Vecinos de la margen sur vinculan el recorte del GLP con obras inconclusas

RÍO GRANDE.- En medio de la polémica generada por los cambios impulsados por el Gobierno provincial en el sistema de subsidios al gas envasado, vecinos de la Margen Sur difundieron una investigación en la que cuestionan la gestión de la infraestructura gasífera y sostienen que el intento de restringir el acceso al beneficio busca trasladar a los usuarios las consecuencias de obras que, según afirman, nunca fueron completadas.

El documento, denominado "Investigación Especial: El expediente secreto del gas", analiza antecedentes administrativos y documentación oficial vinculada al expediente MOSP-E-10644-2021. Allí se sostiene que detrás de las actuales mesas de diálogo convocadas por el Ejecutivo persisten problemas estructurales relacionados con la ejecución de la Ley Provincial 1312, que había sido presentada como una herramienta para garantizar conexiones domiciliarias de gas a costo cero para miles de familias.

Según el informe vecinal, la propia Provincia reconoció mediante documentación oficial que no logró alcanzar los objetivos originalmente planteados. Los autores señalan que el Gobierno anunció un programa destinado a conectar a 3.300 familias de Río Grande y Tolhuin, pero que finalmente sólo se habrían certificado 872 conexiones finalizadas, pese a que los recursos destinados al plan habrían superado ampliamente el presupuesto inicial.

A partir de esos datos, los vecinos sostienen que más de dos mil hogares continúan dependiendo del suministro de garrafas y que la falta de infraestructura es el verdadero problema de fondo que hoy afecta a numerosos sectores de la ciudad.

Otro de los puntos cuestionados en la investigación es la propuesta oficial de facilitar líneas de crédito del Banco de Tierra del Fuego para financiar instalaciones internas domiciliarias. Los autores consideran que esta alternativa implica trasladar a las familias un costo que, según interpretan, debía ser asumido por el Estado en el marco de la Ley 1312. Además, advierten que la exigencia de reempadronamiento y los plazos fijados para acceder a la red podrían derivar en la pérdida del subsidio al gas envasado para numerosos beneficiarios.

El informe también pone bajo análisis la información cartográfica utilizada para reportar avances de obra. De acuerdo con la auditoría territorial realizada por vecinos, existirían sectores incluidos dentro de los registros provinciales como metas cumplidas que corresponderían a intervenciones financiadas previamente a través de programas nacionales vinculados al RENABAP y al Fondo de Integración Socio Urbana.

Los autores reclaman que se aclare el origen de las obras incorporadas en los informes oficiales y solicitan una revisión técnica de la documentación para determinar el grado real de ejecución alcanzado por la Provincia.

Finalmente, el documento sostiene que las mesas de trabajo impulsadas por el Ejecutivo forman parte de una estrategia dilatoria destinada a postergar definiciones mientras continúan vigentes las restricciones sobre el sistema de asistencia al gas envasado. En ese marco, los vecinos reclaman mayor transparencia en el manejo de los fondos públicos y exigen que se informe con precisión el estado de las obras comprometidas para garantizar el acceso al gas por red en distintos barrios de Río Grande.