USHUAIA.- El 2 de octubre, la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) puso en vigencia el revalúo del Impuesto Inmobiliario Rural correspondiente a 2026, después de 14 años sin modificar el valor básico de referencia de la tierra. El nuevo Valor Unitario Básico (VUB) de la tierra libre de mejoras quedó establecido en $81.623,46 por hectárea, frente a los $900 que regían desde 2012. La actualización implica una suba nominal del 8.969%, ya que el nuevo valor es 90,7 veces superior al anterior.

El incremento del valor básico no significa que cada propiedad vaya a registrar una suba equivalente en el impuesto. La valuación de cada parcela contempla además distintos coeficientes vinculados con la zona agroecológica, la ubicación, la cercanía a recursos naturales, la distancia a los centros urbanos y a la Ruta Nacional 3 y las características económicas del inmueble.

La incidencia de esos factores correctores tiene un límite del 40% y determina la valuación final sobre la cual se calcula el tributo.

La actualización alcanza exclusivamente a los inmuebles rurales. La Ley Provincial 1574 suspendió hasta fines de 2026 la aplicación general del Impuesto Inmobiliario provincial, pero exceptuó expresamente al Inmobiliario Rural, que continúa vigente.

Cómo se calcula el nuevo impuesto

Para establecer el impuesto correspondiente a cada inmueble, la Resolución 677/26 tomó como referencia la UAPES vigente al inicio de 2026, fijada en $83,19. La nueva valuación determinará el tramo de la escala y la alícuota que corresponderá aplicar en cada caso.

Un ejemplo permite dimensionar el cambio. Un predio hipotético de 500 hectáreas ubicado en la zona centro, destinado al turismo, sobre la Ruta Nacional 3 y próximo al Lago Escondido, tenía con el anterior valor básico una valuación inicial de $450.000.

Con el nuevo VUB, esa valuación asciende a unos $40,8 millones. Si además se aplicaran los factores correctores hasta alcanzar el máximo del 40%, podría llegar aproximadamente a $57,1 millones.

En ese supuesto, el Impuesto Inmobiliario Rural correspondiente a 2026 sería de unos $124.785 anuales, dado que se aplicaría el mínimo de 250 UAPES para cada una de las seis cuotas. Cada vencimiento representaría $20.797,50.

Cuotas vencidas y nuevo calendario

Uno de los aspectos particulares de la actualización es el momento en que fue aprobada. La resolución se dictó el 2 de octubre, cuando ya habían transcurrido los vencimientos originales de febrero, abril, junio y agosto correspondientes a las primeras cuatro cuotas.

AREF trasladó esas cuatro cuotas al 30 de diciembre. La quinta cuota vence el 15 de octubre, apenas 13 días después de la entrada en vigencia del nuevo esquema, mientras que la sexta tiene vencimiento el 11 de diciembre.

De esta manera, la totalidad del Impuesto Inmobiliario Rural correspondiente a 2026 deberá ser afrontada durante el último trimestre del año.

Los pagos deberán efectuarse mediante los medios electrónicos habilitados por AREF, con la correspondiente generación del Volante Electrónico de Pago.

El revalúo modifica así una referencia que permanecía sin cambios desde 2012. Aunque el valor básico de la tierra libre de mejoras aumentó más de 90 veces, el impacto final sobre cada propietario dependerá de las características del inmueble, la valuación fiscal resultante y el tramo de la escala tributaria en el que quede encuadrado.

USHUAIA.- Este lunes 5 de octubre comenzó en Ushuaia la XXXVII Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos (RAPAL), con la participación de ocho delegaciones de países de la región. Las actividades se desarrollan en el Arakur Ushuaia Resort & Spa, sede del encuentro durante esta semana.

La RAPAL reúne anualmente a los programas antárticos de los países latinoamericanos signatarios del Tratado Antártico y funciona como un espacio para coordinar iniciativas de investigación y logística, intercambiar experiencias y abordar posiciones comunes dentro del Sistema del Tratado Antártico.

Recorridas para conocer la infraestructura antártica

Como parte de la agenda inicial se realizaron dos recorridas institucionales destinadas a mostrar las capacidades y la infraestructura logística vinculadas con la actividad antártica en Ushuaia.

Los jefes de delegación participaron de un recorrido aéreo institucional con HeliUshuaia, de Volar S.A., desde el helipuerto ubicado en el predio del antiguo aeropuerto. La empresa fueguina se encuentra autorizada por la Dirección Nacional del Antártico para realizar 14 vuelos a la Antártida durante la próxima temporada.

En paralelo, las delegaciones oficiales realizaron el recorrido terrestre denominado “Conexiones Australes”, que incluyó distintos puntos de Ushuaia vinculados con la actividad antártica.

Encuentro de los jefes de delegación

Durante la primera jornada también se desarrolló la reunión de jefes de delegación en el Arakur Ushuaia Resort & Spa.

Las actividades finalizaron con el cóctel de bienvenida ofrecido en honor de las delegaciones participantes de la XXXVII RAPAL.

La agenda continúa este martes

Este martes 6 de octubre se realizará la sesión plenaria de apertura de la RAPAL. A las 18.30 está previsto además un conversatorio sobre contaminación por plásticos en la Antártida, en el marco del proyecto NUTEC Plastics.

La agenda continuará el miércoles 7 de octubre con el Foro de Ciencia, Logística e Innovación Antártica, que se desarrollará desde las 18 en el Salón Magallanes del Arakur Ushuaia Resort & Spa. La propuesta incluirá stands del Networking Polar y la Muestra Antártica.

La explicación que Manuel Adorni presentó ante la Justicia para justificar el crecimiento de su patrimonio abrió una nueva etapa de la investigación, lejos de cerrarla.

El exjefe de Gabinete había entregado en septiembre un escrito de 78 páginas para responder las 20 preguntas formuladas por el fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Entre los puntos centrales, Adorni sostuvo que parte sustancial de los fondos cuestionados provenía de antiguas operaciones con criptomonedas y aportó ocho direcciones de Bitcoin que, según su versión, utilizó entre 2014 y 2018. Con esas operaciones aseguró haber obtenido US$591.544. 

Pero la presentación dejó abierto el interrogante fundamental: ¿esas billeteras estaban efectivamente bajo su control cuando se produjeron las operaciones?

Por eso, la Fiscalía encargó al Departamento Técnico Cibercrimen de la Policía Federal un nuevo peritaje con 29 preguntas específicas destinadas a reconstruir quién manejó realmente esas cuentas, desde cuándo existen las claves y cómo se realizaron los movimientos. 

Tener hoy las claves no demuestra haber tenido las billeteras en 2014

La defensa de Adorni ya logró comprobar una cuestión: las ocho direcciones existen y sus abogados pudieron utilizar las claves privadas para firmar un mensaje criptográfico generado por la Fiscalía.

Eso acredita que actualmente tienen acceso a esas billeteras.

Pero, según explicó la propia investigación, no demuestra automáticamente que Adorni haya sido quien las controlaba entre 2014 y 2018.

Las claves privadas pueden transferirse. Una persona puede obtener posteriormente el control de una dirección que ya registra operaciones anteriores. Precisamente por eso el fiscal pidió determinar si existe alguna herramienta técnica capaz de establecer desde cuándo una persona tuvo efectivamente esas claves. 

Ese es el núcleo de las nuevas 29 preguntas.

La PFA deberá analizar, entre otras cosas, si los 41 movimientos detectados en las ocho billeteras pudieron ser realizados por una sola persona, si necesariamente intervinieron terceros y si existen rastros técnicos que permitan identificar quién realizó depósitos o transferencias. 

La explicación: bitcoins comprados en efectivo y dólares guardados durante años

La versión aportada por Adorni también presenta una particularidad que ahora deberá ser contrastada.

Según su defensa, realizó una primera inversión en Bitcoin en 2014 y otra cercana a US$200.000 en 2017, mediante encuentros presenciales con vendedores, fuera de plataformas reguladas.

Luego afirmó que vendió los criptoactivos en efectivo y que mantuvo el dinero guardado en su domicilio hasta diciembre de 2023, cuando ingresó a la función pública. 

La Fiscalía quiere saber ahora si esa secuencia puede reconstruirse técnicamente y si existe documentación, registros o información independiente que permita respaldarla.

También pidió conocer qué normativa existía entre 2014 y 2018 para operaciones con criptomonedas, qué registros debían conservar las plataformas de intercambio y cuál era el alcance de las obligaciones antilavado vigentes en aquellos años. 

Las declaraciones juradas también tuvieron que ser rectificadas

Otro punto bajo análisis es que esos dólares no estaban originalmente incluidos en sus declaraciones patrimoniales.

Adorni posteriormente rectificó sus declaraciones juradas e incorporó fondos que justificó como provenientes de “ventas de activos”.

En su presentación judicial sostuvo que esa corrección no debía interpretarse como un intento de ocultamiento, sino como una rectificación voluntaria destinada a restablecer la exactitud de lo declarado. 

Para la investigación, sin embargo, la cuestión no termina en la rectificación: debe establecerse si efectivamente existían los fondos, cuál era su origen y si estaban disponibles para afrontar los gastos realizados posteriormente.

Una diferencia de más de $43 millones que Adorni considera “residual”

La presentación también intentó responder otro cuestionamiento de la Fiscalía: una diferencia superior a $43 millones entre ingresos y gastos del matrimonio Adorni-Angeletti.

La defensa definió esa diferencia como una “brecha residual” y rechazó que pudiera considerarse una desproporción patrimonial manifiesta. 

Pero el expediente ya venía acumulando interrogantes mucho más amplios.

Un informe incorporado a la causa había detectado inconsistencias entre los ingresos conocidos y distintos gastos realizados desde el ingreso de Adorni a la función pública. La investigación reconstruyó movimientos por cientos de miles de dólares, entre propiedades, viajes, deudas y consumos. 

Entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, la Fiscalía identificó pagos generales por $272,8 millones y más de US$402.000, de los cuales una porción significativa habría sido realizada en efectivo. 

