RIO GRANDE.- La Legislatura recibió un documento técnico que expone el crítico escenario financiero que atraviesa el organismo encargado de los haberes del personal pasivo de seguridad. Bajo el nombre de "Reconocimiento Progresivo del Colapso Previsional Policial y Consolidación Administrativa de la Mora Previsional", la presentación formalizada este 18 de mayo de 2026 ataca la validez jurídica de las Resoluciones 148/2025 y 040/2026 emitidas por la Caja Previsional Policial y Penitenciaria Provincial. El planteo advierte que ambas normativas convalidan de forma oficial la quiebra operativa del régimen especial.

De acuerdo con el texto ingresado por mesa de entradas, las disposiciones objetadas traducen la incapacidad real de la institución para cumplir en tiempo y forma con los pagos mensuales y las compensaciones salariales acordadas. El escrito puntualiza que la resolución dictada el año pasado inauguró una metodología de desembolsos restrictivos supeditada a prioridades fijadas de manera arbitraria según el dinero en caja. Ese temperamento administrativo habría condicionado la liquidación de los beneficios previsionales a las partidas presupuestarias disponibles en el día a día.

La presentación profundiza sus cuestionamientos sobre la normativa de este año, señalando que el Directorio del organismo reconoció textualmente la escasez de fondos líquidos y la consolidación de un desequilibrio fiscal crónico. Ante ese panorama, el ente debió solicitar auxilio presupuestario de carácter extraordinario a la administración central de la provincia, admitiendo que no se pueden cubrir las obligaciones corrientes de los pasivos. La denuncia subraya que la postergación de los pagos dejó de configurarse como una anomalía temporal para volverse una herramienta ordinaria de gestión del bache financiero.

El texto advierte que las consecuencias de la falta de aportes estatales repercuten directamente sobre la economía de los retirados y pensionados de la fuerza, quienes soportan quitas indirectas y reprogramaciones en ingresos de naturaleza alimentaria. En igual sentido, se reprocha la inexistencia de peritajes contables y estudios actuariales autónomos que clarifiquen el pasivo acumulado por el Estado y el impacto de no aplicar el artículo 69 de la Ley Provincial 735. La acusación apunta a determinar las fallas funcionales y patrimoniales de los cuadros políticos que condujeron al vaciamiento de las cuentas.

La argumentación legal de los reclamantes hace foco en el carácter prioritario de los sueldos de la clase pasiva frente a las contingencias del tesoro público. En uno de los párrafos más severos, el documento asevera que "La administración no puede convertir una obligación previsional alimentaria en una prestación condicionada al saldo de caja disponible." Bajo esa premisa, los peticionantes formularon reservas de derechos para elevar la controversia a los tribunales locales, dependencias constitucionales y cortes internacionales si persiste el perjuicio económico detallado.

El pliego de solicitudes elevado a los bloques legislativos demanda la anulación de las dos resoluciones de la Caja, la suspensión de eventuales proyectos de reforma del sector y la citación urgente de los directores responsables del área. El requerimiento exige además auditorías externas y un mecanismo que asegure la regularidad de los haberes obligatorios. El escrito fue distribuido con copias certificadas a la Gobernación, la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas y la Jefatura de Policía, llevando la firma del Subcomisario retirado Daniel Ariel Torales, referente de los efectivos del ex Territorio Nacional.

Luego de que este medio expusiera que varios integrantes del Concejo Deliberante no tenían disponibles sus declaraciones juradas patrimoniales en el sistema oficial del Tribunal de Cuentas Municipal, en las últimas horas comenzaron a aparecer documentos que hasta ese momento no figuraban publicados.

El movimiento llamó la atención porque la actualización se produjo pocas horas después de la repercusión pública de la nota periodística y abrió interrogantes sobre el funcionamiento de los mecanismos de control y acceso a la información pública dentro del organismo encargado justamente de garantizar la transparencia institucional.

Documentos que no estaban y comenzaron a aparecer

La investigación periodística de RED23 Noticias había advertido inconsistencias y faltantes en las presentaciones obligatorias de algunos concejales y exfuncionarios municipales.

Tras la difusión del informe, parte de esa documentación comenzó a incorporarse al sistema oficial del Tribunal de Cuentas, aunque la situación todavía está lejos de quedar completamente regularizada.

Uno de los casos más llamativos sigue siendo el de la exconcejal y actual ministra provincial Lucia Rossi, quien continúa sin tener presentada la declaración jurada correspondiente al año 2025 ni tampoco la documentación vinculada a su salida del Concejo Deliberante tras asumir funciones en el Ejecutivo provincial.

La situación adquiere relevancia porque las declaraciones juradas constituyen una obligación legal destinada a transparentar la evolución patrimonial de los funcionarios públicos antes, durante y después del ejercicio de cargos institucionales.

El caso Löffler: sin declaraciones desde que asumió

Pero el escenario más delicado continúa siendo el del concejal mopofista Matias Löffler.

Según pudo verificarse, no figura ninguna declaración jurada patrimonial desde su asunción como integrante del Concejo Deliberante de Río Grande.

Es decir, directamente no existiría documentación pública disponible vinculada a su evolución patrimonial como funcionario, una situación que profundiza los cuestionamientos sobre los controles institucionales y el cumplimiento efectivo de las obligaciones administrativas por parte de representantes políticos de la ciudad.

Transparencia bajo cuestionamiento

La situación vuelve a poner en debate el funcionamiento del sistema de control institucional en Río Grande y el rol que cumplen los organismos encargados de garantizar el acceso ciudadano a la información pública.

El hecho de que documentación comenzara a aparecer recién después de una publicación periodística expone además la importancia del trabajo de investigación y del seguimiento público sobre el cumplimiento de obligaciones que deberían encontrarse actualizadas de manera permanente y accesible para toda la comunidad.

En un contexto donde la sociedad reclama cada vez más transparencia y control sobre el patrimonio de funcionarios y dirigentes políticos, la polémica por las declaraciones juradas vuelve a instalar interrogantes incómodos sobre cuánto control real existe sobre quienes administran recursos públicos.

La maniobra de La Libertad Avanza dejó en evidencia el nivel de confrontación que atraviesa el Congreso: apenas la oposición convocó a una sesión especial para las 11 de la mañana con pedidos de interpelación vinculados al denominado “affaire Adorni”, el oficialismo respondió convocando otra sesión… pero una hora antes.

La jugada no fue casual. En política parlamentaria, quien consigue primero el quórum se queda con el control absoluto del recinto. Y en este caso, el Gobierno llega con ventaja.

La estrategia libertaria para recuperar el control

En la Casa Rosada entienden que el caso Adorni se transformó en uno de los mayores focos de desgaste político de las últimas semanas.

