votos de Pino, María Victoria Vuoto y García, junto con Von der Thusen, Dos Santos y Sciurano (estos últimos declararon estar en contra de forma del proyecto, pero votaron igual).

En el caso de Sciurano existe una particularidad: había anticipado que no comparte la creación de nuevos impuestos, aunque sí sostuvo que no se oponía al Fondo ni al tratamiento de urgencia. Su voto de este jueves fue consistente con esa diferenciación: acompañó mantener la urgencia, aunque había manifestado públicamente reparos sobre las fuentes tributarias previstas.

El resultado, en definitiva, fue 8 a 7.

No se aprobó todavía el nuevo Fondo ni los gravámenes contenidos en el proyecto. Pero el Gobierno de Gustavo Melella consiguió algo políticamente determinante: mantener vigente el mecanismo constitucional que obliga a la Legislatura a resolver el proyecto dentro del plazo establecido y que, si no existe un rechazo expreso, permite que la iniciativa quede aprobada.

Y para conseguirlo, los votos del PJ de Juan Carlos Pino y María Victoria Vuoto fueron parte de la mayoría que el Ejecutivo necesitaba.

El diputado nacional Jorge “Coqui” Araujo afirmó en FM del Pueblo que trabaja para llevar a la Cámara de Diputados el debate sobre la extranjerización de tierras rurales, luego de la decisión de la Corte Suprema que dejó sin efecto el fallo obtenido por el CECIM de La Plata contra la derogación de la Ley de Tierras.

Araujo explicó que la fecha que propone para una sesión especial es el 15 de octubre, aunque el avance de la iniciativa depende de los acuerdos que puedan alcanzar con otros sectores de la oposición.

El legislador señaló que su objetivo principal es rechazar el DNU 70/2023 en su totalidad. Dentro de ese decreto, el artículo 154 dispuso la derogación de la Ley 26.737, que establecía límites para la adquisición de tierras rurales por personas y empresas extranjeras.

“La idea de muchos, la mía también, es derogar todo el decreto”, sostuvo. Sin embargo, reconoció que todavía deben reunir los apoyos necesarios y explicó que están buscando consensos con otros bloques opositores.

Si no consiguen los votos para avanzar contra todo el DNU, Araujo planteó concentrar el reclamo en el artículo 154, referido específicamente a la derogación de la Ley de Tierras.

Durante la entrevista, también señaló que el posicionamiento de los gobernadores y de los diputados de sus provincias podría resultar decisivo. Manifestó su expectativa de que aquellos mandatarios que anteriormente se opusieron a avanzar con la eliminación de las restricciones mantengan esa postura.

Consultado sobre si ese respaldo permitiría alcanzar los votos necesarios, respondió: “Yo creería que sí”. Su planteo dejó el resultado sujeto a las negociaciones que continúan entre los distintos espacios políticos.

Araujo también cuestionó la decisión de la Corte Suprema de rechazar la acción del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata por falta de legitimación. El fallo no resolvió la constitucionalidad de la derogación, pero hizo caer la protección judicial obtenida en ese expediente.

Para el diputado, resulta especialmente grave que se haya desestimado la presentación de una organización de veteranos de guerra en una discusión vinculada con la soberanía y el territorio. “Es una decisión muy triste”, expresó.

El legislador vinculó el debate con una reunión de comisiones en la que se abordaban asuntos relacionados con Malvinas. Cuestionó que, mientras se discute la defensa de la soberanía sobre las islas, se permita avanzar con la eliminación de los límites a la propiedad extranjera de tierras rurales.

Araujo acusó al Gobierno nacional de sostener una doble vara en materia de soberanía y remarcó que la respuesta debe construirse desde el Congreso, mediante los acuerdos necesarios para impulsar el tratamiento.

“Nosotros vamos a luchar para tratar de que esto no se concrete”, afirmó sobre la extranjerización de tierras y recursos naturales que atribuye a la medida.

El titular de SIPROSA en Ushuaia, Daniel Romero, expresó su preocupación por las condiciones de la salud pública fueguina y sostuvo que los reclamos de los trabajadores siguen sin encontrar respuestas. “Se siente un abandono de la salud pública”, afirmó, al describir dificultades que abarcan los salarios, la disponibilidad de profesionales, los insumos y la infraestructura hospitalaria.

El dirigente señaló que esa percepción es compartida por profesionales que eligieron radicarse en Tierra del Fuego y que continúan defendiendo el sistema público. “Necesitamos respuestas y esas respuestas no aparecen”, manifestó.

Uno de los puntos que mencionó fue la falta de materiales necesarios para la atención. Según indicó, hay colegas preocupados porque no cuentan con determinados insumos para cirugías o para la internación de pacientes, una situación que, aseguró, aparece con mayor frecuencia.

Romero explicó que estas dificultades pueden obligar a postergar intervenciones que ya estaban programadas y complicar el recorrido de quienes esperan atención. “La verdad que es muy triste”, expresó sobre las consecuencias que tienen esas demoras para los pacientes.

En materia de infraestructura, sostuvo que la obra del Hospital Regional Ushuaia está “prácticamente parada”. Si bien mencionó el contexto de paralización de la obra pública nacional, remarcó que las necesidades sanitarias requieren respuestas. “La cuestión es que la salud sigue esperando”, señaló.

El referente de SIPROSA también cuestionó el resultado de la última negociación salarial. Aseguró que generó un fuerte descontento tanto entre profesionales como entre otros trabajadores del sector, por la rapidez con la que se resolvió y por el porcentaje aceptado.

“En una de las propuestas se ofrecía 3,5% al básico y los sindicatos que están presentes en paritaria terminaron aceptando un 3%”, indicó. Para Romero, el acuerdo fue insuficiente y terminó por debajo de otra alternativa que había estado sobre la mesa.

Frente a ese escenario, explicó que SIPROSA realiza presentaciones para obtener participación en la discusión salarial y representar directamente a los profesionales de la salud pública. Además, señaló que buscan concretar una reunión con las autoridades de Economía y Salud para retomar planteos pendientes. Al momento de la entrevista, ese encuentro no estaba confirmado.

La permanencia de los especialistas fue otro de los ejes del reclamo. Romero defendió la dedicación exclusiva y sostuvo que debe estar acompañada por condiciones económicas y habitacionales que permitan sostener a los equipos.

Como ejemplo, advirtió que el adicional por alquiler lleva más de dos años sin actualizarse y que, en algunos casos, el costo de la vivienda alcanza el 50% del salario. También señaló que otras provincias ofrecen facilidades habitacionales para atraer profesionales.

Para dimensionar la falta de especialistas, afirmó: “Tenemos una sola oftalmóloga en toda la provincia en salud pública”. Explicó que una dotación tan limitada dificulta la cobertura de la demanda y obliga a buscar alternativas cuando la profesional debe tomar licencia.

Romero también vinculó la falta de respuestas con las prioridades de la dirigencia política. Consideró que ya se advierten movimientos de campaña y acomodamientos entre funcionarios, mientras los problemas sanitarios quedan pendientes. “Estas cosas quedan postergadas”, sostuvo.

En paralelo, SIPROSA impulsa una encuesta anónima sobre salud pública y dedicación exclusiva, cuyos resultados prevé presentar en un congreso internacional de salud pública en Buenos Aires. La propuesta busca conocer la mirada de la ciudadanía y promover la discusión sobre el rol del Estado en la atención sanitaria.

“Es un derecho que tenemos todos los ciudadanos de Tierra del Fuego, el acceso a la salud, y eso no hay que olvidarse”, remarcó Romero.

El ingeniero Mario Ferreyra expresó públicamente su respaldo a una eventual candidatura de Martín Perez a gobernador de Tierra del Fuego, y convocó a trabajar territorialmente para proyectar la figura del actual intendente de Río Grande en toda la provincia.

Las declaraciones se produjeron durante un encuentro realizado en el local de Provincia Grande para conmemorar el cumpleaños de Esteban “Chiquito” Martínez, del que participaron compañeros y referentes históricos del peronismo fueguino.