La casa de Indio Cuá, otro punto todavía discutido

La vivienda adquirida por Adorni en el country Indio Cuá también forma parte de la investigación.

El exfuncionario declaró que pagó US$120.000 por el inmueble y que gran parte de la operación fue financiada mediante un préstamo hipotecario.

Respecto de las remodelaciones, rechazó la versión del contratista Matías Tabar, quien había declarado que las obras costaron alrededor de US$245.000 en efectivo.

Adorni sostuvo que las refacciones demandaron US$175.000 provenientes de ahorros. 

La diferencia entre ambas versiones forma parte del análisis judicial.

La Justicia no cerró el caso: lo profundizó

La secuencia es importante.

Adorni presentó documentación, explicó el origen de los fondos y aportó las claves de las ocho billeteras.

La Fiscalía pudo comprobar que las direcciones existen, que los movimientos coinciden con los informados y que actualmente las claves permiten operarlas. 

Pero eso todavía no responde la pregunta central.

La Justicia necesita establecer si esas billeteras pertenecían efectivamente a Adorni cuando se realizaron las operaciones que hoy utiliza para justificar casi US$600.000.

Por eso Pollicita no dio por concluida la explicación patrimonial: ordenó 29 nuevas verificaciones técnicas, además de avanzar en una reconstrucción más amplia de los ingresos de Adorni y de su esposa desde que alcanzaron la mayoría de edad. 

La causa continúa siendo por presunto enriquecimiento ilícito y no existe hasta el momento una condena ni una determinación judicial de responsabilidad.

Pero la situación procesal deja un dato concreto: la explicación presentada por Adorni no alcanzó, por ahora, para despejar las dudas de la Fiscalía.

Las ocho billeteras existen. Las claves funcionan. Ahora falta responder lo más importante: si el dinero era realmente suyo cuando dijo haberlo ganado y si ese origen alcanza para explicar el patrimonio y los gastos que la Justicia mantiene bajo investigación.

Ojeda sostuvo que el espacio construido alrededor de la gestión del intendente Martín Perez llegó a una nueva etapa luego de varios años de administración municipal.

“Provincia Grande, desde la gestión municipal, está en un punto de madurez especial de cara a lo que viene”, afirmó en FM La Isla, y recordó que el espacio atravesó una primera gestión marcada por situaciones complejas, entre ellas la pandemia y distintos problemas económicos.

En ese contexto, consideró que la reelección de Perez y la consolidación del equipo municipal permiten ahora pensar en objetivos políticos de mayor alcance.

“Creo que ahora se llegó a un punto donde obviamente se puede pensar en cosas más importantes, como puede ser la Provincia”, expresó.

La definición coloca de lleno a Provincia Grande en la discusión política rumbo a 2027. Para Ojeda, el objetivo no pasa solamente por intentar dar el salto provincial, sino también por mantener la conducción del Municipio de Río Grande.

El exsenador defendió además con fuerza la gestión de Perez y sostuvo que las distintas crisis atravesadas durante los últimos años terminaron fortaleciendo al espacio.

Según planteó, primero debieron afrontar las consecuencias de la pandemia y posteriormente una situación económica nacional que, a su entender, está teniendo un impacto todavía más profundo sobre Río Grande.

Ojeda fue especialmente crítico con el Gobierno nacional y llegó a afirmar que actualmente enfrentan “un Gobierno nacional que es peor que la pandemia”, por las consecuencias que observa sobre el empleo, el comercio y la situación cotidiana de las familias.

Una sociedad “golpeada” y sin reacción

Uno de los tramos más fuertes de la entrevista estuvo vinculado con el diagnóstico social de Río Grande.

Ojeda afirmó que percibe una comunidad “aletargada” y “golpeada”, que después de más de dos años de deterioro económico parece haber entrado en una etapa de agotamiento y pérdida de expectativas.

“La sociedad está un poco aletargada, está golpeada, está asimilando el golpe”, señaló.

Incluso comparó el momento con una persona que recibe un fuerte impacto y todavía no sabe si podrá mantenerse de pie.

Para el dirigente, esa situación obliga a la política a presentar una propuesta clara capaz de devolver expectativas.

“Hay que ser muy claros en la propuesta de lo que viene para que esa gente tenga ganas de seguir adelante”, sostuvo.

Ojeda habló de casi 48 mil pobres y más de 6 mil indigentes

Durante la entrevista, el exsenador mencionó cifras que, según indicó, había observado recientemente y que reflejarían la gravedad del escenario social.

“Casi 48.000 vecinos por abajo de la línea de pobreza, más de 6.000 por abajo de la línea de indigencia”, afirmó.

Ojeda utilizó esos números para asegurar que “nunca ha estado así la sociedad fueguina”.

También marcó una diferencia entre la crisis actual y otros períodos difíciles atravesados por la industria fueguina.

Explicó que anteriormente podían existir caídas de actividad o problemas laborales, pero siempre aparecía la sensación de que existía una posibilidad de recuperación.

“Siempre había una luz al final del camino y sabíamos que teníamos la esperanza firme de que íbamos a salir. Ahora ya hace más de dos años que venimos achicando, achicando, achicando”, advirtió.

Una crisis que ya no es coyuntural y empieza a cambiar la vida en Río Grande

Lejos de presentar el deterioro económico como una novedad, Ojeda advirtió que la continuidad de la crisis está profundizando situaciones que hace tiempo se vienen observando en Río Grande y que ahora alcanzan una dimensión mucho más preocupante.

Habló de viviendas en venta, comercios cerrados, vecinos buscando trabajo y una expansión cada vez mayor de actividades de subsistencia, en un escenario donde muchas familias buscan cualquier alternativa posible para generar ingresos.

El dirigente contó que posee un pequeño comercio y describió una realidad que, aseguró, se volvió cada vez más frecuente.

“La cantidad de gente que pasa a vender tortillas, alfajores, impresionante. Y la que viene a preguntar si hay algo para hacer, impresionante”, señaló.

También mencionó el crecimiento de vendedores en las esquinas, las ferias y actividades vinculadas a plataformas como Uber.

Para Ojeda, el dato más preocupante ya no es solamente que la crisis continúe, sino que cada vez más vecinos deban modificar por completo su forma de generar ingresos para poder sostenerse.

“Esto habla de la situación económica paupérrima que estamos viviendo gracias a las políticas nacionales”, cuestionó.

El Municipio prevé aumentar la ayuda social

Frente a ese escenario, Ojeda señaló que la administración municipal ya comienza a prepararse para una mayor demanda de asistencia.

Indicó que el presupuesto destinado a ayuda social crecerá alrededor de un 40%, justamente por las previsiones económicas existentes para los próximos meses.

“El presupuesto de ayuda social crece un 40%, porque sabemos que viene mal y que viene peor”, afirmó.

Finalmente, planteó que la discusión política de los próximos meses deberá enfocarse en explicarle a la sociedad cómo impactan las decisiones nacionales en la vida cotidiana.

Para Ojeda, Provincia Grande buscará construir su propuesta para 2027 apoyándose fundamentalmente en la gestión municipal, en la presencia territorial y en el contraste entre lo realizado en Río Grande y el deterioro económico que atribuye a las políticas nacionales.

RÍO GRANDE.- Este lunes, las acciones de la petrolera británica Rockhopper Exploration registraron una caída del 19,7% en la Bolsa de Londres, en medio de la creciente incertidumbre que rodea al proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las Islas Malvinas.

La compañía, que participa del desarrollo junto con la israelí Navitas Petroleum, ya había acumulado pérdidas durante las primeras dos jornadas de octubre, cuando sus papeles retrocedieron alrededor de un 8%. Durante septiembre, en tanto, la cotización había descendido cerca de un 18%.

Rockhopper posee el 35% de participación en Sea Lion, mientras que Navitas controla el 65% restante y está a cargo de la operación.

La nueva caída se produjo mientras las empresas enfrentan distintos obstáculos para avanzar con el proyecto. En una actualización difundida este lunes a los inversores de la Bolsa de Londres, Rockhopper informó sobre la situación del desarrollo a partir de un comunicado elaborado por Navitas.

La operadora reconoció que el Gobierno argentino continúa avanzando con sanciones contra compañías vinculadas con Sea Lion y otras actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas.

A esto se sumó la decisión de uno de los contratistas relacionados con el proyecto de no realizar trabajos para Sea Lion ni participar de actividades de exploración y producción de petróleo en el área.

Navitas informó que trabaja en el reemplazo de dos contratistas que incumplieron sus compromisos y que analiza las modificaciones necesarias para mantener el desarrollo del proyecto.

Pese a estos inconvenientes, las compañías señalaron que por el momento no prevén un impacto material adverso sobre Sea Lion y ratificaron que continúan trabajando con el respaldo del Gobierno británico y de las autoridades de las islas.

Sin embargo, la propia operadora reconoció distintos escenarios que podrían afectar el proyecto. Entre ellos mencionó posibles demoras o el fracaso en el reemplazo de los contratistas, dificultades para implementar las modificaciones necesarias y la eventual salida de otras empresas vinculadas con Sea Lion sin que puedan ser sustituidas.

También identificó como riesgos una eventual profundización de las medidas adoptadas por el Gobierno argentino y posibles cambios regulatorios o geopolíticos capaces de modificar las condiciones jurídicas y comerciales del desarrollo.

Pese a este escenario, Rockhopper y Navitas mantienen por ahora el cronograma previsto. El proyecto contempla iniciar las perforaciones a comienzos de 2027 y desarrollar una primera etapa de 11 pozos, con el objetivo de comenzar la producción durante el primer trimestre de 2028 y alcanzar un volumen de hasta 55.000 barriles diarios.

La disputa con Argentina

Rockhopper había ratificado la semana pasada su decisión de continuar con el proyecto pese a las medidas argentinas. En su informe semestral presentado ante la Bolsa de Londres, la empresa sostuvo que el Reino Unido y las autoridades de las Islas Malvinas consideran ilegítimas las sanciones impuestas por la Argentina.