Las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, las investigaciones judiciales y las revelaciones sobre pagos en efectivo vinculados a refacciones millonarias golpearon directamente la imagen del oficialismo y comenzaron a instalar ruido dentro de la opinión pública.

Por eso, el Gobierno decidió pasar al ataque.

La convocatoria impulsada por el presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, busca neutralizar la ofensiva opositora antes de que pueda tomar fuerza dentro del recinto.

El objetivo es claro: impedir que la oposición convierta la Cámara de Diputados en un escenario de desgaste político para el Gobierno nacional.

Un Congreso convertido en campo de batalla

La tensión escaló rápidamente porque ambas sesiones quedaron superpuestas y el Congreso sólo dispone de un recinto.

Eso significa que la primera fuerza que consiga sentar a 129 diputados tendrá el control de la sesión y dejará sin efecto la convocatoria rival.

En otras palabras: el oficialismo y la oposición jugarán una pulseada política decisiva desde temprano en la mañana del miércoles.

La Libertad Avanza apuesta a llegar al quórum gracias a su alianza parlamentaria con sectores del PRO, parte de la Unión Cívica Radical, Innovación Federal y otros bloques provinciales que vienen acompañando las principales iniciativas del Gobierno.

Con esos números, el oficialismo cree tener asegurada la capacidad de abrir la sesión antes que la oposición.

Cambiar la agenda y tapar el escándalo

La ofensiva libertaria también tiene otro objetivo político de fondo: correr del centro del debate el escándalo que envuelve a Adorni y recuperar la iniciativa parlamentaria.

El Gobierno necesita salir del terreno defensivo donde quedó atrapado en las últimas semanas por denuncias, internas y conflictos políticos que empezaron a erosionar la imagen de orden que Milei intenta sostener.

Por eso, el oficialismo preparó un temario propio con proyectos que permitan mostrar actividad legislativa y cambiar el eje de discusión.

Entre ellos aparece la llamada “Ley Hojarasca”, destinada a eliminar decenas de normas consideradas obsoletas, además de reformas vinculadas al esquema de subsidios de zona fría y acuerdos internacionales.

Mientras tanto, la oposición pretendía instalar en el recinto la discusión sobre el rol de Adorni y avanzar con pedidos de explicaciones políticas en medio de las investigaciones judiciales que lo rodean.

Una pelea política que se vuelve cada vez más agresiva

El clima dentro del Congreso refleja el nivel de polarización y fragilidad política que atraviesa la Argentina.

El oficialismo libertario intenta demostrar fortaleza parlamentaria y capacidad de control político pese a no contar con mayoría propia, mientras la oposición busca aprovechar los escándalos recientes para desgastar a un Gobierno que empieza a mostrar fisuras internas y desgaste público.

La sesión del miércoles aparece así como mucho más que una simple discusión legislativa: será una demostración de fuerza política donde el Gobierno buscará blindar a uno de sus funcionarios más sensibles y evitar que el Congreso se transforme en una caja de resonancia de las denuncias que golpean al oficialismo.

En el fondo, la pelea expone una realidad cada vez más evidente: el Gobierno de Milei ya entró en una etapa de confrontación política permanente, donde cada sesión, cada votación y cada escándalo se convierten en una batalla clave por el control de la agenda y la supervivencia política.

Esta vez, el Ejecutivo decidió rechazar la ley que buscaba impedir los cortes de luz, agua y gas por falta de pago durante el invierno, una medida impulsada por legisladores provinciales en medio de la crisis económica y del fuerte impacto que sufren miles de familias fueguinas por el aumento de tarifas y la pérdida de ingresos.

La decisión no pasó desapercibida porque se trata de otro veto consecutivo a proyectos surgidos desde la Legislatura, en un escenario político donde cada vez son más evidentes los choques entre el oficialismo provincial y distintos sectores parlamentarios.

Una estrategia política cada vez más confrontativa

El rechazo a la ley de protección de servicios esenciales se suma a otros vetos recientes firmados por Melella, entre ellos el rechazo a la derogación de la reforma constitucional y el freno a distintas iniciativas vinculadas al reparto de fondos y mecanismos administrativos.

En pocas semanas, el Gobierno provincial pasó de sostener diferencias políticas internas a instalar un escenario de confrontación abierta con parte del Poder Legislativo.

La utilización reiterada del veto empieza a ser observada por distintos sectores políticos como una señal de endurecimiento del Ejecutivo frente a decisiones parlamentarias que no responden a la estrategia política del oficialismo.

El debate de fondo: crisis social y prioridades políticas

La polémica se profundiza porque la ley vetada abordaba un tema extremadamente sensible para la sociedad fueguina: la imposibilidad de muchas familias de afrontar el pago de servicios básicos en pleno invierno.

En una provincia donde las bajas temperaturas convierten al gas, la electricidad y el agua en necesidades esenciales para la vida cotidiana, la decisión del Gobierno generó fuertes críticas desde sectores sociales y políticos que consideran que el Ejecutivo vuelve a priorizar el equilibrio administrativo por sobre la situación social.

El malestar también crece porque el veto llega mientras continúan los reclamos vecinales por subsidios, conexiones domiciliarias de gas y aumentos tarifarios que golpean especialmente a los sectores más vulnerables.

Una Legislatura cada vez más enfrentada con el Ejecutivo

La relación entre el Gobierno y la Legislatura atraviesa uno de sus momentos más tensos desde el inicio de la gestión.

El conflicto por la reforma constitucional ya había dejado expuesta una fractura política importante entre el Ejecutivo y sectores parlamentarios que cuestionan el rumbo institucional impulsado por Melella.

Ahora, el veto a una ley de fuerte contenido social vuelve a alimentar el enfrentamiento y deja abierta la posibilidad de nuevos cruces políticos dentro de la provincia.

Mientras tanto, desde distintos sectores comienzan a advertir sobre un escenario de creciente desgaste institucional, donde las disputas políticas empiezan a superponerse con las demandas urgentes de una sociedad golpeada por la crisis económica y la incertidumbre social.

La medida fue definida en asambleas realizadas en distintas ciudades de la provincia y contempla un paro de 24 horas el miércoles y otra jornada de protesta el viernes, como parte de un plan de lucha que viene profundizándose ante la falta de respuestas.

El secretario gremial de la UEJN, Juan Matías Taborda, sostuvo en FM Provincia, que “venimos desde principios de año con reclamos en materia salarial” y remarcó que, pese al diálogo permanente con el Superior Tribunal de Justicia, “lo que no hemos tenido son soluciones”.

