USHUAIA.- La parálisis en las negociaciones entre la Clínica San Jorge y la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) alcanzó un punto de máxima complejidad institucional. A través de declaraciones radiales, el doctor Carlos Sánchez Posleman describió un escenario de incertidumbre absoluta que pone en jaque la cobertura médica de miles de fueguinos, especialmente de aquellos que atraviesan cuadros de salud delicados.
El directivo del centro médico privado remarcó que ya transcurrieron dos semanas sin prestaciones normales debido a la ausencia total de contacto por parte de los administradores del organismo estatal. En ese sentido, Sánchez Posleman manifestó que la falta de respuestas hace suponer un desinterés manifiesto por parte de la obra social para alcanzar una solución efectiva al conflicto que afecta la atención diaria.
Desde la conducción de la clínica buscaron clarificar que la interrupción no responde a una medida de fuerza arbitraria sino a una situación de acefalía en el vínculo contractual. Según detallaron desde la institución de salud, actualmente desarrollan sus tareas sin un contrato vigente, lo que invalida la operatividad administrativa y legal de los servicios que prestan los profesionales médicos a la red de la OSEF.
La resolución del conflicto no solo depende de la rúbrica de un nuevo acuerdo de partes, sino también de la regularización de una deuda de gran magnitud que la obra social mantiene con el sanatorio. Además, los directivos esperan que se analice una propuesta técnica que la clínica presentó oportunamente para colaborar con el organismo en el marco de la emergencia que atraviesa el sector de salud provincial.
A raíz de este estancamiento, la guardia y los servicios de la Clínica San Jorge aplicaron un cambio en su protocolo de recepción de pacientes durante las últimas horas.
La nueva disposición establece que cualquier consulta o patología que no represente un peligro de muerte inmediata deberá ser derivada al hospital regional para que el efector público se haga cargo del diagnóstico y tratamiento.
Sánchez Posleman fue contundente al confirmar que la decisión institucional ya se encuentra operativa y que la clínica solo absorberá los casos de riesgo de vida inminente. Esta medida traslada la presión asistencial directamente al ámbito público, el cual deberá absorber la demanda de una masa de afiliados que se encuentran sin cobertura en el sector privado.