USHUAIA.- El auxilio financiero que hoy sostiene a Tierra del Fuego, expresado en un adelanto de coparticipación por 20 mil millones de pesos, dista de ser un gesto inocuo. En un contexto de fragilidad fiscal expuesta, el pedido de fondos se convirtió en la tabla de salvación de un Ejecutivo provincial que no logra equilibrar sus números. Pero, como suele ocurrir en estos casos, el oxígeno tiene contraprestación: el avance sostenido de intereses privados sobre el puerto de Ushuaia.
La trama se fue tejiendo sin declaraciones rimbombantes ni anuncios oficiales. Primero, una provincia con serias dificultades para sostener su funcionamiento cotidiano. Luego, un adelanto financiero que permite ganar tiempo, aunque por un lapso limitado, y que en el corto plazo volverá a presionar sobre salarios y gastos esenciales. En paralelo, el Grupo Mirgor, ligado a la familia Caputo, refuerza su interés en el negocio logístico y en la infraestructura portuaria.
El puerto aparece como pieza central de ese engranaje. Aunque desde el discurso oficial se descarta cualquier intervención, la auditoría en marcha es un dato concreto, aun cuando sus conclusiones no hayan sido difundidas. En los hechos, ese proceso es leído como la antesala de una intervención que, sin decreto ni anuncio formal, muchos dan por descontada.
En ese contexto, el apellido Caputo deja de remitirse a una identidad partidaria y se asocia a una lógica de continuidad. Con gobiernos nacionales de distinto signo, la familia supo sostener vínculos estables y presencia en sectores estratégicos, una transversalidad que explica su peso específico cuando el poder político provincial aparece urgido de apoyos externos.
La postal es conocida: un salvataje de 20 mil millones que deberá ser devuelto o compensado en el corto plazo, una auditoría que ordena el terreno y un puerto que deja de ser solo infraestructura para transformarse en variable política. Así, el puerto de Ushuaia funciona como síntoma de una gestión atrapada en la urgencia y de un poder económico que avanza cuando el poder político retrocede. El acuerdo de fondo, como casi siempre, se cocina lejos de la mirada pública y con un objetivo claro: sostener el mando hasta el último día.