En declaraciones a RED23, Saldívia advirtió que, de concretarse esta medida, afectaría principalmente a aquellas personas que han migrado a Tierra del Fuego, ya que acceder a la pensión provincial, conocida como RUPE, es un proceso extenso y complejo. "A nivel nacional se ha planteado la posibilidad de eliminar algunas pensiones por discapacidad. Esto afectaría, en primer lugar, a aquellos que han migrado a la provincia desde otras regiones, ya que el proceso para acceder a la pensión provincial es largo y complicado", explicó.

El director del CAAD señaló que, aunque las pensiones nacionales son menores que las provinciales, siguen siendo una fuente de sustento fundamental para muchas personas con discapacidad. En contraste, la pensión provincial RUPE, respaldada por la ley y destinada a quienes cuentan con un certificado de discapacidad, ofrece un mayor apoyo económico para cubrir necesidades esenciales como salud y educación. No obstante, el acceso a este beneficio está condicionado por requisitos estrictos, como un mínimo de cinco años de residencia en la provincia, lo que limita la posibilidad de muchos beneficiarios.

Saldívia también manifestó preocupación por aquellos fueguinos que, al trasladarse a otras provincias, enfrentan barreras para continuar recibiendo la pensión. "Si una persona nacida en la provincia se muda a otro lugar, debería seguir recibiendo la pensión. Es un derecho, pero hay falta de información y, a veces, desidia en la implementación de la ley", denunció.

Por otro lado, el director del CAAD puso el foco en las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad en el ámbito laboral. "Es un dilema. Si una persona con discapacidad consigue trabajo, pierde una parte de su pensión, lo que hace muy difícil la combinación de ambos", explicó. En este sentido, destacó el proyecto de la legisladora Gisela dos Santos, del Bloque Somos Fueguinos, que busca permitir que los beneficiarios de la pensión RUPE puedan conservarla independientemente de su situación laboral. La iniciativa ha despertado el interés de varios legisladores y cuenta con el respaldo de Saldívia. "Es una propuesta necesaria porque las personas con discapacidad tienen derecho tanto a trabajar como a recibir el apoyo económico de la pensión", sostuvo.

Sobre la inclusión laboral, Saldívia reconoció avances en el sector público, aunque subrayó que el sector privado aún se muestra reticente. "Es importante trabajar en la sensibilización y eliminar los prejuicios que existen hacia las personas con discapacidad", expresó. Además, resaltó la labor del CAAD en la formación de sus participantes, quienes han adquirido habilidades y desarrollan diversos oficios, como la elaboración y venta de productos.

Finalmente, Saldívia hizo un llamado a la sociedad para cambiar la mirada sobre las personas con discapacidad. "Aún queda mucho por hacer, pero se están dando pasos importantes. El gobierno provincial y municipal están generando herramientas para mejorar la inclusión. Sin embargo, la comunidad también tiene que asumir su rol, desmitificando mitos y entendiendo que las personas con discapacidad pueden ser tan productivas como cualquier otra", concluyó.