Primeras trabas judiciales para el reclamo fueguino por el control del Puerto de Ushuaia

USHUAIA.- La estrategia jurídica lanzada por la gestión de Gustavo Melella para recuperar la potestad sobre la terminal portuaria de la capital fueguina tropezó con sus primeros obstáculos en los tribunales. En una de sus resoluciones iniciales, la magistratura federal interviniente decidió no habilitar la feria judicial y dictó una serie de pasos previos que postergan el avance del expediente. Esta determinación le quita ritmo a un planteo que el Gobierno de Tierra del Fuego había presentado con una fuerte impronta política frente a las decisiones de la administración central.

La Justicia fue clara al considerar que la presentación carecía de la urgencia necesaria para quebrar el receso de enero. Esta postura del juzgado se contrapone con la relevancia institucional que el Ejecutivo le dio a la causa en medio de la puja con la Nación por el manejo operativo de los muelles.

Dentro de las medidas ordenadas, se le dio intervención a la Unidad Fiscal. Una vez que retorne la actividad ordinaria en los tribunales, el organismo dispondrá de 48 horas para dar su dictamen sobre dos interrogantes que los jueces consideran fundamentales. El primero radica en si el caso debe tramitarse bajo la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El segundo punto, no menos conflictivo, cuestiona si el Gobernador tiene facultades para iniciar este juicio sin el acompañamiento de la Fiscalía de Estado, que es la institución que posee por mandato legal la representación de la Provincia.

El tribunal también puso la lupa sobre cuestiones técnicas del equipo jurídico. En el auto judicial se remarcó la exigencia de que el apoderado provincial cuente con la matrícula federal correspondiente para poder litigar en ese fuero, un requisito que el juzgado consideró indispensable señalar en este arranque del proceso.

Si bien el pronunciamiento no analiza todavía el corazón del conflicto por el Puerto de Ushuaia, obliga a la Casa de Gobierno a emprolijar aspectos de forma que resultan sustanciales antes de pretender una sentencia. Mientras se aguardan estas definiciones, los registros oficiales muestran que la Provincia ya asumió el compromiso de abonar 60.000 dólares en concepto de honorarios profesionales. Este gasto, pautado en tres cuotas, tiene como destino una acción declarativa que todavía se encuentra empantanada en sus pasos iniciales.

Por el momento, el escenario judicial impone sus tiempos y obliga a un reordenamiento de la táctica de la Provincia. Antes de entrar en la discusión sobre federalismo y autonomía portuaria, la gestión local deberá responder con precisión a cada una de las observaciones que la Justicia Federal plantó en el camino.