La definición adquiere relevancia por la trayectoria de Ferreyra. Durante décadas estuvo vinculado a la conducción de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la UTN y desarrolló paralelamente una extensa actividad pública: fue concejal de Río Grande, convencional constituyente provincial, diputado nacional y funcionario municipal durante la intendencia de Martínez. Radio Universidad En agosto pasado, además, fue distinguido como Profesor Emérito de la UTN. (( La 97 Radio Fueguina ))

Fue en ese escenario donde Ferreyra dejó una definición política directa sobre el futuro de Perez.

“Martín tiene todos los requisitos para ser gobernador y todas las condiciones como ser humano, como persona y también como hombre preparado en la universidad y en la política, por su sensibilidad, su carisma y su cariño por la gente”, afirmó.

Un llamado a construir en toda la provincia

Ferreyra no limitó su intervención a expresar una valoración personal sobre Perez. También habló de la construcción política que, a su entender, debería acompañar una eventual candidatura provincial.

“Tenemos que salir nosotros a trabajar por todos los sectores de la ciudad y también en Ushuaia, para que la figura de Martín Perez sea reconocida como un representante genuino del peronismo para conducir los destinos de la provincia”, expresó.

La mención específica a Ushuaia marca uno de los puntos políticos centrales de su intervención: la necesidad de trascender la construcción territorial de Río Grande y avanzar en una presencia provincial.

Ferreyra insistió, además, en que ese trabajo no debería quedar exclusivamente en manos del propio Perez.

“No tiene que salir el candidato a hacer militancia para sí mismo. Si aceptamos esta propuesta, tenemos que salir todos a trabajar”, sostuvo.

Un respaldo con historia dentro del peronismo fueguino

El escenario elegido para estas declaraciones tampoco fue indiferente. El encuentro estuvo atravesado por la figura de Esteban “Chiquito” Martínez, uno de los dirigentes históricos del peronismo de Río Grande y con quien Ferreyra compartió años de actividad política y gestión municipal.

En ese contexto de reunión de distintas generaciones del justicialismo local, Ferreyra ubicó a Perez dentro de una discusión que comienza a mirar hacia el futuro político de Tierra del Fuego.

Sus palabras constituyen así un respaldo explícito a una eventual candidatura del intendente riograndense, pero también un llamado hacia quienes comparten ese proyecto: ampliar la construcción territorial, sumar presencia en Ushuaia y hacer que la discusión trascienda los límites de Río Grande.

La definición de Ferreyra fue concreta. Para el histórico dirigente, si existe la decisión de impulsar a Martín Perez hacia la Gobernación, la tarea de construir esa alternativa deberá ser colectiva y desarrollarse en toda Tierra del Fuego.

Mirgor y la UOM Río Grande tendrán un nuevo margen para intentar resolver el conflicto que dejó 83 trabajadores sin poder ingresar a las plantas. El entendimiento alcanzado el miércoles 30 de septiembre por la tarde modificó la situación de los operarios: las desvinculaciones anunciadas horas antes fueron reemplazadas por suspensiones.

Mientras se mantengan las suspensiones, los trabajadores no podrán ingresar a las plantas. Por cada día alcanzado por la medida, cobrarán el 75% de su sueldo diario neto.

En la mesa siguen las diferencias por el premio anual, la productividad y la organización de la representación gremial, puntos del entendimiento que había quedado sin firma. Las conversaciones deberán resolver también la continuidad de los puestos alcanzados por la medida.

RÍO GRANDE.- Este jueves se conoció que las oficinas del Registro Civil de la provincia en Río Grande permanecen desde hace varios días sin servicio de internet, una situación que estaría afectando el normal desarrollo de los trámites y tareas administrativas.

Según señalaron empleados de la dependencia, la interrupción de la conexión se mantiene desde hace varios días y hasta el momento no se habría difundido una explicación oficial por parte del Gobierno de la provincia.

La falta de conectividad habría obligado a suspender distintas tareas que requieren acceso a los sistemas informáticos, mientras que parte del personal estaría desarrollando actividades bajo la modalidad de trabajo remoto desde sus domicilios.

La situación también se extendería, según información extraoficial, a oficinas dependientes de Obras Públicas del Gobierno provincial. En ese caso, la interrupción del servicio se habría iniciado a comienzos de esta semana.

De acuerdo con los datos conocidos hasta el momento, una de las hipótesis que circula entre trabajadores y empleados de las dependencias afectadas vincula los cortes con presuntos abonos mensuales del servicio de internet que se encontrarían pendientes de pago.

Sin embargo, esta versión no fue confirmada oficialmente por el Gobierno provincial ni por la empresa prestadora del servicio, por lo que no puede establecerse hasta el momento que una eventual deuda sea efectivamente la causa de las interrupciones.

La situación genera preocupación debido a que la conectividad constituye una herramienta necesaria para el funcionamiento de distintas áreas de la administración pública y para la realización de trámites que requieren sistemas en línea.

Además, la información permanece en desarrollo, ya que no se descarta que otras dependencias provinciales puedan estar atravesando inconvenientes similares.

Hasta el momento, el Gobierno de Tierra del Fuego no emitió un comunicado oficial respecto de la situación del Registro Civil ni de las dependencias de Obras Públicas mencionadas.

Hay números que por sí solos permiten dimensionar una acción. 14.269,45 kilos de materiales reciclables fueron recolectados por estudiantes secundarios de Río Grande durante la edición 2026 de “Reciclá y Ganá”.

Son más de 14 toneladas de residuos que pudieron ser recuperados gracias al trabajo y la participación de jóvenes pertenecientes a 16 instituciones educativas de la ciudad.

El concurso, impulsado por el Municipio de Río Grande a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana y la Subsecretaría de Ambiente, finalizó sus jornadas de pesaje y dejó como resultado una importante respuesta de la comunidad educativa.

Pero detrás del número hay algo todavía más significativo: adolescentes que se organizaron, recolectaron, clasificaron y aprendieron que aquello que habitualmente termina convertido en residuo puede volver a ingresar a un circuito de aprovechamiento.

Más de 13 toneladas solamente de botellas

La mayor cantidad correspondió a las botellas PET N°1 recolectadas durante la denominada Jornada Circular.

Allí, los estudiantes consiguieron reunir 13.234 kilos de botellas plásticas.

A esa cifra se sumaron 959 kilos de latas de aluminio, obtenidos durante la Jornada Eco-Solidaria, y otros 76,45 kilos de tapas plásticas correspondientes a la Jornada Eco-Tapitas.

El resultado final fue de 14.269,45 kilos recuperados a lo largo de las diferentes etapas.

La magnitud puede expresarse de una manera mucho más sencilla: los jóvenes riograndenses reunieron más de 14 toneladas de materiales que ahora podrán tener un nuevo destino.

16 colegios detrás del desafío

La convocatoria consiguió involucrar a estudiantes de 16 instituciones secundarias de Río Grande: Instituto María Auxiliadora, Haspen, Favaloro, Guevara, Padre Zink, CIERG, Misión Salesiana, Polivalente de Arte, Cono Sur, Maradona, EPEIM, JIF, Don Bosco, C. L. Piedrabuena, EMEI y CPET.

Cada institución sumó puntos a través de las distintas actividades y pesajes, en una competencia que tendrá próximamente su instancia final de premiación.

Los colegios que alcancen los mayores puntajes recibirán premios económicos como reconocimiento al desempeño conseguido durante las diferentes jornadas.

Sin embargo, el resultado de esta edición ya trasciende la competencia entre escuelas. Miles de kilos recuperados representan también hábitos que empiezan a instalarse entre jóvenes que pueden trasladarlos a sus hogares, familias y ámbitos cotidianos.

Reciclar y ayudar

“Reciclá y Ganá” incorporó además un componente solidario.

Los 76,45 kilos de tapas plásticas fueron recolectados en una actividad desarrollada junto a Mujeres Voluntarias de la Fundación Garrahan, mientras que los 959 kilos de aluminio reunidos durante la Jornada Eco-Solidaria también serán destinados a colaborar con la Fundación.

