Aumento: Primero al Gabinete, los demás miran

USHUAIA.- La decisión del Gobierno de la provincia desató una fuerte polémica tras oficializar un esquema de ingresos que beneficia de forma exclusiva a la planta política de Gustavo Melella. A través del Decreto 092/26, firmado el pasado 21 de enero, la administración provincial introdujo modificaciones técnicas que permiten un salto en las remuneraciones de la cúpula estatal. La normativa establece los adicionales por “Servicios Acumulados” y “Formación Profesional Acrediteda”, beneficios diseñados a medida para ministros y cargos jerárquicos que no se trasladan al resto de los empleados públicos.

La arquitectura del aumento se divide en dos tramos financieros. Por un lado, el artículo segundo garantiza un plus por antigüedad del 2% por cada año de servicio en el Estado, con una actualización que se dispara automáticamente cada enero. Sin embargo, el dato que encendió las alarmas es el reconocimiento de un 35% sobre el sueldo básico para aquellos funcionarios con título de grado. Desde la Casa de Gobierno intentaron bajarle el tono a la medida hablando de “razonabilidad, equidad y adecuada retribución de la función pública”, argumentando que se trata de una jerarquización necesaria que no altera la escala general de la provincia.

Esta mejora para los cargos políticos se implementó bajo un blindaje administrativo que esquiva la palabra aumento para presentarse como un reordenamiento de ítems. En los hechos, la decisión oficial delega en el Ministerio de Economía la capacidad de interpretar y pagar estos porcentajes. Mientras la billetera estatal se mostró flexible para reforzar las dietas del entorno del Gobernador, la realidad en las mesas paritarias con los trabajadores de la educación muestra una cara completamente opuesta.

El contraste

El conflicto con el SUTEF alcanzó su punto de ebullición luego de que la administración de Melella pusiera sobre la mesa una oferta salarial de apenas el 1%. Esta cifra fue calificada como una provocación por la dirigencia sindical, ya que se presentó a menos de una semana del regreso pautado a las aulas. El rechazo fue contundente durante un congreso provincial virtual donde participaron más de 170 delegados, quienes consideraron de forma unánime que el ofrecimiento es una falta de respeto frente a la inflación acumulada.

La tensión gremial amenaza ahora con paralizar el comienzo de las clases en toda la provincia. Tras el encuentro paritario del jueves pasado, realizado en un marco de fuerte movilización popular, los maestros llevaron el debate a las asambleas escolares para definir los pasos a seguir. El cronograma de lucha se terminará de definir entre el viernes 20 y el lunes 23 de febrero, fechas en las que se votarán los mandatos que podrían derivar en la suspensión del inicio del ciclo lectivo.

De esta manera, el escenario fueguino queda marcado por una profunda asimetría en la distribución de los fondos públicos. Por un lado, el Ejecutivo consolidó un andamiaje técnico para blindar los bolsillos de sus funcionarios de mayor rango. Por el otro, los educadores evalúan medidas de fuerza directas ante una propuesta que, en la práctica, licúa el poder adquisitivo de las familias docentes en un contexto de ajuste generalizado para los trabajadores de la isla.