La compañía también reconoció que las declaraciones y posteriores medidas adoptadas por el Gobierno de Javier Milei contra empresas y personas vinculadas con las actividades hidrocarburíferas en las islas incrementaron la exposición política y mediática del proyecto.

La Argentina cuestiona el desarrollo de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas por considerar que se realizan en una zona cuya soberanía se encuentra en disputa y sin autorización del Estado argentino.

En el plano judicial, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, hizo lugar a una medida cautelar que ordenó a Rockhopper y Navitas suspender las actividades relacionadas con Sea Lion. La resolución surgió a partir de una presentación en la que participaron excombatientes de Malvinas y también estableció que las empresas deben aportar información vinculada con las operaciones previstas.

A la disputa judicial se suma la estrategia internacional impulsada por el Gobierno argentino, que prepara un arbitraje en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y busca obtener medidas provisionales para frenar el avance del proyecto mientras se resuelve la controversia de fondo.

El planteo contempla recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá analizar la controversia entre la Argentina y el Reino Unido.

En paralelo, el Gobierno británico confirmó que las futuras licencias de exploración y explotación de petróleo y gas en las Islas Malvinas deberán contar con autorización de Londres, una decisión que fue comunicada al Parlamento británico.

Con este escenario, Sea Lion mantiene formalmente sus plazos de desarrollo, pero enfrenta un contexto cada vez más complejo por las medidas argentinas, las dificultades con contratistas y los riesgos jurídicos y regulatorios que las propias compañías reconocieron ante sus inversores.

RÍO GRANDE.- Este lunes, el presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina (FEDECATUR), Ángel Brisighelli, expresó su preocupación por el impacto que tendría sobre el sector turístico el incremento de las alícuotas de Ingresos Brutos contemplado en el paquete de financiamiento educativo y en el Presupuesto provincial.

En declaraciones realizadas al programa “El Cronista Urbano”, de Radio Provincia, Brisighelli sostuvo que la modificación tendría un fuerte impacto sobre distintas actividades y señaló especialmente el caso de las agencias de turismo.

“En ese paquete de la parte del financiamiento educativo y el aumento de las alícuotas de Ingresos Brutos tenemos un impuestazo realmente importante. Para poner un ejemplo, al rubro de agencias de turismo el aumento se ve en 400%”, afirmó. El dirigente precisó que, según el esquema que cuestiona, las agencias pasarían de tributar una alícuota del 2% al 8%.

“Pasamos de pagar una alícuota del 2% a una del 8%. Así que es muy preocupante porque no estamos hablando de un aumento del 5 o del 10 por ciento”, sostuvo.

El planteo se extiende además a una nueva alícuota del 3,4% sobre la distribución de gas natural contemplada en el paquete de medidas. Brisighelli advirtió que, a su entender, ese costo terminaría trasladándose a los usuarios del servicio.

“Esta alícuota nueva que le están poniendo a la distribución de gas afecta absolutamente a todas las personas que estén conectadas a la red. Empresas, particulares, jubilados, empleadores, docentes. Todo el mundo va a tener un incremento del 3,4% en las facturas de gas”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que, más allá de quién tenga la obligación formal de ingresar el tributo, el costo económico finalmente puede trasladarse a los consumidores.

“Vamos a ser honestos: los impuestos siempre los paga el consumidor. Quizás la empresa sea la encargada de poner la plata en el banco, pero esos impuestos siempre se trasladan”, manifestó.

Preocupación por el muelle de catamaranes

Durante la entrevista, Brisighelli también volvió a referirse a la situación del muelle de catamaranes de Ushuaia y cuestionó la falta de información oficial sobre las tareas que se están desarrollando en la infraestructura.

Según explicó, fueron retirados parte del entablonado correspondiente a una zona dañada y otros elementos de la estructura, lo que dejó más expuesto el deterioro existente.

“Han sacado parte del entablonado del tablero, de la parte que está rota, y han sacado la paranta. Al perder esa parte de estructura, todo lo que estaba en el aire hoy se ve mucho más y es mucho más visible el daño que tiene”, señaló.

El dirigente aseguró que el sector turístico desconoce cuál es el plan previsto para el muelle y cuestionó que no exista información sobre el destino de las obras iniciadas.

“No sabemos cuál era la planificación. ¿Cuál era la intención de sacar eso? ¿Qué iban a hacer con eso? No sabemos. Hace ya más o menos 15 días que no están haciendo nada con el muelle”, afirmó.

Brisighelli agregó que las operaciones turísticas continúan desarrollándose en el muelle principal y manifestó preocupación por la proximidad de la temporada de cruceros y por la llegada de embarcaciones de mayor porte.

“Seguimos operando en el muelle principal y tenemos la espada de los barcos más grandes, que ya cada vez están más cerca. La temporada ya arrancó y la llegada de barcos se acelera todos los días”, sostuvo.

Más de diez años de trabajo, presentaciones y permisos pendientes forman parte del recorrido que Mella describió detrás del proyecto aéreo antártico. El empresario recordó que comenzó a impulsarlo junto con Roberto Valdez entre 2014 y 2015, pero durante mucho tiempo no encontraron las condiciones necesarias para avanzar.

“Siempre había algún tema que no era prioridad de Argentina”, sostuvo al repasar esas gestiones. Su planteo fue más allá de las dificultades de una empresa: señaló la falta de claridad política para desarrollar una actividad que considera estratégica para Tierra del Fuego.

“Nunca ha habido una claridad política, ni de la provincia ni de la nación, en estos desarrollos”, afirmó. Mella aseguró que existen empresarios locales dispuestos a invertir en proyectos vinculados con la Antártida, pero remarcó que durante años faltaron definiciones que permitieran aprovechar ese interés.

Consultado sobre la complejidad de viajar y aterrizar en el continente blanco, respondió: “La burocracia”. Explicó que las condiciones meteorológicas requieren preparación y previsión, mientras que los procedimientos administrativos les presentaron dificultades para las que muchas veces no encontraron respuestas. “Directamente no había respuesta”, recordó.

En ese marco, reconoció un cambio con la actual administración nacional. Según relató, lograron establecer un diálogo más fluido con la Dirección Nacional del Antártico, Cancillería y el Comando Conjunto Antártico, y hoy cuentan con una comunicación directa con las autoridades responsables de la actividad.

Ese avance permitió obtener la autorización para programar hasta 14 vuelos entre fines de septiembre y fines de marzo de 2027, destinados a la capacitación de tripulaciones y al entrenamiento de personal sanitario. Las operaciones de Volar, perteneciente a HeliUshuaia, buscan preparar una respuesta aérea ante eventuales emergencias y necesidades de asistencia.

“No podemos pedir vuelo por vuelo”, explicó Mella sobre la necesidad de contar con un esquema de operaciones que permita sostener el entrenamiento. Indicó que la propuesta contempló una frecuencia aproximada de un vuelo cada quince días y que la preparación debe incluir a pilotos, médicos y enfermeros.

La iniciativa se apoya en un avión B200 adquirido mediante inversión privada y acondicionado para asistencia sanitaria de alta complejidad. El empresario relató que, después de los primeros dos vuelos de capacitación autorizados a fines de 2025, la aeronave atravesó varios meses de reformas para incorporar equipamiento médico y cumplir las habilitaciones correspondientes ante la Administración Nacional de Aviación Civil.

También señaló que mantienen conversaciones con la Clínica San Jorge para articular la prestación médica. “Nosotros somos de volar, tenemos que buscar los especialistas”, expresó.

La base conjunta Petrel ocupa un lugar central en el proyecto. Mella destacó los trabajos para mejorar su infraestructura y explicó que, según las capacidades de la aeronave, pueden viajar hasta allí y regresar a Tierra del Fuego si las condiciones impiden aterrizar.

El empresario aclaró que la autorización actual no contempla vuelos turísticos. Aunque esa actividad forma parte de los objetivos a futuro, su desarrollo dependerá de las decisiones de la política antártica nacional y de los compromisos internacionales. También reconoció que las exigencias ambientales y los acuerdos que debe respetar Argentina explican parte de los tiempos administrativos.

Sus críticas alcanzaron además a la mirada institucional fueguina sobre la Antártida. Mella pidió ampliar el enfoque provincial y reclamó mayor respaldo a la escuela de la base Esperanza, a la que, según indicó, distintas empresas acompañan desde hace años con donaciones. Consideró que el Estado provincial debe darle más apoyo.

A la vez, sostuvo que la articulación de la base naval integrada, el polo logístico antártico y la base Petrel representa “un eje de desarrollo tremendo” para la región, con posibilidades de inversión y nuevas actividades económicas.

Para Mella, aprovechar esa oportunidad también exige recuperar el lugar que Argentina fue perdiendo. “En los últimos 30 años, lo único que hicimos en la Antártida fue perder protagonismo y perder presencia”, afirmó, y pidió que Tierra del Fuego comience a mirar el continente blanco con otros ojos.

En diálogo con FM Provincia, Selzer confirmó que la Comisión Nº 4 fue convocada para este martes a las 14:30, con la participación de los ministerios de Economía y Educación, gremios docentes y representantes de cámaras empresariales. El objetivo será comenzar a discutir modificaciones a un proyecto que, según anticipó, contiene varios puntos que generan fuertes objeciones.

“Si no se dictamina de alguna forma y no se trata en la sesión, queda aprobado tal cual está”, alertó Selzer. Para el legislador, ese sería precisamente el escenario que debe evitarse, porque la iniciativa mantiene incorporadas las nuevas fuentes tributarias impulsadas por el Gobierno.

Uno de los principales cuestionamientos está puesto sobre la carga vinculada con la distribución y transporte de gas. Selzer aseguró que ese incremento terminaría repercutiendo sobre quienes tienen conexión al servicio: “Todo el mundo que tenga una conexión de gas pagaría más el gas”, sostuvo.

También cuestionó el esquema previsto para el Banco de Tierra del Fuego, que comenzaría a afrontar una mayor carga de Ingresos Brutos. Según explicó, aunque formalmente recaiga sobre la entidad, el costo podría terminar encareciendo productos y servicios financieros para una enorme cantidad de usuarios fueguinos.