De esta manera, una misma acción consiguió combinar cuidado ambiental, recuperación de materiales y solidaridad.

La propuesta no se limitó tampoco a juntar residuos. Los estudiantes participaron de jornadas educativas sobre economía circular y ambiente costero, buscando que el concurso no terminara únicamente en la balanza, sino que permitiera comprender por qué resulta importante reducir, separar y recuperar los residuos.

Una generación que puede cambiar hábitos

El resultado de “Reciclá y Ganá 2026” deja una imagen positiva para Río Grande.

Dieciséis colegios, cientos de jóvenes involucrados y más de 14 toneladas recuperadas muestran que las políticas ambientales pueden alcanzar resultados concretos cuando logran involucrar activamente a las nuevas generaciones.

Porque detrás de los 14.269,45 kilos hay mucho más que botellas, latas y tapas: hay estudiantes que dedicaron tiempo, organizaron campañas y transformaron el reciclaje en una tarea colectiva.

Y probablemente allí esté el mayor logro de esta edición: que el cuidado del ambiente deje de ser solamente un mensaje y se convierta, desde los más jóvenes, en una práctica concreta para toda la ciudad.

Río Grande cerró una destacada participación en la 30° Feria Internacional de Turismo (FIT), desarrollada del 26 al 29 de septiembre en La Rural de Buenos Aires, donde miles de visitantes, prestadores y operadores turísticos de distintos puntos del país y del exterior pudieron conocer la propuesta de la ciudad.

En esta edición, Río Grande decidió mostrar aquello que la distingue y forma parte de su identidad más profunda: su vínculo permanente con la Causa Malvinas y una tradición de memoria que encuentra cada 2 de abril su máxima expresión en la Vigilia.

La propuesta despertó un importante interés durante las jornadas abiertas al público. Numerosos visitantes se acercaron para conocer cómo nació la Vigilia, qué representa para los riograndenses y por qué, año tras año, la ciudad se reúne junto a sus Veteranos de Guerra para mantener viva la memoria y reafirmar el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.

De esta manera, la presencia en la FIT permitió llevar la identidad malvinera de Río Grande a uno de los principales escenarios turísticos de Latinoamérica, mostrando una experiencia que excede el calendario conmemorativo y que forma parte de la historia y de la identidad colectiva de la ciudad.

Veteranos y memoria, protagonistas de la presentación

Uno de los momentos destacados se vivió el domingo con la participación del Veterano de Guerra Bernardo Ferreyro, integrante del Centro de Veteranos de Malvinas en la Memoria, quien compartió con el público su experiencia y reflexiones sobre la historia y la memoria de Malvinas.

La propuesta tuvo continuidad el lunes con Juan Rattenbach, secretario ejecutivo del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, en un nuevo espacio de reflexión y difusión de la Causa Malvinas.

La respuesta obtenida durante la feria permitió además avanzar en uno de los objetivos planteados por el Municipio: invitar a operadores, instituciones y visitantes a incorporar la Vigilia dentro de los circuitos y propuestas vinculadas con Río Grande, ampliando su difusión en todo el país.

Ese trabajo adquiere especial importancia de cara a 2027, cuando se cumplirán 45 años de la Gesta de Malvinas, una oportunidad para profundizar la proyección nacional de la Vigilia y convocar a argentinos de distintos puntos del país a vivir junto a los riograndenses esta experiencia de memoria colectiva.

Una ciudad que también mostró sus sabores y propuestas

La identidad de Río Grande también llegó a la FIT a través de sus productores. Emprendedores del Mercado del Atlántico acompañaron la presentación con productos locales de Cerveza Klatue, Gin Gandhi y Zorro Viejo, además de chocolates de Chinoa, acercando al público una muestra de la producción y gastronomía riograndense.

La ciudad presentó además su propuesta destinada al turismo en motorhome, luego de su incorporación a la guía de la Ruta Nacional N°3 del Automóvil Club Argentino. El Municipio participó de la presentación de esta herramienta y entregó una declaración de interés, destacando la importancia de incorporar a Río Grande dentro de uno de los principales corredores turísticos patagónicos.

La FIT permitió asimismo generar nuevos vínculos regionales. El Municipio firmó un convenio de colaboración con Puerto Santa Cruz para vincular la Fiesta Provincial del Róbalo de Río Grande con la Fiesta Nacional del Róbalo de esa localidad.

La edición riograndense se desarrollará los próximos 28 y 29 de noviembre y, como parte del acuerdo, los ganadores de la competencia local podrán participar posteriormente de la Fiesta Nacional del Róbalo en Santa Cruz con los gastos cubiertos.

Río Grande mostró aquello que la hace única

La presencia en la FIT permitió promocionar atractivos naturales, gastronomía, producción local y nuevas alternativas para quienes recorren la Patagonia. Pero, fundamentalmente, permitió mostrar aquello que diferencia a Río Grande de otros destinos: una comunidad atravesada por la memoria de Malvinas y que convirtió esa memoria en una tradición colectiva que se transmite de generación en generación.

La importante participación del público y el interés generado alrededor de la Vigilia ratificaron el potencial de seguir proyectando este acontecimiento en el ámbito nacional, no sólo desde su dimensión conmemorativa, sino también como una experiencia cultural e identitaria.

Río Grande llevó a la principal vidriera turística del país mucho más que sus paisajes y propuestas: llevó su identidad malvinera, su memoria y una tradición que mantiene viva durante todo el año.

El endeudamiento se convirtió en una parte cada vez más visible de la economía cotidiana de las familias argentinas. Más allá de la evolución de las variables macroeconómicas, distintos estudios publicados durante los últimos meses muestran hogares que recurren al crédito, las cuotas o préstamos personales para sostener sus gastos y, especialmente, crecientes dificultades para cumplir con esas obligaciones.

Una encuesta nacional de la consultora QSocial, difundida por Agencia Noticias Argentinas, determinó que el 82% de los hogares argentinos declara tener al menos una deuda vigente.

El relevamiento fue realizado de manera online sobre 1.504 casos durante septiembre de 2026. Sin embargo, el material difundido no especifica las fechas exactas del trabajo de campo, el diseño muestral ni el margen de error, una limitación metodológica que debe tenerse en cuenta al interpretar sus resultados.

El problema no es solamente deber: también cuesta pagar

Uno de los datos más significativos aparece cuando se consulta sobre la capacidad de afrontar esos compromisos.

Según QSocial, el 36% de los hogares registra atrasos en sus pagos o reconoce directamente obligaciones que no puede afrontar.

A ese grupo se suma otro 32% que asegura estar al día, pero pagando sus compromisos con mucho esfuerzo. Es decir, la encuesta muestra que una parte considerable de los hogares endeudados se encuentra atrasada o bajo una fuerte presión para evitar caer en mora.

Cuotas, familiares y billeteras: cómo se endeudan las familias

La composición de esas deudas también permite observar cómo se financia actualmente el consumo.

El 57% declaró tener compras realizadas en cuotas que todavía está pagando. Un 46% mantiene deudas por dinero prestado por familiares o amigos y otro 44% recurrió a aplicaciones, billeteras virtuales o financieras no bancarias.

Además, el 41% registra deudas por servicios o impuestos; el 38% tiene tarjetas refinanciadas o paga solamente el mínimo; el 34% mantiene préstamos personales bancarios y el 9% créditos hipotecarios o prendarios.

Estas categorías no son excluyentes: una misma familia puede mantener simultáneamente varias clases de deuda.

La mora muestra otra parte del problema

Los resultados de QSocial coinciden en señalar dificultades financieras con otros trabajos recientes, aunque no deben mezclarse como si midieran exactamente lo mismo.

Un análisis publicado por Fundación Encuentro sobre datos de la Encuesta Permanente de Hogares muestra, por ejemplo, que el 58,7% de los hogares urbanos recurrió a alguna forma de financiamiento durante el primer trimestre de 2026.