Desde el sindicato advierten que las recomposiciones salariales otorgadas quedaron muy por debajo de la inflación acumulada. “Estamos en el orden del 10% de pérdida salarial solamente en 2026”, aseguró Taborda, quien además señaló que las categorías más bajas “están pasando una situación muy difícil actualmente”.

El dirigente también explicó que el gremio ya había implementado medidas parciales durante las últimas semanas, con ceses de actividades y reducción de jornadas, aunque indicó que la falta de avances obligó a endurecer la protesta.

“Tiene que haber una recomposición realmente seria en materia salarial”, reclamó, al tiempo que afirmó que hoy resulta imposible recuperar todo lo perdido en los últimos años, aunque insistió en la necesidad de una respuesta urgente.

Mientras tanto, el conflicto continúa abierto y desde la UEJN no descartan nuevas medidas gremiales si no aparecen definiciones concretas en el corto plazo.

Pese a que el Tribunal de Cuentas Municipal había prorrogado hasta el 15 de mayo el plazo para la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales y financieras previstas en la Ordenanza Municipal Nº 2831/2010, aún existen faltantes dentro del Concejo Deliberante.

La medida había sido oficializada el 25 de marzo mediante una publicación del organismo de control, otorgando más tiempo para que los funcionarios regularizaran la situación a través del Sistema de Declaraciones Juradas con firma digital. Sin embargo, vencido el nuevo plazo, continúan apareciendo ausencias en los registros oficiales.

Uno de los nombres que figura sin presentación es el del concejal Matías Löffler (MPF), quien, de acuerdo a la información pública disponible en la página del Tribunal de Cuentas, arrastraría varios años sin completar la documentación patrimonial correspondiente.

También aparece el caso de la recientemente asumida concejal Verónica Martínez (FORJA), quien debía presentar su declaración jurada de designación pocos días después de asumir el cargo, algo que hasta el momento no se encontraría publicado.

A la lista se suman Alejandra Arce (Provincia Grande), Federico Runin (FORJA) y la presidenta del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora (MPF), quienes tampoco habrían cumplido con la presentación dentro del plazo extendido establecido por el organismo de control.

Además, la ex concejal y actual ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia de Tierra del Fuego, Lucía Rossi (FORJA), tampoco tendría presentada la declaración jurada anual de cese, requisito obligatorio para quienes abandonan funciones públicas para asumir nuevos cargos dentro del Estado.

Según pudo constatarse en la página oficial del Tribunal de Cuentas Municipal, hasta este lunes 18 de mayo a las 17 horas las declaraciones juradas correspondientes aún no aparecían publicadas en el sistema oficial.

La situación genera cuestionamientos no solo por el incumplimiento administrativo, sino también por el doble discurso político. Mientras algunos concejales o referentes de sus propios espacios salen públicamente a exigir explicaciones patrimoniales en causas mediáticas nacionales, en el ámbito local ni siquiera cumplen con presentar la documentación obligatoria que permite justamente transparentar el patrimonio de los funcionarios.

Nadie aquí defiende ni acusa a nadie. Pero resulta difícil sostener discursos sobre transparencia, control o ética pública cuando ni siquiera se presenta la declaración jurada en tiempo y forma. Mucho discurso sobre moral pública y corrupción ajena, pero puertas adentro todavía hay funcionarios que siguen sin cumplir con una obligación elemental ante la ciudadanía.

RIO GRANDE.- Las declaraciones del jefe de Gabinete, Jorge Canals, sobre el conflicto generado tras el veto a las leyes vinculadas con la reforma constitucional volvieron a generar polémica por el tono elegido por uno de los principales funcionarios del Gobierno provincial.

En el portal  Actualidad TDF y en medio de la tensión política y judicial que atraviesa la provincia, Canals optó por un discurso cargado de acusaciones, descalificaciones y expresiones impropias de la investidura que representa, profundizando un estilo discursivo cada vez más confrontativo dentro del oficialismo.

Al referirse al veto que dejó sin efecto la derogación de la Ley Provincial N° 1529, el funcionario aseguró que “en ese veto uno entiende que se zanjaron las inquietudes que podía llegar a tener el Juzgado Electoral”, aunque inmediatamente cuestionó con dureza el accionar judicial.

“Nos parece descabellado que la Justicia Electoral haya ido a la Fiscalía”, expresó Canals, quien además calificó de “alarmante” la situación y sostuvo que determinadas acciones tendieron a “ralentizar y poner palos en las ruedas”.

Las declaraciones no quedaron allí. El jefe de Gabinete también apuntó contra la Asociación de Magistrados, a la que acusó de “apretar al Gobierno”, además de minimizar su rol institucional al compararla con “el sindicato de taxistas”.

El episodio escaló aún más cuando fue consultado sobre la posibilidad de una victoria de La Libertad Avanza en las elecciones a convencionales constituyentes previstas para el 9 de agosto. En ese contexto, Canals respondió con una frase vulgar que rápidamente generó repercusiones: “los cagones no hacen historia”.

Lejos de contribuir a un debate institucional serio sobre la reforma constitucional y el escenario electoral, las expresiones del funcionario dejaron expuesta una preocupante degradación del discurso político, con ataques, acusaciones y frases de baja calidad institucional pronunciadas desde uno de los cargos más importantes del Ejecutivo provincial.

La controversia se produce en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y distintos sectores políticos y judiciales, luego del veto impulsado por el Ejecutivo y de las discusiones en torno a la continuidad del proceso de reforma constitucional.

Ante ese escenario, distintos gremios y organizaciones sindicales resolvieron convocar a una movilización provincial en defensa del régimen, advirtiendo que cualquier avance sobre los subsidios tendría un impacto directo y devastador sobre la economía cotidiana de miles de familias fueguinas.

La convocatoria surgió luego de que comenzaran a circular proyectos y discusiones vinculadas a posibles cambios en el esquema de subsidios energéticos, situación que encendió las alarmas en la provincia, donde el consumo de gas no representa un lujo sino una necesidad básica vinculada a la supervivencia durante gran parte del año.

Desde los sindicatos remarcaron que eliminar o reducir el beneficio haría prácticamente imposible afrontar el costo del servicio para una enorme parte de la comunidad fueguina, especialmente en un contexto económico marcado por inflación, caída del poder adquisitivo y creciente deterioro de los ingresos.

“La Zona Fría no es un privilegio, es una necesidad”, señalaron desde distintos sectores gremiales al confirmar la movilización.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de organizaciones sindicales de distintos sectores, entre ellos gremios estatales, docentes y trabajadores industriales, que advirtieron sobre el fuerte impacto social que tendría una eventual modificación del régimen.

Además, remarcaron que Tierra del Fuego enfrenta condiciones climáticas extremas durante gran parte del año, lo que convierte al acceso al gas y la calefacción en un servicio esencial para la vida cotidiana de la población.