Otro punto que genera resistencia es la afectación del 0,5% de la recaudación de Ingresos Brutos antes de la coparticipación municipal. De acuerdo con los cálculos mencionados por Selzer, los municipios podrían perder alrededor de $2.300 millones según las estimaciones realizadas sobre el Presupuesto 2027.

El legislador también puso bajo sospecha la meta de llevar progresivamente la inversión educativa al 7,8% del Producto Bruto Geográfico, porque todavía no está claro cómo se determinará ese indicador. Recordó que las mediciones oficiales pueden demorarse hasta dos años y reclamó precisiones sobre cómo piensa calcular el Ejecutivo una meta presupuestaria utilizando información que no está disponible en tiempo real.

Para Selzer, buena parte de la posibilidad de llegar al 28 de octubre con un proyecto corregido dependerá del propio Gobierno. Recordó que Economía llegó a tardar cuatro meses en responder pedidos de información anteriores, por lo que reclamó que los funcionarios concurran ahora con todos los números necesarios.

“Necesitamos mucho de la colaboración del Ejecutivo”, sostuvo, y remarcó que sin información suficiente los legisladores deberán decidir sobre un esquema de financiamiento que puede afectar tarifas, servicios financieros y recursos municipales.

La Comisión Nº 4 comenzará este martes el tratamiento junto con otros dos proyectos de financiamiento educativo que ya se encontraban en análisis. Posteriormente deberá intervenir la Comisión de Presupuesto.

El problema es que el reloj ya está corriendo. El trámite de urgencia que la Legislatura decidió mantener obliga al Parlamento a resolver dentro del plazo constitucional. Si los legisladores no llegan a modificar, rechazar o tratar el 519/26 a tiempo, el proyecto puede avanzar exactamente con las cargas con las que ingresó.

Para Selzer, ese es hoy el riesgo central: que la falta de velocidad de la propia Legislatura termine haciendo lo que muchos legisladores aseguran públicamente que no quieren hacer: dejar pasar nuevos impuestos sin haberlos modificado.

En diálogo con FM Provincia, Harrington fue consultado sobre el escenario político que comienza a delinearse dentro del Partido Justicialista y consideró que, por el momento, no existe clima para avanzar con una interna partidaria.

“No creo que se vayan a dar esas famosas internas. No creo que haya clima para eso”, expresó.

El intendente, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que la conducción partidaria adopte una decisión diferente y remarcó que ningún sector político puede considerarse dueño de los afiliados ni de su participación.

Para Harrington, el principal problema pasa por otro lado. Consideró que la discusión política corre el riesgo de quedar atrapada en candidaturas, internas y posicionamientos electorales mientras la agenda de la gente está atravesada por dificultades económicas mucho más urgentes.

En ese sentido, insistió en que los vecinos están concentrados en sostener sus ingresos, afrontar sus gastos y llegar a fin de mes.

“Hay otra agenda que lleva la gente en su día a día”, señaló, al tiempo que relativizó el impacto que tienen las disputas políticas sobre la vida cotidiana de la comunidad.

Un 2027 atravesado por la política

Harrington también advirtió que el próximo año estará inevitablemente condicionado por el proceso electoral y que eso puede complicar todavía más discusiones sensibles que necesitan acuerdos.

Según explicó, muchos de los debates económicos, institucionales y sociales que deberá afrontar Tierra del Fuego van a estar atravesados por el contexto político y electoral, lo que puede volver más difícil la construcción de consensos.

Para el intendente, allí aparecerá uno de los principales desafíos de la dirigencia: evitar que cada discusión termine convertida en una pelea de campaña.

“Va a ser un desafío que va a tener que asumir la política”, sostuvo.

Harrington planteó que antes de profundizar las disputas partidarias debería existir mayor capacidad para construir acuerdos sobre los problemas concretos que afectan a la población.

“La gente tiene otra preocupación”

El jefe comunal volvió a marcar distancia entre la agenda política y las necesidades sociales y puso como ejemplo las discusiones internas que atraviesan al PJ.

Para Harrington, una pelea entre dirigentes tiene un peso mucho menor para la comunidad que cualquier decisión que afecte directamente el bolsillo, los servicios o la actividad económica.

En ese marco, sostuvo que la dirigencia deberá llegar a 2027 con capacidad para ofrecer respuestas y no solamente con disputas electorales.

El mensaje del intendente fue claro: en un escenario económico complejo, la política deberá discutir menos sobre sí misma y concentrarse más en los problemas de una sociedad que necesita soluciones concretas.

Harrington reconoció la necesidad de fortalecer la educación pública, mejorar la infraestructura y atender la cuestión salarial docente, pero remarcó que la discusión no puede desligarse de la delicada situación económica que atraviesan comercios, empresas y contribuyentes.

“Hay que ser muy precavido respecto de poner una economía tan frágil en discusión”, señaló el jefe comunal, quien puso el foco especialmente en el impacto que una mayor carga impositiva podría generar sobre el sector privado y, posteriormente, sobre los consumidores.

Para el intendente, el problema central no pasa por discutir la necesidad de contar con mayores recursos para el sistema educativo, sino por definir de dónde saldrá el dinero y quién terminará pagando el costo de las nuevas cargas.

“Hay que ser cautos con la presión al sector privado, porque también está sufriendo los embates de una economía nacional compleja”, advirtió.

Harrington también manifestó preocupación por el efecto que el nuevo fondo podría tener sobre las finanzas municipales. El proyecto contempla afectar parte de la recaudación provincial al financiamiento educativo, por lo que reclamó conocer en profundidad cómo quedará conformada la masa de recursos y cuánto podría dejar de llegar a cada municipio.

“Hay mucho para debatir y, con los números finos, creo que va a haber mucha discusión”, anticipó.

El Impuesto Inmobiliario, otro punto bajo la lupa

Uno de los aspectos que Harrington pidió seguir con especial atención es el futuro del Impuesto Inmobiliario y su incidencia sobre las arcas municipales.

El intendente recordó que Tolhuin viene realizando un fuerte trabajo de ordenamiento territorial y sostuvo que esa política también apunta a mejorar la capacidad de recaudación propia del Municipio.

Por ese motivo, consideró indispensable determinar cómo se implementará cualquier modificación vinculada al tributo y qué impacto concreto podría tener sobre los ingresos municipales.

“Hay que llevar un seguimiento acabado de cómo va a impactar en la recaudación de los municipios en general y en la nuestra en particular”, expresó.

Contactos con legisladores

Harrington confirmó además que durante el fin de semana mantuvo conversaciones con distintos legisladores provinciales para analizar el proyecto y adelantó que buscaría dialogar con la legisladora Gisela Dos Santos.

El intendente sostuvo que pretende conocer con precisión la posición de los representantes legislativos y discutir las consecuencias que el esquema de financiamiento podría tener para Tolhuin.

En ese marco, dejó definida su posición frente al proyecto: “No es el mejor camino el que se está optando hoy”.

Harrington planteó que cualquier solución para fortalecer la educación debe construirse teniendo en cuenta simultáneamente la situación de los trabajadores, la capacidad del sector privado para soportar nuevas cargas y la necesidad de preservar los recursos de los municipios.

Garófalo explicó que la crisis atraviesa especialmente al sector textil, donde durante 2026 se registra una fuerte retracción de la actividad. “Es una combinación de factores”, señaló, al mencionar entre los principales problemas la caída del consumo y el crecimiento de la oferta importada.

A ese escenario sumó el avance de las plataformas internacionales, principalmente de origen chino, que están ganando cada vez más participación dentro del mercado local. Según indicó, en el rubro de confección ya representarían alrededor del 40% del mercado, profundizando las dificultades de los fabricantes argentinos para competir.

El empresario remarcó que una recuperación industrial requiere necesariamente una mejora del poder adquisitivo de la población, que permita reconstruir la demanda, pero también un fuerte incremento de la productividad. Al mismo tiempo, reclamó controles frente a mercadería que pueda ingresar al país mediante mecanismos de subfacturación.

Uno de los puntos más críticos aparece a la hora de pensar en nuevas inversiones. “Sin certidumbre nadie invierte”, sostuvo Garófalo, al advertir que la falta de reglas claras impide que las empresas renueven equipamiento, incorporen tecnología y puedan competir frente a productos fabricados en otros países.

En ese sentido, cuestionó que la apertura de importaciones, el incremento de los costos energéticos y una política cambiaria restrictiva se hayan aplicado prácticamente de manera simultánea. Para Garófalo, una reconversión industrial real no puede hacerse de un día para otro y requiere procesos que pueden demandar entre 10 y 20 años.

La situación de Tierra del Fuego suma además dificultades propias. Garófalo recordó que el sector textil fueguino viene atravesando años de incertidumbre regulatoria y aseguró que desde los niveles máximos de ocupación se perdieron alrededor de 800 a 850 puestos de trabajo.

El panorama de las fábricas que todavía permanecen activas también resulta preocupante. Algunas plantas estarían operando con hasta un 80% de capacidad ociosa, una muestra del deterioro que atraviesa una estructura productiva construida durante décadas.

Garófalo sostuvo que sería un error desperdiciar 50 años de inversión pública y privada vinculada al régimen industrial fueguino y planteó que el sector está dispuesto a discutir una reconversión, aunque reclamó que se haga con reglas previsibles y sin destruir en el camino empresas, empleo y capacidad productiva.

La preocupación ya excede incluso a las fábricas. El referente empresarial advirtió que la pérdida sostenida de puestos laborales podría estar comenzando a provocar la salida de habitantes de Tierra del Fuego por falta de oportunidades, una situación que históricamente no era habitual en una provincia caracterizada por atraer trabajadores.

“Tenemos problemas en serio; sentémonos a ver cómo hacemos para reconvertir la industria fueguina, pero sobre bases ciertas y no dejando un tendal en el camino”, planteó Garófalo, sintetizando un diagnóstico donde el consumo continúa deprimido, las inversiones permanecen frenadas y la industria corre el riesgo de quedar cada vez más atrás.