Ese porcentaje, sin embargo, no constituye un récord. El máximo de la serie 2016-2026 fue del 61,6% en el cuarto trimestre de 2019. La conclusión del estudio es relevante: el principal cambio reciente no estaría necesariamente en cuántas familias recurren al financiamiento, sino en las dificultades crecientes para devolver lo adeudado.

En esa dirección, otro análisis sobre morosidad consignó que la deuda familiar en mora pasó de representar 3,6% del crédito en diciembre de 2024 a 12,6% en diciembre de 2025 y 17,5% en junio de 2026. En 18 meses, ese indicador se multiplicó por casi cinco. Chequeado

El mismo relevamiento indicó que el monto promedio de deuda en mora por persona alcanzó $1,3 millones en junio, un incremento real del 58% respecto del año anterior. Chequeado

Endeudarse para cubrir lo cotidiano

Otro indicador ayuda a comprender qué existe detrás de parte de ese endeudamiento.

Un estudio difundido en septiembre encontró que el 55,6% de quienes se endeudaron lo hizo para afrontar alimentos y gastos de salud, mientras otro 20,4% destinó el crédito al pago de tarifas y servicios.

En conjunto, aproximadamente tres de cada cuatro personas endeudadas recurrieron al financiamiento para afrontar gastos básicos, mientras sólo el 10,7% lo destinó a la adquisición de bienes durables.

Ese dato cambia sustancialmente la lectura del fenómeno: para una parte de los hogares, el crédito no está financiando una inversión o un consumo extraordinario, sino gastos habituales de la vida cotidiana.

Una economía que muchas familias todavía no perciben como recuperación

La encuesta de QSocial también preguntó cómo observan los argentinos la situación económica.

El 34% considera que la economía está retrocediendo y otro 22% que permanece estancada. Un 27% reconoce crecimiento, pero entiende que sus beneficios llegan solamente a determinados sectores.

Sólo el 12% considera que la economía está creciendo y que esa mejora ya alcanza a la mayoría de la población.

os números permiten marcar una diferencia importante entre dos fenómenos. No hay evidencia en estos estudios de que 2026 haya producido un récord histórico en la cantidad de hogares que recurren al financiamiento; sí existen señales contundentes de un deterioro en la capacidad de pago.

Así, detrás del debate sobre recuperación, inflación o actividad económica aparece una realidad mucho más doméstica: millones de hogares siguen utilizando cuotas, tarjetas, préstamos, familiares y nuevas plataformas financieras para sostener sus consumos, mientras crece la proporción de quienes encuentran cada vez más difícil pagar lo que deben.

USHUAIA.- Este martes arribaron a la capital fueguina la lancha rápida ARA “Intrépida” y el patrullero oceánico ARA “Piedrabuena”, unidades de la División Patrullado Austral que retomarán tareas operativas en el extremo sur.

La “Intrépida”, al mando del Capitán de Corbeta Germán Daniel Iguarán, regresó a su apostadero luego de completar un período de mantenimiento programado en el Arsenal Naval Puerto Belgrano. Los trabajos incluyeron tareas de carenado y mejoras en los sistemas de propulsión y de comando y control.

La recepción se realizó en el muelle militar de la Base Naval Ushuaia y estuvo encabezada por el comandante del Área Naval Austral, contraalmirante Guillermo Alberto Prada, junto con autoridades de destinos navales de la zona, integrantes de la Banda de Música y familiares de la dotación de la unidad.

Ambas embarcaciones habían zarpado el 16 de septiembre desde la Base Naval Puerto Belgrano, con el patrullero oceánico como escolta de la lancha rápida. Durante el traslado realizaron una escala logística en Puerto Deseado antes de continuar hacia Tierra del Fuego.

El ARA “Piedrabuena”, bajo el mando del capitán de fragata Bruno Aldo David Rodas, permanecerá en Ushuaia como buque de estación y tendrá a su cargo tareas de guardia SAR, vinculadas con búsqueda y rescate.

Entre las funciones previstas para ambas unidades se encuentran el reabastecimiento de los Puestos de Vigilancia y Control del Tránsito Marítimo, operaciones de búsqueda y rescate y distintos adiestramientos navales específicos en aguas australes.

El intendente Martín Perez reclamó al Gobierno provincial certezas sobre la regularización de la deuda de coparticipación con Río Grande y apuntó contra quienes ponen en duda la situación de las cuentas municipales sin contemplar los recursos pendientes de transferencia.

Luego de presentar este miércoles el proyecto de Presupuesto Municipal 2027 ante el Concejo Deliberante, Perez sostuvo en FM La Isla que el Municipio mantiene sus servicios en un escenario de creciente demanda social, pérdida de empleo y dificultades financieras agravadas por los atrasos provinciales.

“Desde algunos sectores políticos se aprovechan de esta situación y buscan la manera de generar alguna confusión respecto a la situación de nuestras finanzas, cuando se olvidan de mencionar que se nos deben casi $17.000 millones de coparticipación”, expresó.

El jefe comunal señaló que la deuda se triplicó en los últimos dos años y aseguró que su crecimiento afecta la planificación municipal. Por ese motivo, pidió establecer un camino de regularización que permita contar con mayor previsibilidad.

“No pretendemos tampoco que la deuda se cancele de un día para el otro, porque eso es imposible”, aclaró. Sin embargo, insistió en que resulta necesario conocer cómo comenzará a corregirse el atraso y que los vecinos tengan información sobre las condiciones en las que se administran los recursos de la ciudad.

Perez explicó que llevó al Concejo un informe sobre la situación y que, después de la presentación pública, profundizó el tema durante una reunión con los ediles. Según indicó, disponer de esos fondos permitiría mejorar servicios, ampliar la ejecución de obras y responder con mayor capacidad a las necesidades de la comunidad.

Consultado por las mesas de trabajo entre el Municipio y la Provincia, sostuvo que la gestión participó cada vez que fue convocada, aunque reclamó que esos encuentros se traduzcan en soluciones.

“Los datos están más que claros. La Provincia tiene mejores datos que nosotros, inclusive para poder consolidar deuda rápidamente”, manifestó.

El intendente aseguró que comprende las dificultades financieras provinciales, pero remarcó que eso no elimina la responsabilidad de defender los recursos de Río Grande. “No podemos dejar de reclamar lo que corresponde, lo que les corresponde a todos los vecinos de la ciudad”, afirmó.

A la vez, ratificó su disposición a mantener las conversaciones institucionales y aclaró que el planteo no busca convertirse en una disputa política. “Siempre con la predisposición de dialogar, pero con la necesidad urgente de contar con respuestas concretas”, señaló.

Sobre el impacto del atraso en el funcionamiento municipal, Perez explicó que la gestión viene reorganizando sus recursos para evitar que se deterioren las prestaciones esenciales. En ese marco, destacó que el proyecto de presupuesto contempla $18.000 millones para sostener los 15 dispositivos de salud municipales, con un incremento cercano al 20% para esa área.

“La decisión está, por supuesto, de no lastimar la salud municipal”, sostuvo.

El jefe comunal vinculó el aumento de la demanda sanitaria con la pérdida de puestos de trabajo y de cobertura médica. También aseguró que el Municipio recibe a personas que previamente acudieron al sistema provincial sin obtener una respuesta.

“Nos ha pasado en reiteradas oportunidades que vecinos que concurren a diferentes servicios en la Provincia, lamentablemente, no encuentran respuesta”, expresó, y atribuyó esa situación a las dificultades que atraviesa la salud provincial.

Para Perez, el escenario económico y laboral exige sostener la intervención municipal. “Estamos atravesando en Río Grande una situación de catástrofe social”, afirmó al describir las consecuencias de la caída de la actividad y del empleo industrial.

Frente a ese panorama, defendió un presupuesto que contempla casi $20.000 millones para obra pública, recursos para asistencia social y alimentaria y alrededor de $5.000 millones para el transporte público. Sobre este último servicio, indicó que, sin el aporte municipal, el boleto superaría los $4.000.

