USHUAIA.- El legislador provincial del Movimiento Popular Fueguino (MPF), Pablo Villegas presentó una propuesta legislativa que busca poner límites a las denominadas "desobligaciones" docentes, una modalidad de medida de fuerza impulsada por el SUTEF. Según Villegas, estas acciones permiten la interrupción del dictado de clases sin constituir un paro formal, lo que evita las consecuencias jurídicas de una huelga, como el descuento salarial por los días no trabajados. El proyecto de ley plantea declarar ilegales estas acciones si no cumplen con requisitos específicos de notificación y certificación de asistencia.
El texto de la iniciativa define a las desobligaciones como la interrupción de clases con presencia del docente en el establecimiento, adoptada por decisión del sindicato. Para Villegas y el bloque del MPF, esta práctica se ha convertido en un "mecanismo abusivo" que lesiona el derecho a la educación de los alumnos y genera desigualdades estructurales, especialmente entre quienes no pueden suplir el tiempo pedagógico perdido con recursos familiares o tecnológicos. "Son una modalidad encubierta y abusiva de una medida de fuerza que, sin observar las formas y modos que el sistema legal vigente establece para las legítimas medidas de acción directa, evitan los descuentos de las horas y/o días no laborados por el personal docente", sostiene el proyecto.
Claves del proyecto y los antecedentes
Entre los puntos centrales del proyecto, se establece la obligación del sindicato de notificar con al menos tres días hábiles de anticipación cualquier medida de este tipo a la autoridad de aplicación. Asimismo, se impone el deber al Ministerio de Educación de identificar a los docentes que adhieran para permitir la aplicación de descuentos proporcionales en los haberes. Si no se cumplen estos pasos, las desobligaciones serán consideradas ilegales y podrán acarrear sanciones tanto al personal como a la entidad gremial.
Villegas defendió la competencia legislativa para intervenir en estas situaciones, argumentando que se trata de relaciones laborales del ámbito público. En ese sentido, citó antecedentes como la Ley 1543, que declaró esenciales los servicios de comedores escolares e impuso restricciones al ejercicio del derecho a huelga en ese sector.
El legislador también cuestionó la inacción del gobierno provincial frente al conflicto con el SUTEF. Señaló que, durante los ciclos lectivos 2023 y 2024, no se aplicaron descuentos por las horas y días afectados por desobligaciones, un hecho reconocido por el propio Ministerio de Educación en respuesta a un pedido de informes. Al respecto, el proyecto de ley del MPF busca que "el ejercicio del derecho a aprender está en crisis, es decir, no se encuentra garantizado para todos en iguales condiciones".
Si bien el gobernador Gustavo Melella ha expresado en entrevistas radiales su preocupación por el impacto de estas medidas, advirtiendo que "si siguen las desobligaciones aplicaremos descuentos salariales", hasta ahora no se avanzó con medidas concretas. La propuesta de Villegas, que consta de siete artículos, será debatida en comisión en las próximas semanas y podría reavivar el enfrentamiento político con el gremio docente, que históricamente ha rechazado cualquier intento de limitar sus herramientas de protesta. "No podemos seguir avalando con nuestra inacción, a que haya niños de primera categoría y de segunda categoría en nuestra Tierra del Fuego. Todos tienen el derecho a educarse", concluye el texto del proyecto.