La suba se da por la vuelta al sistema aprobado en abril de 2023, que fija las dietas en base a 2.500 módulos, más 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo, además de una “dieta número 13” a modo de aguinaldo. Con esa fórmula, las dietas superan los $7 millones brutos, y con las actualizaciones más recientes por paritarias, trepan a los $9 millones.

El intento de frenar estos aumentos quedó trunco a fines de 2024, cuando la vicepresidenta Victoria Villarruel –presidenta del Senado– propuso una prórroga del congelamiento. Sin embargo, la iniciativa no prosperó ante la negativa de los senadores, incluso en la última sesión del año, en la que se trató la expulsión del legislador entrerriano Edgardo Kueider.

Ante la falta de consenso, Villarruel firmó un decreto al comenzar 2025, en línea con la presión del presidente Javier Milei, que venía reclamando una mayor austeridad en todos los poderes del Estado. Desde su entorno insisten en que la vicepresidenta buscará nuevamente sugerir el congelamiento en la próxima reunión de Labor Parlamentaria, aunque remarcan que “es un tema que ahora depende de los senadores”.

Uno de los pocos legisladores que se opone abiertamente al aumento es el cordobés Luis Juez (PRO), quien recientemente envió una nota a Villarruel solicitando mantener su dieta congelada durante todo el año. “No son momentos para discutir los salarios de la política, todo lo contrario”, señaló el senador, argumentando que es momento de acompañar “el esfuerzo que hace el pueblo”.

A Juez se suma el santacruceño José Carambia, también en contra del aumento. No obstante, desde la Presidencia del Senado aclaran que el sistema no permite aplicar medidas individuales, ya que las liquidaciones se procesan de forma unificada a mediados de cada mes.