El intendente también explicó que la propuesta incorpora medidas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. “Un presupuesto que tiene como objetivo una baja de impuestos para el año que viene”, resumió, y sostuvo que aliviar a los contribuyentes resulta “absolutamente necesario” en el contexto actual.

Entre los anuncios, detalló un plan de regularización de deudas en 12 cuotas sin interés, sin tarjeta de crédito y con una quita del 100% de los intereses acumulados. Según estimó, cerca de 10.000 vecinos podrían acceder a esta herramienta.

Además, señaló que quienes regularicen o comiencen a regularizar su situación tendrán la posibilidad de acceder a un descuento del 15% como buenos contribuyentes en 2027, mientras que para quienes mantienen sus impuestos al día propuso una bonificación del 30%.

“Hay vecinos que han sido cumplidores siempre y en esta oportunidad no pueden hacerlo”, reconoció al explicar la necesidad de contemplar las dificultades de las familias. También aclaró que el área de Rentas deberá precisar los detalles de implementación del programa.

En cuanto a las obras, Perez identificó al natatorio olímpico como una prioridad, con el objetivo de terminarlo a principios del próximo año. Mencionó, además, el edificio de la Dignidad en el Paseo Malvinas y la continuidad de un plan vial, aunque admitió que las restricciones presupuestarias impedirán cubrir todas las demandas.

Al referirse al tratamiento del presupuesto, valoró la reunión con los concejales de las distintas fuerzas políticas y aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a recibir aportes y realizar correcciones.

Perez planteó que el desafío consiste en sostener las políticas de salud, deporte, formación tecnológica y acompañamiento a productores más allá de quién gobierne la ciudad. En ese sentido, defendió el respeto institucional como una herramienta para alcanzar acuerdos en un momento de dificultades económicas y sociales.

El intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, respondió a la denuncia penal presentada por el presidente del Concejo Deliberante, Matías Rodríguez Ojeda, y apuntó contra quienes se oponen a su gestión. En FM La Isla, sostuvo que la presentación tiene un carácter político y consideró que busca trasladar al Ejecutivo responsabilidades del cuerpo deliberativo.

Al referirse a los cuestionamientos que enfrenta, mencionó “demandas judiciales”, “operaciones mediáticas” y “diferentes ataques” que, según afirmó, se vienen produciendo contra su administración, tanto en el ámbito local como provincial.

“El conflicto permanente creo que es una herramienta donde algunos se sienten cómodos”, expresó. También sostuvo que “es más fácil generar conflictos y trasladar responsabilidades que arremangarse y ponerse a trabajar” en las soluciones que necesita la comunidad.

La controversia se profundizó después de que Rodríguez Ojeda denunciara al intendente por presunta retención de fondos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación. El presidente del Concejo reclama transferencias que estima en cerca de $1.100 millones y vincula esos recursos pendientes con las obligaciones del cuerpo ante OSEF y la Caja de Previsión Social.

Harrington cuestionó especialmente el momento elegido para avanzar con la presentación judicial. Recordó que, pocos días antes, representantes del Municipio, del Concejo y de OSEF habían participado de una reunión en Casa de Gobierno para analizar una salida a las deudas pendientes.

Según explicó, el Ejecutivo propuso transferir un inmueble y construir un edificio para OSEF en Tolhuin, con una farmacia y oficinas propias para la atención de afiliados. Añadió que la propuesta municipal contemplaba incorporar las obligaciones del Concejo para alcanzar una solución integral.

El intendente sostuvo que, después de ese encuentro, se enteró por los medios de comunicación de la decisión de Rodríguez de denunciarlo. Interpretó esa secuencia como un posicionamiento político y cuestionó que se pusiera en tensión una instancia de negociación que todavía estaba abierta.

“Creo que hay un posicionamiento político, sobre todo en la figura del presidente del Concejo Deliberante, de interrumpir las conversaciones”, afirmó. A su entender, esa postura también afecta los avances que podrían traducirse en soluciones para los vecinos.

En cuanto a los recursos municipales, Harrington aseguró que el Concejo recibió una cifra cercana a los $2.000 millones y cuestionó que, pese a esas transferencias, mantenga obligaciones pendientes. También afirmó que, en términos porcentuales, el cuerpo deliberativo de Tolhuin recibe una proporción de recursos de coparticipación mayor que la de los concejos de Río Grande y Ushuaia.

El jefe comunal insistió en que el cumplimiento de los aportes y contribuciones correspondientes al personal del Concejo es responsabilidad de ese organismo. No obstante, ratificó la intención municipal de incluir esas obligaciones en la negociación con OSEF.

“Nosotros vamos a seguir insistiendo en que estas cuestiones se solucionen en un proceso de diálogo y de consenso”, sostuvo. Recordó que funcionarios del Ejecutivo concurrieron a las reuniones y comisiones a las que fueron convocados para responder los planteos del cuerpo legislativo.

Respecto del trámite judicial, dijo que al momento de la entrevista todavía no había recibido una notificación. Señaló que su abogado responderá por los canales correspondientes cuando sea notificado y explicó que la carta abierta difundida por el Municipio buscó transmitir tranquilidad y explicar su posición a la comunidad.

Harrington también afirmó que recibió mensajes de respaldo de vecinos, de algunos concejales locales y del intendente de Río Grande, Martín Perez. Según relató, varias de esas manifestaciones valoraron la explicación que ofreció mediante la carta.

Como ejemplo de las prioridades de su gestión, contó que conoció la noticia de la denuncia mientras participaba de una reunión con una empresa vinculada al plan de viviendas impulsado junto al Banco de Tierra del Fuego. Indicó que hay 20 postulantes seleccionados, sujetos al otorgamiento del crédito, para avanzar en la construcción de sus casas.

El intendente vinculó esa iniciativa con la demanda de viviendas y las dificultades que enfrentan las familias para afrontar alquileres. También mencionó la obra pública y el convenio con la universidad entre las herramientas que busca sostener en un contexto económico que describió como difícil para empresas, comerciantes y vecinos.

“A mí me gustaría estar enfocado al 100 por ciento en seguir gestionando y dando herramientas de gestión”, expresó. Reiteró que el Municipio mantiene la disposición a dialogar y pidió a quienes, según su mirada, permanecen en “la comodidad del conflicto permanente” que reflexionen y “se pongan a trabajar”.

La situación económica de la asociación civil Reencontrándonos se agrava por la falta de pagos de OSEF. Su presidenta, Estela Lavenia, aseguró en FM Provincia que la institución continúa afrontando con recursos propios la atención de los afiliados que permanecen bajo tratamiento, mientras sigue sin resolverse la firma de un nuevo convenio.

“El último mes que nos han pagado fue el mes de febrero”, sostuvo. También precisó que desde junio no ingresó dinero de la obra social, una situación que, según explicó, dificulta cada vez más el sostenimiento de las prestaciones.

Consultada sobre el monto adeudado, Lavenia aclaró que no contaba con una liquidación actualizada. Indicó que la última cuenta que había realizado rondaba los $300 millones y que, desde entonces, se acumularon aproximadamente dos meses más de servicios, a razón de entre $50 millones y $60 millones mensuales. Por ese motivo, estimó que la deuda podría acercarse a los $400 millones.

La referente explicó que Reencontrándonos no está recibiendo nuevos pacientes de OSEF, pero mantiene la atención de los afiliados que ya se encontraban incorporados. “Estamos sosteniendo todos los afiliados que tenemos en el servicio a costa de la asociación”, expresó.

Según advirtió, esa continuidad se está financiando con recursos de las becas destinadas a personas que no cuentan con obra social. “Esto es un chicle que en algún momento se va a cortar”, manifestó al describir los límites económicos de la institución.

Otro de los puntos del conflicto es la falta de un nuevo convenio. Lavenia relató que los documentos enviados por OSEF no coincidían con las condiciones conversadas previamente y que, pese a las revisiones y devoluciones realizadas, no lograron avanzar hacia la firma.

“Había diferencias entre lo que se hablaba y lo que se escribía”, señaló. Añadió que la asociación había cedido respecto del valor de las prestaciones, pero que ni siquiera con ese esfuerzo se destrabaron el acuerdo y los pagos pendientes.