El temor no solo pasa por el aumento inmediato de las tarifas, sino también por las consecuencias sociales que podría generar una medida de este tipo en una provincia que ya atraviesa tensiones económicas vinculadas a la caída del empleo industrial, el incremento del costo de vida y la retracción del consumo.

En ese marco, los gremios sostienen que la movilización busca visibilizar el rechazo social a cualquier intento de avanzar sobre derechos adquiridos que forman parte de las condiciones diferenciales reconocidas históricamente para las provincias patagónicas.

La marcha aparece además como una señal de creciente unidad sindical frente a medidas nacionales que distintos sectores consideran perjudiciales para Tierra del Fuego, en un contexto donde la preocupación por el futuro económico de la provincia se profundiza semana tras semana.

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) lanzó una fuerte advertencia sobre el deterioro salarial que atraviesa el sector docente en Tierra del Fuego y aseguró que los trabajadores de la educación acumulan una pérdida de poder adquisitivo “de al menos un 150%” frente a la inflación de los últimos años.

Las declaraciones vuelven a poner en el centro de la escena el profundo malestar que atraviesa el sistema educativo fueguino, en medio de negociaciones paritarias estancadas, aumentos cuestionados por insuficientes y un escenario económico que golpea cada vez con más fuerza a los trabajadores estatales.

Desde el gremio remarcaron que el problema ya dejó de ser exclusivamente salarial para transformarse en una crisis estructural que impacta directamente sobre el funcionamiento del sistema educativo y sobre las condiciones de vida de los docentes.

La conducción sindical viene advirtiendo desde hace meses que las recomposiciones otorgadas por el Gobierno provincial no logran recuperar el poder adquisitivo perdido frente al avance constante de la inflación. Incluso, AMET ya había rechazado recientemente aumentos definidos por decreto al considerar que “no generan impacto real en el salario de bolsillo”.

El conflicto se profundiza además en un contexto nacional donde los gremios docentes denuncian el desmantelamiento de herramientas históricas de financiamiento educativo y la pérdida de referencias salariales nacionales. Desde distintos sectores sindicales se viene alertando sobre el deterioro del salario docente en todo el país y el creciente endeudamiento de las familias trabajadoras.

Un reclamo que excede la discusión paritaria

La preocupación expresada por AMET refleja un escenario que en Tierra del Fuego se vuelve particularmente sensible por el elevado costo de vida, el impacto de los servicios, los alquileres y la creciente presión económica sobre los hogares docentes.

En ese marco, desde el gremio sostienen que los incrementos salariales ofrecidos hasta el momento están muy lejos de compensar el deterioro acumulado y cuestionan que las propuestas oficiales sigan ubicándose por debajo de las necesidades reales del sector.

La tensión también se da en un contexto donde el Gobierno provincial busca contener el conflicto educativo apelando en varias oportunidades a aumentos por decreto, una herramienta que profundizó el rechazo sindical y dejó abierta la posibilidad de judicializaciones y nuevas medidas de fuerza.

“La educación no puede sostenerse con salarios destruidos”

El planteo de AMET no solo apunta a la pérdida salarial sino también a las consecuencias que esto genera sobre la calidad educativa, la permanencia de profesionales en el sistema y el desgaste creciente del sector.

Los gremios advierten que cada vez más docentes deben multiplicar horas de trabajo, endeudarse o buscar actividades complementarias para sostener sus ingresos, en un escenario donde el salario inicial pierde capacidad de cubrir necesidades básicas.

En paralelo, el malestar docente vuelve a tensionar el vínculo con el Ejecutivo provincial en momentos donde el Gobierno intenta sostener el funcionamiento del sistema educativo en medio de restricciones presupuestarias y caída de recursos.

La discusión salarial aparece así como uno de los focos de conflicto más delicados dentro del sector público fueguino, con sindicatos que endurecen su postura y una creciente sensación de desgaste entre los trabajadores de la educación.

La medida fue confirmada por José Luis Piedra, representante del gremio, durante una entrevista brindada a Radio Provincia, donde detalló que las retenciones de tareas se llevarán adelante los lunes, miércoles y viernes, de 12 a 16 horas, como forma de protesta ante la falta de respuestas oficiales.

“Estamos de medida de fuerza hasta que el Poder Ejecutivo atienda nuestros reclamos”, sostuvo Piedra, quien aseguró que el conflicto no solo responde a la ausencia de una recomposición salarial, sino principalmente a la interrupción total del diálogo con el Gobierno provincial.

“Desde noviembre del año pasado no tenemos diálogo con el Poder Ejecutivo en relación a paritarias. Ni siquiera hemos tenido la oportunidad de sentarnos a discutir o aportar algo”, afirmó.

Denuncian que el Gobierno avaló a otros gremios para representar a los profesionales

Uno de los puntos más sensibles planteados por ASPUE tiene que ver con lo ocurrido en una reunión paritaria desarrollada la semana pasada en Tolhuin, donde participaron ATE y UPCN.

Según denunció Piedra, durante ese encuentro se habría aceptado que ATE represente a los profesionales estatales dentro de las negociaciones salariales, algo que el gremio considera irregular y una intromisión directa sobre su representación sindical.

“Nosotros somos el sindicato legítimamente reconocido por el Ministerio de Trabajo de la Nación para representar a los profesionales universitarios del Estado. Durante todos estos años el Gobierno llevó adelante las paritarias con nosotros y ahora, de un día para el otro, aceptan esta propuesta de otros gremios”, cuestionó.

El dirigente sostuvo además que el Ejecutivo provincial nunca rechazó formalmente esa propuesta realizada por ATE y UPCN, lo que interpretan como un consentimiento implícito por parte del Gobierno.

“Eso agrava aún más el conflicto”, remarcó.

“Hoy los funcionarios nos esquivan”

Durante la entrevista, Piedra dejó una de las frases más duras al describir el actual vínculo con el Ejecutivo provincial.

“Cada vez que queremos hablar con algún funcionario, se escapan cuando los abordamos. Dicen que están apurados o que se tienen que ir. Hoy nos esquivan”, afirmó.

El dirigente aseguró que existe una diferencia marcada respecto a años anteriores, donde el diálogo con el Gobierno era permanente dentro de las discusiones paritarias.

“Antes teníamos referentes claros con quienes discutir salarios y condiciones laborales. Hoy el diálogo está totalmente suspendido”, insistió.

Presentaciones formales y advertencias al Gobierno

ASPUE ya realizó presentaciones ante el Ministerio de Trabajo provincial y ante el propio Gobierno rechazando el acta firmada en Tolhuin, además de notificar formalmente las medidas de fuerza.

