Según trascendió, el personal de Políticas de Género que venía llevando adelante medidas como quite de colaboración y asambleas informativas, se vio obligado a levantar esas medidas con las cuales manifestaban el malestar por los problemas que tienen en el sector, a raíz del anuncio de que se les descontaría el tiempo en el cual llevaran adelante los reclamos por esas vías.

Trabajadoras de dicha dependencia provincial, confirmaron que la responsable del sector, Gabriela Moreira, les habría señalado que había sido “una decisión política” no descontar hasta el momento las horas de asambleas. Pero, a la vez, les dijo que de continuar con esas medidas se les descontarían todas las horas en las cuales no habían trabajado.

Según señalaron “a fuerza de presión y hostigamiento, tuvimos que levantar las medidas. Pero eso no quiere decir que se hayan solucionado los problemas, la situación es cada vez más crítica aunque lo quieran ocultar. Siguen los malos tratos, el acoso laboral, no dieron respuesta a nuestros reclamos y seguimos sin la partida correspondiente para resolver las diferentes situaciones que se presentan”, dijo una de las empleadas.

Las trabajadoras relataron diferentes situaciones de “persecución  y presiones permanentes, nos controlan todo el tiempo y si tenemos una reunión por cuestiones laborales nos dicen que estamos paveando”, aseguraron. También indicaron que sigue faltando personal y comentaron que “no hubo incorporación de planta permanente, como lo había prometido el gobernador (Gustavo Melella) y de hecho había dos plantas que estaban para la firma y las dieron de baja, argumentando que a Género no iban a haber ingresos porque no somos prioridad”, indicaron.

Igualmente señalaron que “ni siquiera para una asistencia alimentaria pueden dar respuesta” y advirtieron que “aunque no podamos realizar medidas por las presiones que tenemos, los problemas no solo siguen sino que se profundizan”.

Vale recordar que, en un comunicado que difundieron las trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género de Río Grande a principios de este mes, señalaban que “Tal como es de público conocimiento, desde el mes de marzo del corriente año, la Subsecretaría de Políticas de Género se encuentra en estado de emergencia”.

Después señalaban en ese texto que “Es por esto que, se realizaron los reclamos correspondientes sin obtener al día de la fecha respuesta alguna. Estamos hartas. Hartas que la violencia por motivos de género no sea puesto en agenda pública. Hartas de no tener presupuesto para asistir a mujeres, víctimas de violencia por motivos de género”.

En el mismo sentido decían estar “Hartas de que nos estén matando y les funcionaries sigan mirando a un costado. Nos están pisando, nos están silenciando. Una vez más se crean súper estructuras políticas, sin partida presupuestaria. Una vez más no se evalúan y ejecutan políticas públicas con perspectiva de género. Nueve meses esperando soluciones efectivas del gobierno de turno”.

“Nueve meses de desidia y omisión. Repetimos que nuestra provincia cuenta con la tasa más alta de femicidios. Ya no tenemos más paciencia. Exigimos que las soluciones a los reclamos se dispongan en carácter urgente. Por eso pedimos a medios de comunicación puedan replicar este comunicado y exigir juntes que el gobierno de respuestas”, concluía el texto que difundían en esa oportunidad, relatando los problemas que hoy aseguran se profundizaron.