Entre las condiciones que rechazaron, mencionó una cláusula que, según su explicación, supeditaba el pago de las prestaciones a una evaluación durante un período de seis meses. También sostuvo que el esquema trasladaba responsabilidades a la asociación y podía derivar en la interrupción de los tratamientos.

“No tiene sentido que uno esté seis meses esperando una evaluación de una institución cuando tiene un paciente tratándolo adentro”, cuestionó.

Lavenia también denunció la falta de comunicación para resolver el reclamo. “La verdad, es un manoseo importante, con lo cual ya estamos agotados”, afirmó.

Frente a este escenario, indicó que la asociación está trabajando con asesoramiento legal para definir cómo reclamar lo adeudado. Al ser consultada sobre la posibilidad de acudir a la Justicia, respondió: “Es la única que queda, lamentablemente”.

Además, reconoció que podrían verse obligados a interrumpir la atención de los afiliados que continúan en tratamiento, aunque remarcó que se trata de una medida que siempre buscaron evitar.

La presidenta de Reencontrándonos reivindicó el trabajo cotidiano de la institución en salud mental y adicciones. “Todos los días, 24 horas, 365 días del año, estamos atendiendo la salud mental. Las urgencias las atendemos siempre”, expresó.

La deuda que el Gobierno de la Provincia mantiene con Río Grande por fondos de coparticipación continúa creciendo y actualmente se ubica alrededor de los $17.000 millones, de acuerdo con los datos oficiales correspondientes al cierre de 2025 y la actualización realizada durante este año.

El punto de partida está respaldado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia. En su auditoría sobre la Cuenta de Inversión 2025, el organismo determinó que al 31 de diciembre del año pasado el Gobierno provincial adeudaba al Municipio de Río Grande exactamente $11.644.817.138,88, correspondientes a recursos devengados y todavía no cancelados.

Desde aquel momento, lejos de regularizarse, la deuda continuó aumentando. Entre el cierre de 2025 y la actualidad se acumularon aproximadamente $6.000 millones adicionales, llevando el monto pendiente a alrededor de $17.000 millones.

Se trata de recursos que corresponden a la ciudad y cuya demora impacta directamente sobre la disponibilidad financiera del Municipio para planificar y sostener servicios, mantenimiento urbano, infraestructura, obras, programas y políticas sociales.

Desde el Ejecutivo municipal ratificaron en ese sentido una posición concreta: “Los recursos que corresponden a Río Grande deben llegar a la ciudad”.

Río Grande concentra casi la mitad de la deuda

El informe del Tribunal de Cuentas permite dimensionar además que el retraso en las transferencias no se limita a Río Grande.

Al cierre de 2025, la Provincia acumulaba $24.794.328.272,26 de coparticipación devengada y pendiente de cancelación a los municipios de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin.

De ese total, el 46,97% correspondía a Río Grande, mientras que el 45,59% pertenecía a Ushuaia y el 7,45% a Tolhuin.

Es decir, prácticamente uno de cada dos pesos que la Provincia adeudaba a los municipios correspondía a Río Grande.

La situación adquiere especial relevancia en un contexto en el que las demandas sobre los servicios municipales se incrementaron y la ciudad necesita previsibilidad sobre recursos que forman parte de su financiamiento habitual.

No se trata de aportes extraordinarios ni de asistencia discrecional de la Provincia. Son fondos coparticipables correspondientes al Municipio que fueron devengados pero permanecieron pendientes de transferencia.

Las transferencias tienen plazos

Otro elemento que surge del análisis del Tribunal de Cuentas es que existe un plazo establecido para la cancelación de estos recursos.

El organismo recordó que, de acuerdo con la normativa vigente, los saldos definitivos mensuales de coparticipación deben ser cancelados dentro de los 90 días corridos contados desde el cierre del período correspondiente.

Para verificar las transferencias efectuadas durante 2025, el Tribunal solicitó además información a los tres municipios sobre los recursos que efectivamente habían recibido.

En ese proceso se produjo otro dato significativo: Río Grande fue el único municipio que respondió al requerimiento. Ushuaia y Tolhuin todavía no habían remitido la documentación solicitada al momento de elaborarse el informe, por lo que el propio organismo aclaró que el cotejo de información pudo realizarse sólo parcialmente.

Un dato que se suma a un complejo escenario financiero provincial

La deuda de coparticipación aparece, además, dentro de un informe que expone otros indicadores sobre la situación de las cuentas provinciales.

Entre ellos, el Tribunal de Cuentas señaló que al cierre de 2025 la Provincia registraba un patrimonio neto negativo de $543.659 millones, como resultado de pasivos que superaban ampliamente los activos informados.

A ese escenario se agrega una observación sobre los tiempos administrativos del propio Poder Ejecutivo. Según el informe, la Cuenta de Inversión 2025 fue presentada el 28 de mayo de 2026, pese a que el plazo legal había vencido el 4 de mayo.

Los datos exhiben así un escenario financiero que plantea dificultades no sólo para las cuentas provinciales, sino también para los municipios que dependen de que los recursos que les corresponden sean transferidos regularmente.

Una deuda que siguió creciendo durante 2026

La evolución es concreta: Río Grande cerró 2025 con $11.644 millones pendientes de transferencia y durante 2026 se sumaron aproximadamente otros $6.000 millones, llevando el monto actual a alrededor de $17.000 millones.

Para el Municipio, la regularización de esos fondos resulta necesaria para contar con previsibilidad y sostener la planificación de servicios, obras y políticas destinadas a los vecinos.

Por eso, desde Río Grande insisten en que la Provincia debe regularizar la coparticipación pendiente y garantizar que las futuras transferencias se efectúen en tiempo y forma.

El reclamo municipal se resume en una definición sencilla: son recursos que corresponden a Río Grande y deben llegar a la ciudad.

El legislador provincial Federico Sciurano anticipó cuál será su posición frente a algunos de los principales temas que llegarán este jueves al recinto de la Legislatura fueguina, especialmente el Fondo de Financiamiento Educativo y las modificaciones tributarias vinculadas al Presupuesto Provincial 2027.

En una entrevista con Radio Provincia, Sciurano diferenció ambos proyectos, aunque dejó una definición que atraviesa su postura: no acompañará la creación de nuevos impuestos ni incrementos de alícuotas en el actual contexto económico.

“No estoy de acuerdo ni lo voy a estar en crear nuevos impuestos”, afirmó el legislador, quien señaló que la situación que atraviesan el comercio y la actividad económica provincial, particularmente en Río Grande, no permite incorporar nuevas cargas. Texto pegado

A favor de un fondo educativo, pero no de nuevos impuestos

Sciurano hizo una distinción respecto del proyecto de Financiamiento Educativo. Aseguró que no rechaza la creación del fondo ni su tratamiento legislativo, sino algunos de los mecanismos propuestos para financiarlo.

“Yo no estoy en contra de crear un fondo específico de estas características. Lo que sí estoy en contra es que se creen nuevos impuestos para sostener esto”, explicó. Texto pegado

Entre sus principales objeciones mencionó los gravámenes previstos sobre la distribución de gas y sobre el Banco de Tierra del Fuego (BTF).

Sobre este último punto, defendió el carácter estratégico de la entidad provincial y sostuvo que gravarla podría afectar las ventajas que le permiten desarrollar herramientas financieras diferentes a las de la banca privada, como los programas de financiamiento y desendeudamiento destinados a los fueguinos. Texto pegado

Para Sciurano, existe margen para discutir una redistribución de recursos ya existentes con el objetivo de fortalecer el financiamiento educativo, pero sin trasladar el costo a los contribuyentes.

“La gente no quiere y nosotros no queremos tener que pagar más de lo que estamos pagando en estos momentos”, sintetizó. Incluso consideró que, si existe acuerdo para modificar esos puntos, el fondo podría avanzar sin que la discusión sobre su tratamiento urgente termine convirtiéndose en el principal obstáculo.