El diputado nacional por Tierra del Fuego Jorge “Coqui” Araujo lanzó fuertes críticas contra el Gobierno nacional por la política vinculada a la venta de tierras a extranjeros y advirtió que la oposición está cada vez más cerca de reunir los votos necesarios para avanzar con la derogación del DNU 70/23.

En FM Del Pueblo, Araujo aseguró que estarían faltando entre 7 y 10 votos para alcanzar ese objetivo y anticipó que la discusión tendrá un capítulo decisivo durante la sesión especial prevista para el 15 de octubre en la Cámara de Diputados.

“Estamos cada vez más cerca”, afirmó el legislador, quien confirmó su presencia en el recinto y sostuvo que existe un rechazo creciente frente a la posibilidad de ampliar la extranjerización de tierras.

La discusión volvió al centro de la escena luego del fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la cautelar que mantenía frenado el artículo del DNU 70/23 que eliminó los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

Para Araujo, la situación expone una fuerte contradicción entre el discurso de defensa de la soberanía y las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional.

“Es totalmente incongruente la defensa de Malvinas y lo que es la venta al extranjero de la tierra. Defiendo Malvinas, pero regalo, vendo toda la Argentina”, disparó.

El diputado fueguino sostuvo que la discusión sobre las tierras está directamente vinculada con la soberanía nacional y reclamó que los gobernadores no acompañen al Ejecutivo nacional en una política que, a su entender, puede profundizar la extranjerización del territorio.

“Espero que los gobernadores tomen este reclamo de la gente para que no se prendan en los pedidos del Gobierno nacional, que lo único que hacen es destruir todo y entregar todo, entregar la soberanía en todos lados”, expresó.

La sesión del 15 de octubre tendrá además una relevancia institucional determinante. El Senado ya rechazó el DNU 70/23 en marzo de 2024 y, si Diputados también lo rechaza, el decreto quedaría definitivamente derogado.

En ese escenario, volverían a tener vigencia distintas normas que fueron modificadas o eliminadas por el megadecreto, entre ellas las restricciones de la Ley de Tierras, además de regulaciones vinculadas con alquileres, prepagas, comercio exterior, abastecimiento, góndolas y compre nacional.

Araujo también puso el foco sobre los gobernadores y sus representantes en el Congreso. Consideró que sería difícil explicar un cambio de postura de aquellos sectores que anteriormente ya habían rechazado modificaciones vinculadas con la venta de tierras.

“Yo quiero creer que estos gobernadores no le van a permitir esto”, sostuvo.

Finalmente, el diputado nacional remarcó que la movilización social será clave de cara al debate parlamentario y pidió mantener la discusión sobre la defensa del territorio argentino.

“La defensa de nuestra soberanía es fundamental”, planteó Araujo, en la previa de una sesión que podría definir no solo el futuro de la política de tierras, sino también la continuidad del DNU 70/23.

El Municipio de Río Grande comienza este lunes 5 de octubre una nueva entrega de módulos alimentarios para vecinos y vecinas que se encuentran empadronados en el Programa Alimentario Municipal (PAM).

El operativo se extenderá durante tres jornadas y recorrerá distintos sectores de la ciudad, con puntos de entrega establecidos de acuerdo con el barrio de residencia de cada familia.

Para retirar el módulo será necesario que concurra exclusivamente el titular del beneficio, con su DNI, en el horario de 11 a 15 horas. En el caso de los adultos mayores, se mantendrá la modalidad de entrega domiciliaria.

El cronograma

Lunes 5 de octubre: la entrega comienza en el Centro Municipal de Desarrollo Comunitario, Rafaela Ishton 1148, para las familias correspondientes a la zona sur de Río Grande.

Martes 6 de octubre: el operativo continuará en el Centro Comunitario Municipal del barrio CGT, ubicado en Victoria Ocampo y Rufino. Allí deberán concurrir las familias de Chacra II, Chacra IV, Mutual y CGT.

Miércoles 7 de octubre: será el turno de las familias del sector céntrico y de los barrios Malvinas Argentinas, Las Aves, Los Cisnes y Bicentenario. La entrega se realizará en el Club Sportivo, avenida Belgrano 1130.

La distribución forma parte de las políticas de acompañamiento alimentario que sostiene el Municipio y permite organizar la asistencia por sectores para facilitar el acceso de las familias empadronadas.

De esta manera, durante tres días se desplegará un nuevo operativo del Programa Alimentario Municipal en distintos puntos de Río Grande, dando continuidad a una herramienta de asistencia destinada a acompañar a las familias de la ciudad y garantizar el acceso a la alimentación.

Cuidar una mascota implica mucho más que brindarle alimento y un lugar donde vivir. La vacunación, los controles veterinarios, la identificación y la castración forman parte de las responsabilidades que se asumen al incorporar un animal a una familia.

En ese marco, el Municipio de Río Grande mantiene abierta la agenda para acceder al servicio de castración de mascotas, como parte del Plan Integral de Tenencia Responsable que lleva adelante a través de la Dirección de Servicios Veterinarios. La política se complementa con jornadas de adopción y campañas de vacunación y chipeo. 

¿Cómo conseguir un turno?

El procedimiento es sencillo. Los vecinos deben ingresar al sistema de turnos de Zoonosis y allí podrán seleccionar el lugar donde desean realizar la intervención.

Solicitar turno para castración

Actualmente existen tres alternativas para realizar las castraciones: la Dirección de Servicios Veterinarios, ubicada en 25 de Mayo 2950; el quirófano móvil de Rafaela Ishton 1148; y el ubicado en Alicia Moreau de Justo 337, en Chacra II. Texto pegado

De esta manera, el servicio busca facilitar el acceso en diferentes sectores de la ciudad y acercar una herramienta concreta a las familias que tienen animales bajo su cuidado.

Castrar también es cuidar

La castración constituye una de las principales herramientas para avanzar hacia una población animal controlada y reducir la reproducción no planificada. También contribuye a disminuir situaciones de abandono y la presencia de animales sin cuidado responsable en la vía pública.

Pero la tenencia responsable no termina allí. Implica asumir durante toda la vida del animal las obligaciones vinculadas con su alimentación, salud, vacunación, identificación, seguridad y bienestar.

Por eso, desde el Municipio se busca acompañar a las familias que deciden incorporar una mascota, fortaleciendo políticas públicas destinadas a garantizar su cuidado y protección. 

La posibilidad de acceder a turnos de castración forma parte de esa estrategia: facilitar herramientas para que cada vecino pueda asumir responsablemente el cuidado de sus animales y, al mismo tiempo, contribuir al bienestar de toda la comunidad.

¿Qué había detrás de los cinco pedidos de informes que Federico Sciurano presentó sobre la Fundación Centro Cultural Nueva Argentina, vinculada públicamente al legislador Juan Carlos Pino y a la senadora nacional Cristina López?

La pregunta adquirió mayor relevancia después de la última sesión de la Legislatura. Sciurano había promovido los asuntos 545/26, 548/26, 549/26, 550/26 y 551/26, cada uno destinado a un organismo diferente y con preguntas concretas sobre patrimonio, balances, trabajadores, impuestos y eventuales relaciones económicas con el Estado. 

Pero ninguno prosperó.

El Orden del Día de la sesión del 1° de octubre consignó los cinco proyectos directamente con destino a “ARCHIVO”. Así, el mecanismo legislativo que pretendía obligar a diferentes organismos provinciales a responder en diez días hábiles quedó sin efecto. 

La pregunta que queda abierta es evidente: si la información podía despejar cualquier sospecha y establecer con documentación cómo funciona y se financia la Fundación, ¿por qué la Legislatura decidió no avanzar con su requerimiento?

Qué quería saber Sciurano

Los planteos no eran genéricos.

El primero buscaba que el Registro de la Propiedad Inmueble informara quién figura como titular del edificio ubicado en San Martín 1052 de Ushuaia, sede del Centro Cultural Nueva Argentina, cuáles son sus datos catastrales y si existen hipotecas, usufructos, comodatos, restricciones u otros derechos sobre la propiedad. 

Otro pedido apuntaba directamente a la Inspección General de Justicia. Sciurano reclamaba los balances y estados contables correspondientes a los últimos diez ejercicios, junto con el detalle de ingresos, egresos y documentación relacionada con la administración de la institución. 

Un tercer expediente iba hacia el Ministerio de Trabajo y Empleo y pretendía conocer quiénes trabajan en la Fundación, bajo qué modalidad, desde cuándo, qué funciones cumplen, cuánto perciben y, particularmente, si existen programas de empleo, subsidios o aportes estatales utilizados para financiar ese personal. 

La cuarta iniciativa interrogaba directamente al Poder Ejecutivo provincial sobre una cuestión todavía más sensible: la posible existencia de convenios, subsidios, aportes económicos, cesiones de uso, comodatos o cualquier otra relación jurídica entre el Estado fueguino y Nueva Argentina. 

Finalmente, Sciurano pidió a AREF información sobre la situación fiscal de la entidad, además de los contratos de locación correspondientes a la última década y las constancias de pago de los tributos asociados. 

No eran, por lo tanto, cinco pedidos idénticos. Juntos pretendían reconstruir quién posee el patrimonio, de dónde provienen los recursos, cómo se administran, quiénes trabajan allí y qué relación económica puede existir con organismos del Estado.

“No estoy poniendo en tela de duda ninguna cosa rara”

Sciurano había intentado despegar sus presentaciones de una denuncia concreta.

En declaraciones realizadas antes de la sesión reconoció que los pedidos surgieron luego de recibir comentarios que consideró necesario verificar, pero aclaró que no estaba anticipando ninguna acusación.

“No estoy poniendo en tela de duda ni ninguna cosa rara. Solamente me interesa saber, por razones que son obvias y trascendentes, cuál es la respuesta a esos puntos específicos que estamos preguntando”.

