GENERALES | 5 DIC 2025
CONTRATACIONES PÚBLICAS BAJO SOSPECHA
Sospechan que Melella benefició a Celentano Motors en una licitación millonaria
Una maniobra administrativa por más de 300 millones de pesos involucra al Ministerio de Producción y Ambiente y apunta a una presunta connivencia de los vocales del Tribunal de Cuentas. El organismo de control habría convalidado el proceso pese a las evidentes irregularidades que violarían la libre competencia.
USHUAIA.- Una licitación que supera los $300 millones de pesos quedó bajo la lupa judicial por la presunta manipulación de los pliegos con el fin de beneficiar a la firma Celentano Motors. Los vocales vitalicios del Tribunal de Cuentas de la Provincia, Longhitano y Pani, quienes gozan de salarios millonarios y estabilidad asegurada en su cargo, validaron el procedimiento a pesar de las inconsistencias detectadas.
La adquisición de camionetas por parte del Ministerio de Producción y Ambiente (MPA) vuelve a dejar al descubierto un esquema que se repite en la administración pública fueguina.
Se trata de licitaciones que, según los denunciantes, parecen diseñadas para garantizar un único adjudicatario. La Licitación Pública N° 03/2025, tasada en $306 millones, fue formalmente denunciada ante la Fiscalía de Estado por considerarla direccionada a favor de Celentano Motors S.A., concesionaria oficial de la marca Toyota. Esta presunción se basa en un pliego técnico que resultaba imposible de cumplir para las otras marcas competidoras.
El detalle del pliego direccional
El expediente con número de registro MPA-E-77869-2025 expone la implementación del método conocido en el ambiente como “pliegos espejo”. Mediante este sistema, cada requisito estipulado por el Ministerio coincide de forma precisa con las especificaciones de un solo modelo disponible en el mercado, que es la camioneta Toyota Hilux, vehículo que comercializa la firma Celentano.
Existen tres puntos del pliego que resultaron particularmente excluyentes. En primer lugar, se exigía una potencia mínima de 200 CV o superior. La camioneta Hilux cumple con 204 CV. Esto dejó automáticamente fuera de carrera a modelos como la VW Amarok, que registra 180 CV, o la Nissan Frontier con sus 190 CV. En segundo lugar, la capacidad mínima requerida para el tanque de combustible se fijó en 80 litros. Por esta condición, la Chevrolet S10 quedó descartada al contar con 76 litros, una diferencia mínima de apenas cuatro litros. Finalmente, el despeje del suelo se estableció en 225 mm o más. La Hilux posee 227 mm, apenas dos milímetros por encima del piso exigido.
El desenlace de la licitación era la crónica de un resultado anunciado. Celentano Motors se presentó como la única oferente y obtuvo la adjudicación de cuatro camionetas a un precio unitario de $76,5 millones. Estos montos son superiores a las alternativas que ofrece el mercado, vehículos que no tuvieron oportunidad de competir debido al pliego que limitó la participación.
La responsabilidad del Tribunal de Cuentas
Esta maniobra no podría haber avanzado hasta su concreción sin la venia del organismo que tiene la obligación de fiscalizar el uso de los dineros públicos. Hablamos del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
El expediente pasó por la órbita de los vocales vitalicios Miguel Longhitano y Hugo Sebastián Pani, quienes perciben remuneraciones cuantiosas y poseen estabilidad perpetua en su puesto. Lejos de imponer un freno a un proceso licitatorio con claras evidencias de nulidad por no garantizar la libre concurrencia de oferentes, el TCP se limitó a emitir el Acta de Constatación Preventiva N° 94/2025. Dicha acta se contentó con realizar simples observaciones de índole formal, sin tomar ninguna medida que impidiera la adjudicación a favor de la empresa denunciada.
La presentación formalizada ante la Fiscalía sostiene que la actuación de los vocales se reduce a la de “una escribanía que legitima sobreprecios y negocios para los amigos del poder”. En la denuncia se afirma que no existe un cuestionamiento de las irregularidades estructurales que afectan gravemente al patrimonio de la provincia.
La denuncia y la investigación solicitada
La presentación judicial ante la Fiscalía de Estado persigue tres objetivos concretos. Se solicita la nulidad absoluta de la adjudicación. En segundo término, se pide que se inicie una investigación penal contra los funcionarios responsables del Ministerio de Producción y Ambiente y del Tribunal de Cuentas. Por último, se requiere analizar un posible incumplimiento de los deberes de funcionario público y la figura de encubrimiento por parte de los vocales y sus subalternos.
Mientras se desarrolla el proceso, el Estado provincial podría haber erogado millones de pesos extra por vehículos seleccionados bajo un esquema que favorece a un único proveedor. Esta operación se concretó con el aval del mismo organismo que tenía como principal misión evitar justamente este tipo de situaciones.