También cuestionó los aumentos previstos en el Presupuesto 2027

La posición del legislador se extiende al paquete tributario asociado al proyecto de Presupuesto Provincial 2027.

Sciurano sostuvo que no acompañará aumentos en las alícuotas que afectan a la actividad económica y aseguró que algunos sectores advierten incrementos significativos. “No estoy de acuerdo en que la tarifaria se toque, salvo que sea para bajar impuestos”, afirmó. Texto pegado

En su análisis, señaló que el proyecto presupuestario proyecta un déficit de entre $54.000 y $56.000 millones, pero sostuvo que esa cifra debe analizarse junto con los recursos adicionales que el Ejecutivo espera obtener a través de la nueva tarifaria, que estimó entre $200.000 y $220.000 millones. A partir de esos cálculos, Sciurano planteó que el desequilibrio estructural sería considerablemente superior al explicitado en el proyecto. Se trata de una interpretación realizada por el propio legislador durante la entrevista.

Su planteo es que la Provincia enfrenta una discusión que excede la coyuntura de una sesión legislativa: cómo equilibrar ingresos y gastos sin profundizar la presión sobre una economía que considera debilitada.

“La solución hoy no es aumentar impuestos”, sostuvo, argumentando que una mayor carga puede tener consecuencias sobre la actividad económica, la inversión y el empleo.

“La situación nos va a obligar a ponernos de acuerdo”

Sciurano también dejó una definición política frente al escenario económico provincial y reclamó acuerdos que superen las diferencias partidarias.

“Ponernos de acuerdo o nos vamos a poner de acuerdo, porque la situación nos va a obligar a ponernos de acuerdo”, afirmó.

Y agregó: “Lo ideal y lo inteligente sería ponernos de acuerdo antes de que la cosa sea mucho más grave”.

Consultado sobre si su postura frente a los proyectos enviados por el Ejecutivo genera diferencias dentro del espacio político que integra junto al gobernador Gustavo Melella, Sciurano evitó exponer las discusiones internas y aseguró que mantiene con el mandatario una relación basada en el respeto y en la libertad para expresar posiciones diferentes.

El pedido de informes sobre la fundación vinculada a Pino y López

En el tramo final de la entrevista, Sciurano también se refirió a los pedidos de informes que presentó en relación con la fundación Centro Cultural Nueva Argentina, vinculada al legislador Juan Carlos Pino y la senadora Cristina López.

El legislador buscó quitarle inicialmente una interpretación acusatoria a la presentación.

“No estoy poniendo en tela de duda ni ninguna cosa rara. Solamente me interesa saber, por razones que son obvias y trascendentes, cuál es la respuesta a esos puntos específicos que estamos preguntando”, explicó.

Sciurano señaló que los pedidos surgieron después de recibir comentarios que consideró necesario verificar y sostuvo que corresponde contar con información cuando una fundación está relacionada con dirigentes que actualmente ocupan cargos públicos.

Incluso buscó invertir la lectura política del planteo respecto de sus históricas diferencias con Pino: “En vez de pensar que esto va en contra de Pino, esto va en favor de Pino, porque va a permitir que estas cosas se puedan dilucidar”, sostuvo.

De esta manera, Sciurano llegará a la sesión del jueves con una postura definida sobre dos discusiones económicas centrales: acepta debatir nuevas herramientas para financiar la educación, pero rechaza que impliquen nuevos impuestos; y anticipa que tampoco acompañará aumentos tributarios dentro del esquema presupuestario provincial. Al mismo tiempo, plantea que la situación de las cuentas públicas obliga a buscar acuerdos que permitan discutir cómo financiar al Estado sin trasladar automáticamente el desequilibrio hacia familias, comercios y sectores productivos.

El intendente Martín Perez presentó este miércoles personalmente ante el Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto Municipal 2027, donde expuso las principales decisiones de la gestión para el próximo año y la mirada de ciudad que orienta la planificación municipal.

La propuesta parte de un contexto marcado por la pérdida de empleo industrial, la caída de los ingresos de las familias y una mayor demanda sobre los servicios municipales. Frente a esta realidad, Perez planteó como premisa mantener las cuentas ordenadas y administrar con eficiencia para garantizar servicios de calidad, sin desentenderse de las necesidades de los vecinos.

Uno de los principales ejes del Presupuesto 2027 es el alivio de la carga tributaria y la implementación de herramientas que faciliten a los vecinos el cumplimiento de sus obligaciones y el desendeudamiento.

El esquema presentado contempla un plan de beneficios para los buenos contribuyentes, con una bonificación del 30%, como reconocimiento al cumplimiento de quienes mantienen sus obligaciones al día. Esta medida alcanzaría a 17 mil contribuyentes.

A su vez, se propone una bonificación del 60% en la Unidad Fiscal, con el objetivo de disminuir la carga tributaria y acompañar la economía de las familias de Río Grande. De esta forma, la UF quedaría en $508.

El proyecto también incorpora facilidades de pago de hasta 12 cuotas, sin tarjeta de crédito, para quienes tengan obligaciones pendientes, con el objetivo de facilitar la regularización de las deudas y avanzar en el desendeudamiento de los vecinos.

En la misma línea, se propone facilitar el pago anual mediante la eliminación de los intereses, una medida que beneficiaría aproximadamente a 10.000 contribuyentes y permitiría regularizar obligaciones con menores costos.

OBRA PÚBLICA PARA SEGUIR TRANSFORMANDO RÍO GRANDE

La obra pública seguirá siendo otra herramienta central: se proyectan 37 obras, con intervenciones viales, infraestructura, saneamiento, suelo urbano y Construyendo Ciudad. La apuesta es mejorar Río Grande y, al mismo tiempo, sostener empleo y movimiento económico para trabajadores, proveedores y comercios locales.

SALUD Y ASISTENCIA ALIMENTARIA

La presencia municipal también se refuerza allí donde la situación económica genera nuevas necesidades. Se contemplan $18.682 millones para la red municipal de salud, con 15 dispositivos territoriales, y $6.670 millones para asistencia alimentaria, además de políticas destinadas a personas mayores, educación, infancias y acompañamiento social.

De esta manera, el Municipio sostiene una política de acompañamiento que busca dar respuesta a las nuevas demandas sociales y económicas, fortaleciendo la presencia territorial y el acceso a servicios esenciales.

DEFENSA DE LOS RECURSOS DE RÍO GRANDE

El presupuesto también pone el foco en la defensa de los recursos que pertenecen a Río Grande. Al 31 de agosto, el Municipio contabilizaba $16.119,4 millones pendientes de transferencia por coparticipación, recursos fundamentales para sostener proveedores, obras y servicios.

En este sentido, se destacó que durante 2026 la deuda de coparticipación se triplicó, profundizando el impacto sobre las finanzas municipales y sobre los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento del Municipio.

El presupuesto asciende a $239.505 millones, contempla una estimación de crecimiento del 21% -en línea con la proyección de inflación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) tomada como referencia para 2027- y concentra sus principales esfuerzos en el funcionamiento cotidiano de Río Grande. El proyecto será tratado ahora por el Concejo Deliberante.

La presentación personal del Intendente dejó planteada la hoja de ruta para 2027: un Municipio que alivie la carga tributaria, facilite el desendeudamiento de los vecinos, sostenga la obra pública, fortalezca la salud y la asistencia alimentaria y administre con orden y eficiencia los recursos para garantizar servicios de calidad a las familias de Río Grande.

El abogado Jerónimo Guerrero Iraola, representante del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas —CECIM— de La Plata, expresó en FM Centro su rechazo al fallo de la Corte Suprema sobre la derogación de la Ley de Tierras Rurales. Calificó la decisión como una “tragedia” y responsabilizó a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti por sus consecuencias sobre la protección del territorio argentino.

“Venimos viendo con muchísimo estupor la decisión de la Corte”, manifestó. Para el abogado, el alcance del fallo excede una discusión procesal: “Le han puesto el cartel de venta a la República Argentina”, sostuvo sobre los integrantes del máximo tribunal.