Incluso sostuvo que obtener esas respuestas podía beneficiar al propio Pino, porque permitiría aclarar públicamente cualquier duda existente alrededor de la institución. 

Ahí estaba precisamente el sentido de los requerimientos: pedir documentos antes de sacar conclusiones.

De pedir información a mandar todo al archivo

La secuencia legislativa terminó tomando otro camino.

La página oficial de la Legislatura confirma que los cinco asuntos fueron efectivamente ingresados por el bloque FORJA. LegisTDF

Sin embargo, cuando se definió el Orden del Día de la cuarta sesión ordinaria, los asuntos 545, 548, 549, 550 y 551 aparecieron destinados al archivo. 

El dato contrasta además con lo ocurrido con otros pedidos de informes durante la misma sesión.

La propia comunicación oficial de la Legislatura destacó que fueron aprobados requerimientos sobre la intervención del Puerto de Ushuaia, la situación edilicia de establecimientos educativos y el eventual ingreso o actividad de fuerzas militares de Estados Unidos en territorio provincial. 

Los cinco pedidos relacionados con Nueva Argentina, en cambio, no aparecen entre las solicitudes de control aprobadas por el cuerpo.

¿Por qué se archivaron?

Hasta aquí aparece el límite entre lo comprobado y lo que todavía requiere una explicación.

Está documentado que Sciurano presentó los cinco proyectos y que todos fueron consignados para archivo. Lo que no surge de la información pública consultada es una fundamentación concreta de por qué se resolvió archivarlos.

Tampoco encontré publicado un detalle de votación nominal que permita establecer qué legisladores respaldaron específicamente el archivo de cada uno de esos cinco asuntos.

Por eso sería incorrecto atribuir, sin esa documentación, una intención determinada a cada integrante de la Cámara.

Pero la consecuencia institucional sí es concreta: al archivarse las iniciativas, los organismos involucrados no quedaron obligados por esas resoluciones legislativas a entregar las respuestas requeridas en el plazo de diez días que proponían los proyectos.

Y eso dejó sin respuesta institucional una serie de preguntas que habían alcanzado el debate público.

Información sobre dirigentes que ejercen cargos públicos

La cuestión adquiere especial interés porque Nueva Argentina no es una institución desconocida.

Funciona desde 2017, desarrolla actividades sociales, culturales, educativas y también políticas, y está históricamente asociada públicamente a Juan Carlos Pino y Cristina López, dos dirigentes que actualmente ocupan cargos electivos. 

Eso no implica por sí mismo ninguna irregularidad.

Precisamente por esa razón, contar con balances, información fiscal, titularidad del inmueble y eventuales convenios públicos permitiría reemplazar versiones y sospechas por documentación verificable.

Sciurano planteaba justamente ese argumento: primero obtener las respuestas y después, si correspondía, sacar conclusiones.

La pregunta que dejó la Legislatura

El episodio termina generando una paradoja.

Los pedidos podían arrojar dos resultados. Podían demostrar que existieron aportes, convenios o relaciones económicas con organismos estatales y permitir analizar bajo qué condiciones se realizaron. O podían establecer que no existieron y despejar las dudas.

En cualquiera de los dos casos, la información habría aportado transparencia.

Pero la Legislatura optó por archivar los cinco expedientes.

Por eso, el interrogante periodístico ya no es solamente qué quería saber Federico Sciurano sobre Nueva Argentina, sino también por qué una Cámara que en la misma sesión aprobó otros pedidos de informes decidió no avanzar con estos cinco requerimientos.

Mientras no exista una explicación pública sobre las razones del archivo, quedará pendiente aquello que los proyectos buscaban esclarecer: quién es propietario del inmueble, cómo se financia la Fundación, quién trabaja allí, cuál es su situación fiscal y qué vínculos económicos o jurídicos mantuvo —si los hubo— con el Estado fueguino.

Y tratándose de información relacionada con una institución impulsada por dirigentes que ejercen cargos públicos, archivar las preguntas no equivale a responderlas.

Brasil tendrá que esperar tres semanas más para conocer a su próximo presidente. La primera vuelta de las elecciones dejó un resultado que modificó el escenario previsto por buena parte de los sondeos: Flávio Bolsonaro terminó en primer lugar y Luiz Inácio Lula da Silva quedó segundo, por lo que ambos volverán a enfrentarse en las urnas el próximo 25 de octubre.

Con el 99,99% de las urnas contabilizadas, el Tribunal Superior Electoral informó que Bolsonaro obtuvo 56.104.268 votos, equivalentes al 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula consiguió 53.876.617 sufragios, el 45,16%. 

La diferencia entre ambos fue de 2.227.651 votos.

Ninguno consiguió superar el 50% de los votos válidos requerido para resolver la Presidencia en primera vuelta y, de esta manera, el país más poblado y la mayor economía de América Latina ingresará ahora en una campaña decisiva de apenas tres semanas.

Bolsonaro consiguió dar vuelta lo que anticipaban las encuestas

El resultado tuvo un componente inesperado.

En los días anteriores a la elección, distintos relevamientos mostraban a Lula encabezando la intención de voto. Una encuesta de Datafolha publicada el 24 de septiembre, por ejemplo, también ubicaba al mandatario por delante en un eventual balotaje, con 47% contra 45%. 

Las urnas del domingo mostraron otro escenario.

Bolsonaro encabezó el escrutinio y terminó aproximadamente 1,9 puntos porcentuales por encima de Lula, además de quedar a menos de tres puntos de conseguir la mayoría absoluta en primera vuelta. 

“Brasil quiere un cambio”, sostuvo Flávio Bolsonaro después de conocerse los resultados. Lula, por su parte, reconoció que el resultado había sido inesperado y convocó a sus seguidores a afrontar una nueva etapa de campaña. 

Flávio, no Jair: el apellido Bolsonaro vuelve a disputar la Presidencia

La elección también marca una particularidad: esta vez no es Jair Bolsonaro quien compite contra Lula, sino su hijo Flávio.

Flávio Bolsonaro tiene 45 años, es senador por Río de Janeiro y afronta por primera vez una elección presidencial. Compite por el Partido Liberal (PL) acompañado en la fórmula por el diputado Alfredo Gaspar. 

Su candidatura tomó la representación política del espacio construido por su padre, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022 y perdió precisamente frente a Lula en el balotaje presidencial de aquel año.

Lula, en tanto, tiene 80 años y busca alcanzar un cuarto mandato presidencial no consecutivo. Gobernó entre 2003 y 2010 y regresó al poder en enero de 2023, después de derrotar a Jair Bolsonaro en una de las elecciones más ajustadas de la historia reciente brasileña. 

Más de 15 millones de votos quedan fuera de los dos finalistas

Otro elemento será determinante durante estas tres semanas.

El Tribunal Electoral contabilizó 125.272.513 votos válidos. Bolsonaro y Lula reunieron conjuntamente poco menos de 110 millones. Esto significa que más de 15 millones de votos válidos fueron para los restantes candidatos y ahora quedan en disputa de cara a la segunda vuelta. 

Entre ellos aparece el electorado que acompañó a candidatos ubicados fuera de los dos grandes polos políticos.

Associated Press informó que Augusto Cury, tercero en la primera vuelta, no respaldará por ahora a ninguno de los dos finalistas, una señal de que parte de ese electorado podría quedar abierta a la disputa durante las próximas semanas. 

A eso habrá que sumar otro desafío para ambos espacios: movilizar a quienes no participaron de la primera vuelta.

Dos modelos volverán a enfrentarse

El balotaje reproducirá, aunque con un nuevo protagonista del bolsonarismo, la fuerte polarización que caracteriza a Brasil desde hace varios años.

Lula representa al Partido de los Trabajadores y buscará defender la continuidad de su actual administración. Flávio Bolsonaro llega como principal expresión de la derecha y ha planteado una agenda orientada a mayor disciplina fiscal, privatizaciones y reducción de impuestos, además de una política de seguridad más dura. 

El costo de vida, la seguridad, la situación fiscal y los casos de corrupción estuvieron entre los principales temas de una campaña que ahora entra en su etapa definitiva. 

La elección también tendrá impacto regional. Brasil posee alrededor de 214 millones de habitantes, es la principal economía latinoamericana y sus decisiones económicas y diplomáticas tienen incidencia directa sobre el Mercosur y sobre países vecinos como Argentina. 

La definición será el 25 de octubre

El calendario del Tribunal Superior Electoral establece oficialmente el domingo 25 de octubre como fecha para la segunda vuelta presidencial. La votación se desarrollará entre las 8 y las 17, según el horario de Brasilia.

La primera vuelta dejó una certeza y abrió todas las demás discusiones: Flávio Bolsonaro llega al balotaje después de haber obtenido 56,1 millones de votos y una ventaja superior a los dos millones sobre Lula, pero la Presidencia todavía deberá resolverse nuevamente en las urnas.

El 25 de octubre, Brasil tendrá que elegir entre la continuidad de Lula o el regreso del bolsonarismo al Palacio del Planalto, esta vez encabezado por Flávio Bolsonaro.

RÍO GRANDE.- Este domingo se conoció el último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que mostró una recuperación marginal de las ventas minoristas pyme durante septiembre, aunque todavía dentro de un escenario de debilidad del consumo. Las operaciones aumentaron 0,3% en términos reales respecto del mismo mes del año pasado, pero cayeron 1,2% frente a agosto y acumulan una retracción del 2,1% en los primeros nueve meses de 2026.

El resultado refleja una mejora interanual muy limitada. Según el relevamiento, los consumidores mantienen una fuerte cautela presupuestaria, concentran sus compras en productos necesarios y postergan adquisiciones de mayor valor.

La encuesta mostró además que el 50,2% de los comerciantes consultados considera que la situación de su negocio se mantuvo sin cambios respecto de un año atrás, mientras que el 44,3% la considera peor y apenas el 5,6% observa una evolución favorable.

La misma lógica aparece en las decisiones hacia adelante. El 55,7% de los comerciantes consideró que no es un momento propicio para realizar inversiones, mientras que el 41,8% espera que la situación de su empresa mejore durante los próximos 12 meses.

