jueves 28 de marzo de 2024 - Edición Nº1940

Política | 1 dic 2022

Por demora en el tendido de fibra óptica

ENACOM responsabiliza a la Cooperativa Eléctrica

Gustavo López, vicepresidente de ENACOM, afirmó que la Cooperativa Eléctrica de Río Grande pretende cobrar un monto casi equivalente al costo de la red de fibra óptica por alquilar los postes para el tendido en la zona norte. Hizo responsable a la empresa de la demora de más de cuatro meses para que la ciudad pueda contar con una opción más económica y de mayor velocidad, y dio a conocer la intimación elevada este martes, donde se la notifica del precio que debe cobrar en función de la legislación vigente, que obliga a compartir la infraestructura pasiva. Deslizó intereses espurios frente a esta oferta del Estado, que es mucho más competitiva, en función de que hay socios de la Cooperativa que son dueños de otra empresa prestadora de servicios de internet.


Por: Ramón Taborda Strusiat

Río Grande.- El vicepresidente de ENACOM hizo una seria acusación contra la Cooperativa Eléctrica, por precios abusivos que pretendería cobrar para alquilar sus postes y permitir que por allí pase el tendido de la red de fibra óptica provincial. Aseguró que hay intereses espurios de parte de socios de la empresa que a su vez pertenecen a una firma que presta servicios de internet, y dio a conocer la intimación elevada esta semana donde se la notifica del precio que debe cobrar, en función de una ley vigente que obliga a compartir la infraestructura pasiva.

Por Radio Nacional Ushuaia, explicó que “hasta este año la única red de fibra óptica mayorista que tenía la provincia era la de una empresa privada -Telefónica-. Como no había competencia, si esa empresa hacía o no inversiones, si cobraba mucho o poco, todos los privados minoristas que llevan el cable a cada casa, le tenían que comprar a Telefónica. Este año se terminó una obra muy importante, que es la red federal de Tierra del Fuego, es decir que en este momento la provincia tiene una segunda red mayorista que es mucho más moderna y veloz, además de más económica, porque ARSAT está asociado con la provincia y cobra en pesos. Es la obra de más de 400 millones que financió ENACOM, para la conexión de fibra óptica mayorista”, recordó.

“En este momento esa red está funcionando y ya empezaron a contratarla algunos servidores, porque las empresas pueden seguir con Telefónica o pasarse a ARSAT; pero el problema que tuvimos en Río Grande fue que la dueña de los postes es la Cooperativa Eléctrica, y pasó un monto exorbitante por el alquiler. Es tan exorbitante ese alquiler que, llevado al costo anual, equivale prácticamente al costo de la obra, de todo el tendido de fibra óptica”, alertó.

“En este momento estamos con cuatro obras importantes de fibra óptica, dos de barrios populares y dos de instituciones públicas. En Ushuaia se está haciendo el tendido para que todas las escuelas, hospitales y comisarías tengan internet, y todo esto va a ser alimentado por la red de ARSAT. Los cables tienen que pasar por algún lado y en el caso de Ushuaia no tuvimos inconvenientes con la Dirección Provincial de Energía, pero la Cooperativa Eléctrica de Río Grande pretende cobrar 1.600 pesos por mes en concepto de alquiler por cada poste, lo que da un monto anual superior a los 30 millones de pesos, simplemente para usar unos postes que tienen 20 ó 30 años de uso y están totalmente amortizados”, cuestionó.

 

Intervención de ENACOM

 

Frente a este desaguisado, dio a conocer que “el ENACOM llamó a una conciliación obligatoria y pasaron un monto más bajo, pero como no hubo acuerdo entre las partes, ENACOM hizo un cálculo estimativo para determinar el precio de compartir infraestructura pasiva, como se llama en este caso. Si el precio hace imposible brindar internet en Río Grande, la provincia tiene que poner los postes y duplicar la cantidad que hay, lo que además del costo implica una gran contaminación visual. Para eso hay una ley, de Argentina Digital, que prevé compartir la infraestructura pasiva. El que tiene la infraestructura tiene la obligación de compartirla a un precio razonable”, aseguró.

“Se fijó un precio de 102 pesos por poste, que es 15 veces inferior a lo que pretendía cobrar la empresa. La Cooperativa teóricamente puede rechazar ese precio y la provincia también puede duplicar los postes, como también puede determinar que se los da gratis a todos los demás prestadores y la Cooperativa se quedaría sin ningún tipo de clientes. Eso sería un dispendio de dinero innecesario, y básicamente acá estamos hablando de un servicio que es esencial para la comunidad”, subrayó.

Agregó que este precio abusivo “no solamente lo fijó la Cooperativa con esta obra que está ejecutando con fondos nacionales, sino que también se lo hace a los privados que se quieren conectar, y les pretende cobrar más caro. Pero hay una ley que obliga a compartir infraestructura pasiva, porque de lo contrario llenaríamos de postes todas las ciudades del país; segundo, si el precio es abusivo, interviene el ENACOM y hace un cálculo de uso, los años que tienen los postes y la renta que genera, para determinar lo que tienen que cobrar”.