Piedra también apuntó contra el secretario de Trabajo de la provincia, al cuestionar que haya manifestado desconocer la situación del gremio.

“El año pasado hicimos elecciones y notificamos formalmente todo ante el Ministerio de Trabajo. Que hoy digan que desconocen esta situación parece más una decisión intencional que un error administrativo”, disparó.

El conflicto podría profundizarse

Por el momento, el gremio mantendrá las retenciones de tareas mientras espera una respuesta oficial del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, desde ASPUE advirtieron que las próximas medidas dependerán de la actitud que adopte el Gobierno provincial y de si existe voluntad política para reactivar el diálogo salarial.

“Esperamos que el Ejecutivo empiece a tomar consideración de esta situación y fortalezca el diálogo que siempre tuvimos. Hoy está completamente frenado”, concluyó Piedra.

El legislador aseguró en FM del Pueblo, que existe una fuerte presión desde Nación para avanzar con el tratamiento del tema en el Congreso y apuntó directamente contra los representantes fueguinos alineados con La Libertad Avanza.

“Estoy convencido de que van a votar lo que el Gobierno nacional les pide. Van a votar para quitarle a Tierra del Fuego el subsidio de zona fría”, afirmó Araujo Hernández.

El diputado explicó que el proyecto busca restringir el acceso al beneficio únicamente a hogares de muy bajos ingresos, dejando afuera a gran parte de la población trabajadora de la provincia. Según advirtió, esto generaría un impacto devastador sobre la economía familiar en medio de la crisis económica y las bajas temperaturas extremas del sur del país.

“En Tierra del Fuego el gas es vida. Si no tenemos gas, nos morimos de frío. No es una frase política, es la realidad”, sostuvo.

Además, cuestionó que el Gobierno nacional mantenga el cobro del fondo destinado a financiar el régimen de Zona Fría mientras reduce la cantidad de beneficiarios.

“Van a seguir recaudando la misma plata, pero quitándole el subsidio a la gente. El único perjudicado termina siendo el pueblo”, disparó.

Araujo también acusó al oficialismo de priorizar el ajuste fiscal por encima de las necesidades básicas de las provincias patagónicas y aseguró que la eliminación del beneficio significaría “un golpe directo al bolsillo y a la salud de la gente”.

Frente al posible avance del proyecto, el bloque opositor buscará impedir el quórum en la sesión prevista para este miércoles en Diputados, estrategia con la que intentarán frenar el tratamiento de la reforma.

“Ojalá algunos diputados recapaciten y defiendan a Tierra del Fuego antes que obedecer órdenes del Gobierno nacional”, concluyó el legislador.

La discusión por la Zona Fría ya genera fuerte tensión política en distintas provincias del país y promete convertirse en uno de los debates más calientes de las próximas semanas en el Congreso.

En diálogo con FM Provincia, el funcionario señaló que el operativo venía siendo anunciado desde semanas anteriores y que desde el 15 de mayo comenzaron formalmente los controles en distintos puntos de la provincia, en el marco de una estrategia conjunta entre organismos provinciales y nacionales.

“Vimos una muy buena respuesta de la gente. Muchos vecinos se anticiparon al cambio de neumáticos y también comenzaron a utilizar las herramientas de información sobre el estado de las rutas y las alertas meteorológicas antes de viajar”, expresó Gamarra.

El subsecretario explicó que el operativo involucra a más de 18 instituciones que integran el Comité Operativo de Emergencia (COE), entre ellas Protección Civil, Gendarmería, Vialidad, Agencia Nacional de Seguridad Vial y CNRT, con el objetivo de reforzar la prevención y reducir los siniestros viales durante la temporada invernal.

En ese sentido, remarcó que uno de los principales objetivos es sostener las estadísticas de reducción de víctimas fatales en rutas fueguinas. “Venimos trabajando desde hace años con el observatorio vial para detectar sectores críticos y mejorar la prevención. El desafío es seguir fortaleciendo la conciencia vial”, sostuvo.

Gamarra recordó además que es obligatorio circular con cubiertas de invierno y recomendó asesorarse en gomerías habilitadas para elegir el neumático adecuado según el tipo de conducción y la zona donde se transita.

“Hoy existen distintas alternativas, como neumáticos con clavos, de sílice o cuatro estaciones. Lo importante es utilizar el que corresponda según las condiciones de uso y hacerlo con responsabilidad”, indicó.

Asimismo, insistió en la necesidad de reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y extremar los cuidados en sectores con nieve, escarcha, hielo negro o presencia de animales sueltos sobre la ruta.

Finalmente, el funcionario recordó que ya se realizan controles en las salidas de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, además de verificaciones específicas para vehículos de gran porte respecto a la portación y uso correcto de cadenas para nieve.

En diálogo con FM del Pueblo, Blanco analizó el conflicto generado alrededor de la reforma constitucional y el veto del gobernador a la derogación de la ley 1529, y aseguró que el escenario actual refleja “una preocupante pérdida de funcionamiento institucional”.

“Las disputas políticas y personales están poniendo en riesgo la gobernabilidad y la institucionalidad de la provincia”, sostuvo.

El dirigente radical consideró que el debate sobre la reforma constitucional “nació mal” desde el comienzo, debido a la falta de consenso y discusión previa dentro del ámbito legislativo.

“Se hizo sobre tablas, sin debate y sin búsqueda de consensos para algo tan importante como modificar la Constitución provincial”, expresó.

Blanco recordó que posteriormente el tema fue judicializado y que la Justicia se pronunció sobre la validez de la norma, por lo que cuestionó la decisión posterior de la Legislatura de avanzar con la derogación cuando ya existía una convocatoria electoral en marcha.

“La verdad que quedamos hacia afuera como poco serios. Se sanciona una ley, la Justicia dice que está bien, el gobernador convoca a elecciones y después la Legislatura deroga esa misma ley”, afirmó.

El ex senador también vinculó el conflicto político con internas de poder entre sectores que anteriormente compartían espacios dentro del oficialismo provincial.

“Hay sectores que antes eran socios políticos y hoy, por disputas partidarias o personales, están llevando la institucionalidad a una situación muy complicada”, señaló.

En ese sentido, Blanco fue aún más directo y aseguró que detrás de la crisis institucional existe una fuerte pelea por espacios de poder.

“No me cabe ninguna duda de que acá hay disputas políticas y de poder. Algunos ven que están perdiendo espacios y reaccionan en función de eso”, manifestó.

El referente radical también cuestionó las contradicciones que, según dijo, se están dando dentro de distintos ámbitos institucionales de la provincia, incluyendo el Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura.