El comportamiento tampoco fue uniforme entre los distintos rubros. Textil e indumentaria encabezó las subas con un 5% interanual, seguido por calzado y marroquinería con 3,5% y ferretería, materiales eléctricos y de construcción con 3,3%. Farmacia avanzó 1,5% y perfumería 0,7%. En contrapartida, alimentos y bebidas registró una caída del 3,1% y bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles retrocedió 3,4%.

Tierra del Fuego, ante un escenario particular

El informe nacional de CAME no permite determinar cuánto crecieron o cayeron específicamente las ventas de las pequeñas y medianas empresas de Tierra del Fuego, ya que su índice no presenta en esta edición una apertura provincial.

Para observar la situación fueguina es necesario recurrir a otros indicadores de actividad y consumo. Los datos oficiales más recientes muestran que el aglomerado Ushuaia-Río Grande registró una tasa de desocupación del 8,1% durante el segundo trimestre de 2026, mientras que el empleo alcanzó al 44,5% de la población.

En materia social, durante el primer semestre el 25,9% de las personas relevadas en Ushuaia y Río Grande se encontraba bajo la línea de pobreza. El porcentaje se ubicó por debajo del promedio nacional del 32,3%, aunque implica que aproximadamente una de cada cuatro personas del aglomerado no alcanzó los ingresos necesarios para cubrir la Canasta Básica Total.

A esto se suma otro indicador relacionado directamente con el consumo. En agosto, las ventas de naftas y gasoil en Tierra del Fuego cayeron 10,74% en la comparación interanual, una contracción muy superior a la registrada en el conjunto del país, donde el retroceso fue del 2,19%.

La caída del consumo de combustibles también ubicó a Tierra del Fuego entre las jurisdicciones con mayores bajas del país durante ese mes. Solamente Santa Cruz presentó una contracción superior.

Un consumo que sigue siendo selectivo

El panorama que surge de los distintos indicadores muestra que la recuperación del consumo todavía es limitada y que las familias continúan priorizando los gastos indispensables.

A nivel nacional, el crecimiento de las ventas minoristas pyme en septiembre fue insuficiente para revertir la caída acumulada durante el año. Incluso los rubros que mostraron una mejora interanual lo hicieron en un contexto de compras más selectivas, mayor utilización de promociones y búsqueda de alternativas de menor precio.

En Tierra del Fuego, donde la actividad económica combina industria, comercio, servicios y una estructura de costos condicionada por su ubicación geográfica, los datos disponibles muestran una demanda que continúa enfrentando restricciones.

El menor movimiento en sectores vinculados al consumo cotidiano se suma así a un mercado laboral con una desocupación del 8,1% y a una proporción significativa de la población que no alcanza a cubrir la canasta básica total.

En este contexto, el dato de septiembre de CAME marca una diferencia importante entre una recuperación estadística de las ventas respecto de un año atrás y una recuperación consolidada del consumo. El comercio nacional logró volver levemente al terreno positivo en la comparación interanual, pero todavía no recuperó el nivel acumulado del año, mientras Tierra del Fuego presenta señales que muestran que el repunte todavía no alcanza para transformar de manera general el comportamiento de los consumidores.

Gracianía defendió su voto para quitarle el trámite de urgencia a la iniciativa y sostuvo que una discusión de semejante alcance no puede resolverse bajo presión ni con plazos reducidos, especialmente cuando contempla nuevas cargas tributarias y la afectación de recursos futuros.

La legisladora relacionó directamente el proyecto con el acuerdo alcanzado por el Gobierno con SUTEF luego del extenso conflicto docente. Según planteó, la Legislatura no debería quedar obligada a financiar un acuerdo celebrado entre el Ejecutivo y el sindicato trasladando el costo al conjunto de la sociedad.

“¿Por qué la Legislatura tiene que estar atada a un acuerdo que hizo el gobernador?”, planteó Gracianía, quien sostuvo que se trató de una negociación política surgida después de 46 días de paro docente.

Uno de sus principales cuestionamientos apunta al esquema de financiamiento previsto en el proyecto. Gracianía mencionó el adicional del 3% de Ingresos Brutos para las actividades gravadas del Banco Tierra del Fuego y la alícuota del 3,4% vinculada a la distribución de gas natural.

Sobre el BTF, pidió determinar quién absorberá finalmente ese costo. “Hay que ver quién se va a hacer cargo de este 3%, si lo va a pagar el banco o si se lo va a trasladar a los clientes”, señaló.

Respecto del gas, fue todavía más directa y advirtió que el incremento podría terminar impactando sobre los propios usuarios y contribuyentes.

Gracianía también cuestionó que el proyecto comprometa porcentajes de recursos futuros, incluso vinculados a actividades que todavía no generan ingresos concretos para la Provincia. Entre ellas mencionó el hidrógeno verde.

“Estamos legislando a futuro sobre algo que no existe”, afirmó, y calificó como “un dibujo” incluir recursos provenientes de una industria que todavía no está desarrollada en Tierra del Fuego.

Para la legisladora, antes de crear nuevas cargas debería revisarse en profundidad cómo se utilizan actualmente los recursos provinciales. En ese sentido, reclamó un análisis sobre las horas cátedra, el gasto educativo y el destino efectivo del dinero que ya tiene disponible el Estado.

También responsabilizó al Gobierno por la extensión del conflicto docente. Gracianía sostuvo que el Ejecutivo “se dejó correr” por el sindicato y aseguró que existían herramientas para intervenir mucho antes.

“Yo hubiera dictado la conciliación obligatoria desde el minuto cero”, afirmó.

Para Gracianía, la secuencia terminó colocando a la Legislatura bajo una nueva presión: primero el conflicto gremial condicionó al Ejecutivo y ahora el Ejecutivo pretende que los legisladores resuelvan rápidamente un proyecto que incorpora nuevos impuestos y compromete recursos futuros.

La parlamentaria anticipó que participará del debate en comisión, aunque dejó en claro que su bloque no acompañará cualquier esquema de financiamiento.

“Nosotros vamos a participar del debate, pero no vamos a convalidar cualquier cosa. Vamos a actuar con responsabilidad y vamos a poner los puntos sobre la mesa”, sostuvo.

Gracianía insistió en que la discusión educativa no puede reducirse a conseguir más recursos mediante aumentos tributarios. Para la legisladora, antes de pedirle otro esfuerzo a los fueguinos, el Gobierno debe explicar cómo administra los fondos existentes y por qué pretende que el contribuyente termine financiando las consecuencias de una negociación política con el gremio docente.

Hay una frase que se escucha cada vez con mayor frecuencia: “todo está más difícil”.

Llegar a fin de mes cuesta más. Hacer las compras obliga a elegir. Llenar el tanque requiere pensar dos veces. Las facturas pesan más dentro del presupuesto. Una consulta médica, la cuota educativa, el transporte o simplemente renovar una prenda empiezan a disputarse el mismo dinero.

Y los últimos números oficiales muestran que no se trata solamente de una percepción.

Durante el segundo trimestre de 2026, el ingreso medio per cápita familiar de la población relevada por el INDEC fue de $688.496 mensuales. Pero hay un dato todavía más representativo: la mediana fue de apenas $500.000. Eso significa que la mitad de las personas relevadas vive en hogares cuyo ingreso, dividido por la cantidad de integrantes, no supera ese monto mensual. A24

Son alrededor de $16.666 diarios por persona para cubrir alimentación, vivienda, servicios, movilidad, salud, educación, vestimenta y todas las necesidades de la vida cotidiana.

Los ingresos subieron, pero menos que los precios

Ahí aparece la clave.

En comparación con el segundo trimestre de 2025, la masa de ingresos de la población aumentó 29,3% nominalmente. Pero los precios habían avanzado más.

El resultado fue una caída real cercana al 2,9% para el conjunto de los ingresos. En particular, el ingreso medio per cápita familiar creció alrededor de 28% nominal y perdió aproximadamente 3,9% de poder adquisitivo frente a la evolución de los precios. 

Dicho de una manera mucho más sencilla: hay más pesos en el bolsillo que hace un año, pero esos pesos permiten comprar menos.

Ese es el dato que muchas veces se pierde detrás de una discusión concentrada únicamente en si la inflación mensual desacelera o no.

Que los precios aumenten más lentamente no significa que vuelvan atrás. Y mucho menos garantiza una mejora en la vida cotidiana si los ingresos crecen todavía menos.

Los gastos difíciles de evitar son los que más pesan

La situación se vuelve todavía más clara cuando se observa qué cosas aumentaron.

Hasta agosto, la inflación interanual fue del 33,5%, pero los servicios aumentaron 41,8%, muy por encima de los bienes, que subieron 29,5%. 

Dentro de los rubros directamente relacionados con el presupuesto familiar, los incrementos de los últimos doce meses fueron contundentes:

• Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 49,1%.
• Educación: 40%.
• Transporte: 38,2%.
• Alimentos y bebidas no alcohólicas: 34,9%.
• Salud: 33,2%.
• Servicios en general: 41,8%. 

No son consumos extravagantes.

Son justamente algunos de los gastos que una familia no puede sencillamente eliminar de su presupuesto.

Se puede postergar una salida, unas vacaciones o una compra importante. Resulta mucho más difícil dejar de pagar electricidad, gas, alquiler, transporte, alimentos, medicamentos o educación.

Por eso, aunque el IPC general marque una desaceleración, la experiencia cotidiana de muchas familias puede ser muy diferente a la sensación que transmite el promedio estadístico.

La inflación baja, pero las facturas ya quedaron arriba

Agosto ofrece un ejemplo concreto.

El IPC mensual fue de 1,7%, uno de los registros más bajos de los últimos meses. Sin embargo, durante ese mismo período Vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles aumentó 2,8%; Educación 2,5%; Salud 2,4%; y los precios regulados 2,2%. Entre estos últimos incidieron electricidad, gas, transporte público y medicina prepaga. INDEC

Es decir, incluso cuando la inflación promedio baja, varios de los gastos fijos siguen aumentando por encima de ella.

