Denuncian deficiencias en la atención obstétrica

RIO GRANDE.- Gabriela Morales y Ariana Valdivia promueven la aplicación de las leyes de Parto Humanizado y Derechos del Paciente. Buscan transformar prácticas arraigadas en el sistema de salud y garantizar nacimientos dignos y libres de violencia. Además, participan de la Campaña Nacional contra la Violencia Gineco-obstétrica.

Además, son integrantes de la organización “Por un Parto Humanizado Tierra del Fuego”, un espacio que milita por los derechos humanos de las personas gestantes y sus bebes. También forman parte de la Mesa Interinstitucional de Parto Respetado y Derechos Humanos, que funciona desde 2023 en la Provincia junto a distintas áreas estatales y agrupaciones feministas.

Cuando el sistema pesa más que los cuerpos

Según el informe “Gestar, Parir y Nacer en Tierra del Fuego”, “entre 2013 y 2024 el 54 % de los partos en la provincia fueron por cesárea, muy por encima del 10% y el 15% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, informan Gabriela y Ariana.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que las cesáreas innecesarias conllevan un aumento del riesgo de infecciones, hemorragias y complicaciones posoperatorias. Para el bebé, pueden provocar problemas respiratorios y dificultades en la lactancia.

Para las entrevistadas, parte de este fenómeno responde a los tiempos institucionales y a intereses económicos, especialmente en el sector privado. “Las cesáreas son más rentables: permiten calcular honorarios y ajustar la rotación de camas. En cambio, el parto vaginal es imprevisible, requiere más horas de acompañamiento”, señalan.

La Ley Nacional de Parto Humanizado establece, que cada persona tiene derecho a ser informada sobre las distintas intervenciones médicas posibles, a decidir libremente entre las alternativas y a evitar prácticas invasivas o medicaciones no justificadas.

Desconocer los derechos: una forma de vulneración

Gabriela y Ariana sostienen que muchas mujeres desconocen sus derechos al parir. “Viven situaciones que creen normales, pero luego descubren que fueron apuradas, ignoradas o violentadas. La violencia gineco-obstétrica es una de las formas de violencia de género más naturalizadas y suele dejar secuelas en la vida de la mujer y del bebé”, afirman.

La Ley de Derechos del Paciente amplía este marco garantizando el acceso a la información sanitaria clara y completa, al consentimiento informado y a la autonomía en las decisiones médicas.

Un debate pendiente

Ambas coinciden en que transformar las prácticas obstétricas implica un cambio de paradigma en el acompañamiento, la gestación, el parto, el puerperio y la lactancia. “Hace falta vocación, capacitación profesional e infraestructura adecuada para garantizar lo que por ley tenemos por derechos”, remarcaron.

“Las mujeres sabemos parir y los bebés saben nacer: eso hace falta recordarle al sistema que busca cada vez más el intervencionismo por encima de la fisiología. Parir con derechos es darle el 100% del protagonismo a esa mujer y a ese bebé que va a nacer”, destacaron.

Una red que impulsa cambios

En Tierra del Fuego, organizaciones como “Por un Parto Humanizado TDF”, trabajan para que estos derechos no sean solo letra escrita, sino una experiencia real en cada nacimiento.

"Acompañamos denuncias de violencia obstétrica, obtuvimos una resolución para el acompañamiento de partos domiciliarios, realizamos el primer conversatorio de Violencia Obstétrica, el registro provincial de casos, capacitaciones a profesionales y actualmente trabajamos en un proyecto de duelo perinatal", comentaron.
Pese a estos avances, el diálogo con las instituciones privadas sigue siendo un desafío. “En las instituciones públicas hay más apertura, pero en las privadas todavía no logramos acceso. Falta permeabilidad y voluntad de cambio”, reconocen.