“Si no nos detenemos a analizar la pérdida de funcionamiento institucional que está teniendo la provincia, vamos por muy mal camino”, advirtió.

Consultado sobre la posibilidad de avanzar igualmente con la elección de convencionales constituyentes, Blanco sostuvo que el conflicto podría terminar resolviéndose en las urnas o incluso dentro de una eventual convención.

“Puede pasar que se hagan las elecciones y después la mayoría de los convencionales diga que no hay que reformar la Constitución. Lo que nació mal difícilmente termine bien”, indicó.

Además, remarcó que el principal problema de la política fueguina es la falta de diálogo y consenso entre los distintos actores.

“Las cosas se arreglan hablando. Hay que volver al diálogo y dejar de poner en riesgo la gobernabilidad por intereses partidarios”, afirmó.

Durante la entrevista, Blanco también se refirió a las declaraciones del diplomático argentino Rafael Grossi sobre Malvinas y rechazó cualquier planteo vinculado a “desmalvinizar” el reclamo argentino.

“Más que desmalvinizar, hay que malvinizar. El reclamo de soberanía es una obligación constitucional”, sostuvo.

La norma, impulsada principalmente por sectores del PJ y acompañada por distintos bloques opositores, establece un sistema de transferencia automática y diaria de fondos coparticipables hacia los municipios y otros organismos provinciales. El objetivo central de la iniciativa era quitar discrecionalidad al Poder Ejecutivo en el manejo y envío de recursos, garantizando previsibilidad financiera a municipios como Río Grande, Ushuaia y Tolhuin.

Qué implica realmente la Ley de Goteo

El sistema aprobado obliga a que los recursos provenientes de coparticipación federal, regalías hidrocarburíferas e impuestos provinciales coparticipables sean transferidos diariamente y de manera automática mediante el Banco Tierra del Fuego.

En términos políticos, la ley reduce la capacidad del Ejecutivo provincial de administrar los tiempos de envío de fondos, algo que históricamente funcionó como una herramienta de negociación y control político sobre los municipios y distintos organismos.

Los defensores del proyecto sostienen que la medida busca transparentar y ordenar la distribución de recursos, eliminando retrasos y discrecionalidades que complicaban el funcionamiento financiero de los municipios.

Sin embargo, desde el Gobierno provincial interpretan la iniciativa como un intento de limitar la capacidad operativa y financiera del Ejecutivo en un contexto económico complejo. Melella incluso llegó a hablar de una “actitud destituyente” dentro de la Legislatura y acusó a ciertos sectores políticos y empresariales de intentar “condicionar o voltear” al Gobierno.

Un golpe político al corazón del oficialismo

La aprobación de la Ley de Goteo se dio en la misma sesión en la que la Legislatura derogó la Ley 1529, que habilitaba el proceso de reforma constitucional impulsado por el propio Melella.

Ese doble movimiento legislativo fue leído dentro del oficialismo como una demostración de pérdida de control político del Ejecutivo sobre la Cámara.

La votación dejó expuesta una nueva configuración de mayorías parlamentarias donde sectores del PJ, Somos Fueguinos y otros espacios lograron avanzar sobre dos iniciativas sensibles para el Gobierno:

• limitar el manejo financiero discrecional;
• y frenar una de las principales apuestas políticas del gobernador: la reforma constitucional.

El dato no es menor porque hasta hace pocos meses el oficialismo conservaba capacidad de articulación parlamentaria suficiente para evitar este tipo de derrotas políticas.

Qué puede pasar ahora

La sanción legislativa no implica necesariamente que la disputa haya terminado. El escenario que se abre es complejo y podría derivar en nuevas instancias institucionales y judiciales.

Entre las posibles acciones futuras aparecen:

1. Veto parcial o total del Ejecutivo

El gobernador podría vetar la norma total o parcialmente. Esa sería la herramienta política inmediata para intentar frenar la implementación del sistema.

Sin embargo, si la Legislatura logra reunir los votos necesarios para insistir sobre la ley, el veto podría quedar sin efecto.

2. Judicialización del conflicto

Otro camino posible es que el Ejecutivo avance judicialmente argumentando afectación de facultades constitucionales del Poder Ejecutivo en materia de administración financiera.

Ese escenario abriría una nueva etapa de tensión institucional, similar a la que ya ocurrió con la reforma constitucional.

3. Reconfiguración política dentro de la Legislatura

La aprobación de la ley mostró un nuevo mapa político dentro del Parlamento fueguino. La oposición logró articular una mayoría circunstancial capaz de imponer agenda y avanzar sobre temas centrales.

Eso podría derivar en nuevas iniciativas destinadas a limitar márgenes de maniobra del Ejecutivo, especialmente en áreas sensibles como presupuesto, OSEF y manejo de recursos públicos.

4. Fortalecimiento político de los municipios

Los intendentes aparecen como uno de los sectores más fortalecidos tras la sanción de la ley, particularmente porque obtendrían mayor previsibilidad financiera y autonomía frente al Ejecutivo provincial.

La discusión de fondo es política

Más allá del aspecto técnico-financiero, la disputa por la Ley de Goteo refleja una pelea mucho más profunda:
quién controla la caja política de la provincia y cuánto margen conserva el Ejecutivo para administrar recursos en un escenario económico cada vez más delicado.

La decisión de la Legislatura marca además un cambio de clima político dentro de Tierra del Fuego. Lo ocurrido en la última sesión dejó una señal clara: el Gobierno de Melella enfrenta hoy un escenario parlamentario mucho más adverso y fragmentado que el que tuvo durante gran parte de su gestión.

TOLHUIN.- La Administración Nacional de la Seguridad Social puso en marcha este lunes un dispositivo especial de atención al público en la localidad mediterránea. Las oficinas móviles de la entidad, que orbita bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, permanecerán operativas hasta el viernes 22 del corriente mes. Los turnos y consultas se canalizan directamente en la sede del Centro Asistencial, establecimiento situado en la Avenida de Los Selknam 273, dentro de la franja horaria que se extiende desde las 8 hasta las 14 horas.

Los beneficiarios y nuevos solicitantes tienen la posibilidad de resolver diversas gestiones administrativas con solo presentar el documento nacional de identidad junto a las constancias correspondientes de cada trámite. El abanico de servicios disponibles en la unidad itinerante contempla la tramitación de las asignaciones universales por hijo y por embarazo, los subsidios familiares tradicionales y las denominadas asignaciones de pago único, renglón que abarca las liquidaciones extraordinarias por nacimiento, matrimonio y adopción.