Y ahí está una de las explicaciones de por qué muchas familias sienten que la mejora prometida todavía no llega a sus bolsillos.

La inflación puede desacelerarse mientras el poder adquisitivo continúa deteriorándose.

No hay contradicción.

La canasta también corre más rápido que los ingresos

Otro dato oficial permite dimensionar todavía mejor el problema.

Durante el primer semestre de 2026, el ingreso per cápita familiar aumentó en promedio 11,5%, mientras que la Canasta Básica Total subió 19,6% y la Canasta Básica Alimentaria 21,4%. Chequeado

Esto significa que, durante ese período, el costo mínimo necesario para cubrir necesidades básicas avanzó sensiblemente más rápido que los ingresos de los hogares.

Y el resultado apareció inmediatamente en otro indicador: la pobreza llegó al 32,3% de la población durante el primer semestre de 2026, 4,1 puntos porcentuales por encima del segundo semestre de 2025. Entre los menores de 14 años alcanzó el 44,5%. Chequeado

Entre los hogares que ya estaban debajo de la línea de pobreza, el ingreso familiar promedio fue de $922.755, mientras la canasta necesaria para superar esa condición promedió $1.440.395. La distancia fue del 35,9%. Chequeado

También creció la desigualdad

El deterioro no se distribuyó de la misma manera.

El coeficiente de Gini —que mide la desigualdad y aumenta a medida que la distribución se vuelve más desigual— pasó de 0,424 en el segundo trimestre de 2025 a 0,428 en el mismo período de 2026. INDEC

El 10% de mayores ingresos concentró 32,3% del ingreso total, mientras que el 10% de menores recursos recibió apenas 1,8%.

Entre ambos extremos, la brecha de las medianas fue de 13 veces. 

Así, el promedio de $688.496 por persona tampoco cuenta toda la historia. Para millones de argentinos la realidad está bastante por debajo de ese valor.

Ya no se trata solamente de “ajustarse”

Durante mucho tiempo la respuesta doméstica a una crisis fue recortar aquello que podía postergarse.

Salir menos. Comprar otra marca. Cambiar el corte de carne. Dejar alguna compra para el mes siguiente.

Pero cuando el aumento se concentra en alimentos, alquileres, servicios, transporte, educación y salud, el margen para seguir recortando empieza a desaparecer.

Ese es probablemente uno de los cambios más profundos de esta etapa económica.

No necesariamente se deja de gastar porque los precios hayan bajado. Se deja de consumir porque el ingreso ya no alcanza para mantener el mismo nivel de vida.

Y esa realidad también ayuda a entender otros fenómenos recientes: hogares endeudándose para pagar gastos cotidianos, mayor utilización de cuotas, dificultades para pagar tarjetas y sustitución de productos tradicionales por alternativas más económicas.

Realidad mata relato

La desaceleración de la inflación es un dato económico concreto y relevante. En agosto fue del 1,7%, muy lejos de los registros que Argentina sufrió en otros momentos recientes. 

Pero hay otra parte de la fotografía que no puede quedar fuera.

Los precios acumulados siguen siendo más altos, numerosos servicios esenciales aumentaron por encima del promedio y los ingresos reales volvieron a perder terreno.

Por eso puede ocurrir que los indicadores macroeconómicos exhiban una inflación menor mientras, en la calle, la percepción siga siendo exactamente la contraria: que vivir cuesta cada vez más.

No porque las familias estén interpretando mal los números, sino porque la verdadera medida del bienestar no es solamente cuánto aumenta un índice de precios, sino qué cantidad de bienes y servicios puede comprar cada hogar con el ingreso que recibe.

Y los últimos datos muestran precisamente eso: para una enorme cantidad de argentinos, el dinero alcanza para menos.

En definitiva, detrás de cualquier discusión económica aparece una cuenta bastante más sencilla: cuando los ingresos pierden frente a la comida, los servicios, el transporte, la salud, la educación y la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo deja de ser una sensación. Se convierte en una realidad cotidiana.

Brasil vive este domingo una de las jornadas políticas más importantes de América Latina. 158.745.463 ciudadanos están habilitados para acudir a las urnas y definir quién conducirá el país durante los próximos cuatro años, en una elección atravesada por la fuerte polarización entre el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. 

Las mesas abrieron a las 8 de la mañana y cerrarán a las 17, según el horario de Brasilia, coincidente con el de Argentina. Gracias al sistema de urna electrónica, se espera que los primeros resultados nacionales comiencen a conocerse pocas horas después del cierre. 

Pero Brasil no elige únicamente presidente. Este domingo también se vota la composición de buena parte del poder político del país.

Además del presidente y vicepresidente, están en juego los gobiernos de los 27 estados, las 513 bancas de la Cámara de Diputados, 54 lugares del Senado —dos tercios del total— y las legislaturas estaduales y distritales. 

Lula frente al heredero político del bolsonarismo

La principal disputa tiene dos protagonistas claramente diferenciados.

Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), llega a las elecciones como presidente y busca un nuevo mandato. A sus 80 años intenta alcanzar un cuarto período presidencial no consecutivo, después de haber gobernado Brasil entre 2003 y 2010 y regresar al poder en 2023. 

Enfrente aparece Flávio Bolsonaro, senador por Río de Janeiro y candidato del Partido Liberal (PL).

Es su primera candidatura presidencial, pero su apellido tiene un peso determinante. Es hijo de Jair Bolsonaro y asumió buena parte de la representación electoral del movimiento político construido por el expresidente. Reuters señala que su campaña mantiene una marcada identificación con el legado político de su padre y plantea, entre otras cuestiones, un acercamiento mayor con Estados Unidos. 

Jair Bolsonaro no participa de esta elección. El expresidente fue condenado por su participación en el intento de revertir el resultado electoral de 2022 y actualmente permanece bajo arresto domiciliario, un elemento que también atravesó buena parte de la campaña de su hijo. 

De esta manera, aunque el nombre de Jair Bolsonaro no aparece en la boleta, el enfrentamiento político que marcó las elecciones de 2022 vuelve a estar presente cuatro años después, ahora con Flávio como representante del espacio bolsonarista.

Una elección mucho más cerrada de lo esperado

Las últimas encuestas muestran una competencia muy ajustada.

Un relevamiento de Datafolha difundido en los días previos ubicó a Lula con una pequeña ventaja sobre Flávio Bolsonaro, mientras otros sondeos también mostraron diferencias reducidas entre ambos. Reuters describió el escenario como una carrera cerrada y con altas posibilidades de segunda vuelta. 

El agregador de encuestas de UOL ubicaba, antes de la apertura de las urnas, a Lula con alrededor del 40,5% de intención de voto y a Flávio Bolsonaro con 37,2%. En una eventual segunda vuelta, la diferencia se reducía prácticamente a un empate: 45,1% contra 44,8%. 

Son fotografías previas a la votación y no anticipan el resultado definitivo, pero muestran la magnitud de la disputa.

Para ganar este domingo, un candidato necesita conseguir más del 50% de los votos válidos, sin contar blancos ni nulos.

Si nadie alcanza esa cifra, los dos candidatos más votados deberán enfrentarse nuevamente el domingo 25 de octubre. 

Todo indica, según las encuestas previas, que Lula y Flávio Bolsonaro son quienes tienen mayores posibilidades de llegar a esa instancia. 

¿Cómo votan los brasileños?

Brasil utiliza desde hace décadas un sistema de urna electrónica.

Cada elector deberá realizar este domingo seis elecciones en la máquina: primero diputado federal; después diputado estadual o distrital; luego deberá elegir dos senadores; posteriormente gobernador y finalmente presidente de la República. 

El voto es obligatorio para los ciudadanos alfabetizados de 18 a 70 años, mientras que es optativo para jóvenes de 16 y 17 años, mayores de 70 y personas analfabetas. 

La magnitud de la elección también impresiona: la Justicia Electoral dispuso más de 560.000 urnas electrónicas para recibir los votos distribuidos a lo largo del gigantesco territorio brasileño. 

Además, más de 918.000 brasileños residentes en el exterior están habilitados para participar, aunque fuera del país sólo votan presidente y vicepresidente. 

Economía, seguridad y polarización

La campaña tuvo como telón de fondo algunos de los problemas que más preocupan actualmente a los brasileños: economía, inflación, endeudamiento de los hogares, seguridad y corrupción.

Lula llega a la elección reivindicando indicadores como la reducción del desempleo y de la desigualdad, pero enfrentando malestar por el costo de vida, el endeudamiento familiar y distintos cuestionamientos políticos.

Flávio Bolsonaro, por su parte, construyó su campaña desde una agenda de derecha centrada en seguridad, economía y una política exterior más cercana a Estados Unidos e Israel, además de defender una eventual amnistía para su padre. 

Los dos principales candidatos cerraron la campaña con movilizaciones multitudinarias y mensajes muy diferentes, reflejando una sociedad que continúa profundamente dividida políticamente. 

Por qué el resultado importa también para Argentina

Lo que ocurra este domingo excede las fronteras brasileñas.

Brasil es la mayor economía de América Latina, principal socio comercial de Argentina y uno de los actores políticos más influyentes del continente. Cualquier modificación importante en su orientación económica y diplomática repercute inevitablemente en la región.

Una continuidad de Lula implicaría mantener la actual línea política y de integración regional del Gobierno brasileño. Una victoria de Flávio Bolsonaro supondría un cambio de orientación, especialmente en política exterior y en la relación con Estados Unidos. 

Por eso, desde Argentina también se sigue con atención una elección que puede modificar equilibrios políticos y comerciales dentro del Mercosur.

Brasil comenzó a votar a las 8 de la mañana y las urnas cerrarán a las 17. A partir de ese momento comenzará una rápida carga de resultados que permitirá saber si el gigante sudamericano define este mismo domingo a su próximo presidente o si Lula y Flávio Bolsonaro deberán volver a encontrarse en las urnas el próximo 25 de octubre.