 

Cuatro meses de atraso

 

En medio de esta disputa, la sociedad se está viendo perjudicada por la demora en la finalización de las obras para conectar instituciones públicas y barrios populares, que lleva “no menos de tres o cuatro meses”, estimó López.

“Están complicando a los ciudadanos de Río Grande, y también hay intereses contradictorios, porque algunos de los socios de la Cooperativa son dueños de empresas preexistentes que no quieren competencia. Ese creo que es el motivo de fondo”, reveló.

“El Estado no puede dejar de intervenir, porque se trata de un servicio público. De hecho, el gobierno de la provincia intervino y se presentó en la mediación, porque la titular de los postes es la Cooperativa, no el gobierno, si bien es un servicio público concesionado. En este caso no se trata del servicio de electricidad sino de la utilización de los postes para poder brindar otro servicio”, aclaró.

“En este momento en Ushuaia se está completando el tendido para las instituciones públicas y barrios populares, y los postes son de la DPE. Lo real y concreto es que internet es un servicio público y es esencial para el desarrollo de la vida cotidiana. Tierra del Fuego es una de las primeras provincias que decidió apostar a la industria del conocimiento. En Ushuaia se inauguró hace un par de semanas la fábrica de talentos y algo similar se quiere hacer en Tolhuin y en Río Grande. Eso sólo funciona con internet, porque la industria del software requiere de banda ancha suficiente y de capacidad instalada. Tierra del Fuego se va a convertir en la primera provincia argentina que tendrá conectado todo el sistema público, es decir todas las escuelas, los hospitales, centros de salud y comisarías, pero tiene un obstáculo en la ciudad de Río Grande porque la Cooperativa Eléctrica ha demorado cuatro meses el inicio de la obra, por no querer alquilar sus postes a un precio razonable. Es un perjuicio para todos los habitantes y me parece un disparate”, sentenció.

 

Judicialización posible

 

Se le preguntó qué ocurre si la Cooperativa no acata la resolución de ENACOM y el precio que fijó, y decide ir a la justicia, con lo que se dilatarían más las obras en la zona norte. “La Cooperativa puede incumplir la resolución de ENACOM, porque no tiene cómo resistirlo. Si quiere judicializar, nosotros también podemos hacerlo, pedir un amparo y tirar cables por todos lados, porque de lo contrario debería tomarse la decisión política de duplicar los postes, es decir poner un poste al lado de cada poste de la Cooperativa, pero realmente no tiene sentido contaminar visualmente la ciudad e incurrir en un gasto innecesario, cuando hay una ley que los obliga a compartir la infraestructura pasiva”, expresó.

“Yo espero que con esta resolución entren en razones. Hasta ahora cada vez que ENACOM intervino en una mediación, nadie se resistió a cumplir con la resolución. En Ushuaia la DPE permitió que se iniciara con el cableado mientras se acordaba el valor sin ningún tipo de problema y la red está funcionando. También algunos privados han contratado con ARSAT en Ushuaia y en Tolhuin. El problema está en Río Grande y es un perjuicio directo a los ciudadanos”, reiteró.

“Si una empresa quiere cambiar de proveedor, tener mayor velocidad y un costo más barato, no lo puede hacer porque la Cooperativa no permite usar los postes. Es un disparate, y nosotros hicimos un gran esfuerzo para que la sociedad pueda tener un beneficio. Cuando la internet de barrios populares empiece a funcionar, eso va a obligar a bajar los precios a todo el mundo. Ahora está en plena ejecución esa obra”, señaló.

Asimismo, recordó cómo la aparición de ARSAT obligó a bajar costos abusivos en todo el país, teniendo en cuenta lo que se paga actualmente en Tierra del Fuego a empresas privadas, por una conectividad muy deficiente. “Antes de la existencia de ARSAT, que se creó durante la presidencia de Cristina Kirchner, las empresas privadas cobraban 100 dólares el mega. Cuando ARSAT empezó a funcionar, bajaron a 10 dólares, y hoy algunos lo cobran 4 dólares, otros 5, otros 8, y ARSAT lo cobra en pesos. Acá va a haber competencia porque va a haber una segunda red mayorista pero también va a haber redes minoristas y, cuando empiece a funcionar la red de barrios populares, va a obligar a bajar los precios”, garantizó.

“Tengo entendido que el gobierno de la provincia esta semana ha hablado con la Cooperativa para fumar la pipa de la paz y que se dejen de dar vueltas con estas cosas, porque están perjudicando al usuario, pero también están perjudicando seriamente la imagen de la Cooperativa”, concluyó.

 

Gestiones ignoradas

 

Ante esta actitud de la empresa concesionaria del servicio de energía en Río Grande, se recordó que por las gestiones de la provincia logró la condonación de las deudas millonarias que tenía la Cooperativa Eléctrica con CAMMESA, y estuvieron al frente de esas gestiones el Secretario de Energía Moisés Solorza y el propio gobernador. No obstante, al momento de retribuir a la propia provincia y la comunidad, colocan trabas que impiden el acceso a una conectividad más eficiente y económica.

 

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