Las ventanillas de la dependencia nacional también quedaron habilitadas para recibir los formularios de escolaridad obligatoria y dar curso a las solicitudes vinculadas a la prestación por desempleo. Asimismo, los agentes que integran el contingente técnico brindan asesoramiento para la modificación del punto geográfico de cobro de los haberes, la habilitación de la clave de la seguridad social en las plataformas digitales, el alta en las obras sociales correspondientes y la corrección de los legajos de datos personales en los registros del Estado Federal.

El proceso judicial pondrá bajo la lupa un esquema de presuntas irregularidades detectadas en el programa de 128 viviendas del barrio Barrancas del Río Pipo, operatoria que había sido impulsada por el Instituto Provincial de la Vivienda y Hábitat (IPVyH) y que estaba destinada originalmente a dar respuestas habitacionales a afiliados de ATE.

De acuerdo con la acusación fiscal, Córdoba y Arana habrían utilizado su posición dentro de la estructura gremial para ofrecer lugares o supuestas soluciones habitacionales a personas que no cumplían con los requisitos establecidos para acceder a las viviendas. A cambio, según sostiene la investigación, habrían recibido dinero en efectivo, vehículos, cheques y distintos bienes materiales.

La causa investiga un total de 22 hechos de presuntas maniobras defraudatorias que, según el expediente, se concretaban mediante gestiones ante organismos públicos y la presentación de listados de postulantes que no formaban parte del universo legítimo de beneficiarios.

La gravedad de la acusación radica en que las viviendas involucradas correspondían a un programa social destinado a trabajadores y familias que esperaban acceder a una solución habitacional en una provincia marcada históricamente por el déficit de viviendas. Según la investigación judicial, varias personas habrían entregado importantes sumas de dinero bajo la promesa de obtener una casa, algo que finalmente nunca se concretó.

El expediente calcula que el perjuicio económico derivado de las maniobras asciende a más de 8 millones de pesos y alrededor de 52 mil dólares, montos entregados antes del año 2018, cuando comenzaron a radicarse las primeras denuncias.

En paralelo, el tercer acusado, Erik Enrique Moscoso Panozo, será juzgado por presuntas operaciones de lavado de activos. Según la investigación, habría participado en movimientos vinculados a maquinaria vial, cheques y contratos comerciales destinados a dar apariencia legal a bienes y fondos obtenidos a partir de las maniobras investigadas.

La acusación estará a cargo del fiscal Daniel Curtale, mientras que la defensa de los imputados será ejercida por los abogados José María Fernández López, Marisel Banegas y Rodrigo Guidi.

Además, el juicio contará con la participación de particulares damnificados y del propio Instituto Provincial de la Vivienda y Hábitat, que se presentó como querellante en la causa.

Un juicio de alto impacto político y sindical

El inicio del debate oral generó especial atención en el ámbito político y sindical fueguino debido a la figura de Córdoba, histórico dirigente estatal de la provincia y referente de ATE en Tierra del Fuego durante los últimos años.

La expectativa en torno al proceso es tal que el Poder Judicial dispuso un importante operativo de seguridad en el edificio de Tribunales de Ushuaia, con restricciones vehiculares y presencia policial en las inmediaciones para garantizar el normal desarrollo de las audiencias.

El juicio buscará determinar si existió una estructura organizada para comercializar de manera irregular viviendas sociales que debían destinarse exclusivamente a trabajadores afiliados al gremio, en una causa que expone una de las denuncias más delicadas relacionadas con el manejo de soluciones habitacionales en la provincia.

En declaraciones a TV Pública Fueguina, la funcionaria explicó que el sistema de adopción provincial forma parte de la Red Federal de Registros, lo que permite trabajar bajo criterios comunes en todo el país.

“Las familias que están interesadas en inscribirse tienen que acudir al lugar donde están residiendo para informarse y de ahí en más proceder con la inscripción”, expresó Choque.

En ese marco, remarcó que uno de los principales desafíos es derribar los mitos que existen alrededor de los trámites de adopción, especialmente aquellos relacionados con la burocracia.

“Se dice que es muy burocrático, son muchos trámites, pero la verdad es que no”, afirmó, al tiempo que detalló que la documentación requerida incluye partida de nacimiento, DNI, certificado de domicilio, certificado de reincidencia, documentación de la vivienda, recibo de sueldo, certificado de salud y certificado de deudores alimentarios.

La titular del RUA explicó además que la documentación puede presentarse tanto de manera presencial como vía correo electrónico y, posteriormente, interviene el equipo técnico encargado de realizar las evaluaciones sociales y psicológicas.

Durante ese proceso, las familias interesadas completan una declaración jurada en la que definen el perfil adoptivo por el cual desean inscribirse.

En relación con este punto, Choque indicó que la mayoría de las familias fueguinas opta por perfiles de la primera infancia.

“En su gran mayoría, las familias eligen perfiles desde recién nacidos hasta cinco o seis años y, a medida que aumenta la edad, el interés va decreciendo”, señaló.

Asimismo, aclaró que los tiempos de espera suelen estar directamente vinculados al perfil elegido por cada postulante.

“En esta provincia no tenemos familias inscriptas esperando hace más de 11 años”, sostuvo.

La directora del Registro Único de Adoptantes también se refirió a las adopciones de grupos de hermanos, una situación que representa un desafío mayor para muchas familias.

“Muchas familias se postulan para recibir dos hermanitos, pero ya es más difícil cuando se trata de tres”, indicó.

No obstante, destacó que existen experiencias exitosas en la provincia y remarcó la importancia de acompañar adecuadamente cada proceso.

“La familia tiene que estar preparada para acompañar la crianza, pero hay familias que han transitado el proceso adoptivo de tres hermanitos y con mucho éxito”, afirmó.

La vicepresidenta criticó la compra de una aeronave presuntamente en mal estado y aprovechó para poner sobre la mesa el abandono que —según sostuvo— atraviesan las Fuerzas Armadas.

“Los sueldos del personal militar están en el subsuelo y la obra social totalmente quebrada”, lanzó.

Además, cuestionó con dureza a quienes tomaron decisiones dentro de la estructura militar y política:

“¿A quién responden estos uniformados?”

Las declaraciones tuvieron un fuerte impacto político porque reflejan nuevamente que la vicepresidenta ya no disimula sus diferencias con el núcleo duro del Gobierno libertario.

Una ruptura que ya es total

La relación entre Milei y Villarruel dejó de ser una simple tensión interna hace meses para transformarse en una pelea abierta.

El propio Presidente llegó a calificarla públicamente de “traidora” y “demagoga”, molesto por la construcción política propia que la vicepresidenta comenzó a desarrollar desde el Senado y por sus posicionamientos diferenciados respecto de varias decisiones del Gobierno.

Desde el entorno presidencial incluso deslizan sospechas sobre un eventual armado político de Villarruel con proyección hacia 2027, algo que en la Casa Rosada observan como una amenaza interna dentro de La Libertad Avanza.