La Corte revocó la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno nacional derogó la Ley 26.737. Lo hizo al considerar que el CECIM no tenía legitimación suficiente para promover esa demanda. El tribunal no resolvió la constitucionalidad de la derogación, pero dejó sin efecto el fallo que impedía su aplicación.

Guerrero Iraola cuestionó esa distinción y sostuvo que la decisión tiene consecuencias concretas, aunque la Corte haya evitado pronunciarse sobre el fondo. “No hay argumentos jurídicos que puedan justificar esta tamaña tragedia”, expresó.

Uno de sus principales cuestionamientos estuvo dirigido al argumento utilizado para rechazar la presentación del CECIM. Recordó que los excombatientes fueron enviados por el Estado argentino a la guerra de Malvinas y reprochó que ahora se discutiera su legitimación para acudir a un tribunal por una cuestión vinculada con la soberanía.

“El Estado argentino mandó a los pibes de Malvinas a la guerra, los mandó sin preguntarse si estaban legitimados o no”, señaló. A partir de esa comparación, consideró que negarles legitimación para impulsar este reclamo representa una falta de respeto institucional hacia quienes pusieron el cuerpo en el conflicto bélico.

El abogado también advirtió sobre los efectos del fallo en el acceso a la justicia. “El acceso a la justicia es una garantía para el ejercicio de derechos”, afirmó, y planteó que la decisión deja abierta una pregunta central: quién puede solicitar protección judicial frente a una medida que, según el reclamo del CECIM, afecta la soberanía territorial.

En su interpretación, la Corte inauguró “la doctrina de la indefensión de la ciudadanía”. Cuestionó que se exija a las organizaciones una especificidad tal en sus objetivos que termine dificultando la presentación de demandas frente a decisiones del Poder Ejecutivo.

Guerrero Iraola también sostuvo que el fallo envía un mensaje negativo a los tribunales inferiores y reduce las garantías que debería brindar el sistema judicial. Según su planteo, el resultado fortalece la posibilidad de que el Ejecutivo avance con medidas sin un control judicial efectivo.

Ante ese escenario, reclamó una respuesta del Congreso de la Nación para frenar el DNU 70/2023. “Ahora tenemos que instar a la política a tomar cartas en el asunto y a dar un mensaje fuerte”, expresó. También sostuvo: “Habría que frenar este decreto en el Congreso de la Nación”.

Durante la entrevista, vinculó sus críticas con otras causas impulsadas por el CECIM. Según explicó, la Corte tiene pendientes desde 2021 nueve recursos extraordinarios relacionados con la posibilidad de investigar las torturas denunciadas por soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas. Indicó que la organización representa a más de 200 víctimas y cuestionó la falta de respuestas.

Pese al revés judicial en la causa sobre tierras rurales, reivindicó el trabajo realizado por el organismo y aseguró que mantendrán sus reclamos. “Estamos sumamente orgullosos de lo que hemos hecho, pero no vamos a quedarnos callados ni de brazos cruzados”, afirmó.

USHUAIA.- Este jueves se informó que el próximo 5 de octubre comenzará la inscripción para el Curso de Marina Mercante 2027, destinado a quienes quieran capacitarse en las especialidades de Marinero y Auxiliar de Máquinas.

Los interesados deberán dirigirse a la Sede de la Prefectura Ushuaia e Islas del Atlántico Sur, ubicada en Yaganes 59, donde podrán obtener mediante un código QR la planilla correspondiente. La documentación deberá ser presentada personalmente, de lunes a viernes de 8 a 13, en la Escuela de Marina Mercante Ushuaia.

Para acceder a la convocatoria se requiere tener 18 años como mínimo al 31 de diciembre de 2026, contar con título secundario completo, certificado de título en trámite o constancia de alumno regular. También se solicita fotocopia del DNI y tres fotografías de 4 por 4 centímetros, de frente y con fondo celeste.

El proceso de ingreso incluye exámenes intelectuales virtuales de Educación Cívica, Física, Geografía, Matemáticas e Inglés. Posteriormente se realizarán las evaluaciones prácticas de Natación y Remo.

La cursada tendrá una duración de ocho meses y comenzará en marzo de 2027. El período para presentar la documentación se extenderá hasta el 13 de noviembre de 2026.

La convocatoria corresponde a la Escuela de Formación y Capacitación para el Personal Embarcado de la Marina Mercante Ushuaia, dependiente de la Prefectura Naval Argentina

La subsecretaria de Turismo del Municipio de Río Grande, licenciada Alejandra Montelongo, realizó en FM del Pueblo un balance de la participación de la ciudad en la 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se desarrolló del 26 al 29 de septiembre en La Rural de Buenos Aires. La funcionaria indicó que el Municipio asistió por sexto año y que, en esta oportunidad, la Vigilia por Malvinas fue el eje central de la propuesta.

Montelongo explicó que la promoción buscó mostrar la Vigilia como una experiencia vinculada con la identidad de Río Grande, preservando su carácter conmemorativo. “Cada año convoca a más turistas que visitan Río Grande para vivir esta experiencia”, sostuvo, al describir el interés creciente por participar del encuentro.

Según relató, durante las cuatro jornadas hubo consultas sobre la fecha de la Vigilia, las actividades que se pueden realizar en la ciudad y las condiciones para recibir a los visitantes. El sábado y el domingo la feria estuvo abierta al público general, mientras que el lunes y el martes estuvieron destinados a operadores turísticos, profesionales y estudiantes. “Los cuatro días tuvimos muy buena respuesta con la gente en el stand”, expresó.

La funcionaria destacó que la convocatoria tiene una relevancia especial de cara a 2027, cuando se conmemorarán los 45 años de la Gesta de Malvinas. En ese marco, el Municipio invitó tanto al público como a los prestadores turísticos a conocer la Vigilia e incorporarla dentro de sus propuestas.

La delegación contó con el acompañamiento del veterano de guerra Bernardo Ferreyro, integrante del Centro de Veteranos de Malvinas en la Memoria, quien compartió la historia del crecimiento de la Vigilia y su significado para la comunidad. También participó Juan Rattenbach, del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, cuya presencia fue valorada por Montelongo por su compromiso con la causa y su conocimiento de las vigilias riograndenses.

Montelongo remarcó que el trabajo municipal sobre Malvinas se sostiene durante todo el año y que la actividad turística también permite difundir esa identidad. “Somos la ciudad más malvinera”, afirmó, y explicó que uno de los objetivos de la participación en la FIT fue “seguir malvinizando” a través de las propuestas de Río Grande.

La presentación incluyó, además, productos de emprendedores del Mercado del Atlántico. Participaron Gin Gandhi, Cerveza Klatue y Zorro Viejo, que aportó diseños vinculados con Malvinas, además de chocolates de Chinoa. Hubo degustaciones, juegos y sorteos que permitieron acercar al público parte de la producción y la gastronomía local.

Otro de los puntos destacados fue la incorporación de Río Grande a la guía de la Ruta 3 del Automóvil Club Argentino, presentada durante la feria. Montelongo explicó que el Municipio había recibido meses atrás al equipo encargado de ese trabajo y que la publicación reúne información sobre la ciudad para quienes recorren el corredor patagónico.

La funcionaria señaló que esta iniciativa permite continuar posicionando a Río Grande dentro del turismo terrestre y los viajes en motorhome. Como parte de la presentación, el Municipio entregó una declaración de interés sobre la guía.

Respecto de las próximas actividades, Montelongo anticipó que la ciudad comienza a prepararse para la temporada de verano y recordó el cambio de fecha de la Fiesta Provincial del Róbalo, que este año se realizará el 28 y 29 de noviembre, en lugar de su habitual programación en febrero.

Durante la FIT también se firmó un convenio de colaboración con Puerto Santa Cruz, donde se desarrolla la Fiesta Nacional del Róbalo. El acuerdo contempla que los ganadores de la competencia de Río Grande puedan participar de la fiesta nacional con todos los gastos cubiertos, como parte de un intercambio turístico entre ambas localidades.