Mientras tanto, la vicepresidenta también dejó trascender su malestar por el intento de sectores oficialistas de empujarla hacia una eventual renuncia, algo que rechazó de manera contundente.

Poder, aislamiento y una agenda propia

Uno de los puntos que terminó profundizando la fractura fue la pérdida de influencia de Villarruel en áreas sensibles como Seguridad y Defensa, espacios que —según trascendió— formaban parte de los acuerdos políticos originales durante la campaña presidencial de 2023.

Con el correr de los meses, Milei fue cerrando cada vez más el círculo de decisiones alrededor de Karina Milei y Santiago Caputo, dejando a la vicepresidenta aislada de las mesas de poder real.

Desde entonces, Villarruel comenzó a construir un perfil propio, diferenciándose en temas institucionales, en el vínculo con las Fuerzas Armadas y también en algunas discusiones sociales donde mostró posiciones menos extremas que el Presidente.

Una pelea que debilita al oficialismo

La tensión permanente entre Milei y Villarruel ya no es solamente una interna política: se transformó en un problema institucional para un Gobierno que enfrenta crecientes conflictos económicos, caída del consumo, pérdida de empleo y desgaste político.

Cada nueva declaración cruzada alimenta la sensación de desorden interno dentro de una gestión que había prometido disciplina y cohesión.

La situación también deja expuesta la fragilidad de una alianza política que llegó al poder unida únicamente por el objetivo electoral, pero que nunca terminó de consolidar un esquema claro de convivencia política.

El fantasma de una ruptura definitiva

En la Casa Rosada muchos ya consideran que la relación entre el Presidente y su vice no tiene retorno.

Las diferencias políticas, la pelea por espacios de poder y la construcción de liderazgo hacia el futuro parecen haber quebrado definitivamente el vínculo entre ambos.

Mientras Milei profundiza un modelo de conducción extremadamente cerrado y personalista, Villarruel empieza a mostrar señales de autonomía política y busca posicionarse frente a sectores que observan con preocupación el rumbo del Gobierno.

La incógnita ahora es hasta dónde puede escalar una interna que ya dejó de ser silenciosa y que amenaza con convertirse en uno de los principales focos de desgaste del oficialismo libertario.

RIO GRANDE.- Con un acto en la plaza de armas del Batallón de Infantería de Marina N°5 este domingo se llevó adelante la ceremonia central para conmemorar el 212° aniversario del nacimiento de la Armada Argentina. El encuentro se llevó a cabo en la plaza de armas “SMIM José Rodríguez” y estuvo presidido por el Capitán de Navío IM Sebastián Carrasco, actual Comandante de la Brigada de Infantería de Marina Austral. Al acto se sumaron las máximas autoridades de las dependencias navales y aeronavales con asiento en la zona norte de la isla.

La conducción del protocolo estuvo bajo la responsabilidad del Teniente de Navío IM Amilcar Acosta, mientras que la lectura de las palabras alusivas correspondió al Teniente de Fragata CPES Emiliano Daniel Oneto.

El discurso reseñó el Combate Naval de Montevideo librado por Guillermo Brown el 17 de mayo de 1814 como el suceso fundacional de la institución. Aquella victoria sobre la flota española resultó determinante para cortar los suministros del bando realista y despejar el camino hacia las posteriores expediciones libertadoras conducidas por José de San Martín.

La reseña histórica puntualizó el valor de asegurar el control sobre el Río de la Plata en el proceso independentista americano. Asimismo, se hizo mención al marco legal que dispuso esta fecha conmemorativa, instituida de modo formal a través del decreto 5.304 en mayo del año 1960. La normativa nacional buscó convalidar los aportes del Almirante Brown al frente de las primeras escuadras patrias y fijar un reconocimiento definitivo a la trayectoria de los marinos en el país.

El presente operativo de la fuerza también formó parte de los ejes expuestos durante la convocatoria en la guarnición militar. Se remarcó la coordinación de tareas que la institución sostiene con el Ejército Argentino, la Fuerza Aérea y la Prefectura Naval en misiones de custodia de las aguas nacionales. Las autoridades presentes hicieron hincapié en el despliegue logístico que demanda la soberanía en la zona antártica, el control de las flotas pesqueras dentro de la zona económica exclusiva y las nuevas exigencias en el campo de la ciberdefensa.

El aspecto religioso del homenaje estuvo a cargo del Diácono Dionisio Prado, quien pronunció una invocación y otorgó la bendición a las dotaciones formadas. El palco oficial albergó al cónsul de Chile en la ciudad, Julio Alexander Villarroel Alarcón, al concejal Jonatan Bogado y al secretario provincial de Enlace con las Fuerzas de Seguridad, José Díaz. También acompañaron las delegaciones de otras fuerzas de seguridad del norte de la isla, funcionarios del gabinete de la provincia y miembros del Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas.

La Banda de Música del Municipio aportó el marco sonoro de la formación interpretando las estrofas del Himno Nacional Argentino, seguidas por las marchas de Malvinas y de la Armada. El cierre de la ceremonia se dio con el saludo reglamentario de las tropas frente a sus jefes para ratificar los ideales de defensa territorial y memoria institucional. De este modo concluyó la actividad oficial programada para recordar la constitución de la flota marítima del Estado en la región austral.

El hecho fue informado al personal policial a través de una comunicación a la Central de Emergencias 500, que alertaba sobre una riña en la intersección de Río Chico y Vicuña, donde se encontraban involucradas dos mujeres y un hombre.

Al arribar al lugar, efectivos de la prevención a cargo del inspector Godoy localizaron en el exterior de la vivienda a una joven de 24 años, identificada como L.C.R., quien relató que momentos antes se había presentado en el domicilio su ex pareja, Edgar Emmanuel Ovelar, de 29 años, solicitando ingresar al baño.

Según manifestó la denunciante, al abrirle la puerta el sujeto intentó permanecer dentro de la vivienda, situación que derivó en un forcejeo, logrando finalmente expulsarlo del lugar. No obstante, el hombre se dirigió posteriormente hacia la parte trasera de la casa, donde rompió el panel vidriado de una ventana e ingresó nuevamente al inmueble.

La mujer indicó que logró sacar otra vez al individuo con la ayuda de una vecina que acudió al escuchar los disturbios.

El sospechoso presentaba lesiones superficiales en sus manos, compatibles con la rotura del vidrio, y fue aprehendido a las 9:37 horas por los delitos de daños y violación de domicilio.

Del hecho tomó intervención la Fiscalía de Género, a cargo de la Dra. Castro, mientras que personal policial labró las actuaciones correspondientes.