“Los casos de familia son realmente numerosos en Río Grande. Los dos juzgados de familia que tenemos en la ciudad están abarrotados de trabajo”, expresó Luft, poniendo el foco en una realidad que se repite a diario en los pasillos judiciales.

El abogado explicó que, si bien los conflictos muchas veces se presentan bajo el argumento del cuidado de los hijos, en realidad el trasfondo suele ser económico. “Lamentablemente, muchas veces son peleas de pareja que impactan en la situación de los chicos, relacionadas con no pasar dinero para que otros gastos no se destinen a ellos”, señaló. Y agregó que estas tensiones rara vez se originan por el interés superior del niño, sino por disputas no resueltas entre los adultos.

Según Luft, este tipo de conflictos no son exclusivos de Tierra del Fuego. “La división de tareas y responsabilidades cuando una familia se separa es un tema espinoso que conlleva muchas intervenciones judiciales”, indicó, remarcando que este fenómeno atraviesa a todo el país.

En ese sentido, comentó que es común que el progenitor no conviviente busque formalizar acuerdos para mantener el vínculo con sus hijos, pero que muchas veces surgen resistencias cuando se trata de asumir compromisos económicos. “Muchas veces el progenitor no conviviente plantea que quiere cumplir con sus obligaciones, pero también le cuesta aceptar que lo que se necesita para el bienestar del niño no siempre coincide con lo que a él le resulta cómodo pagar”, sostuvo.

La falta de acuerdo y la incomprensión sobre las verdaderas necesidades del menor suelen derivar en una mayor intervención judicial. Frente a este panorama, Luft subrayó la importancia de la mediación como herramienta para destrabar conflictos. “A veces, las parejas que se disuelven vienen con una predisposición para llegar a un acuerdo, lo cual es un gran paso”, reconoció. No obstante, también admitió que hay situaciones donde las diferencias son tan marcadas que requieren largos procesos judiciales.

A todo esto se suma un factor clave: la crisis económica. “Muchos progenitores alegan que no pueden aportar más porque tienen sus propios gastos, otros hijos, o dificultades laborales. A veces, esto es cierto, pero si vamos a lo legal se esperaría que busquen maneras de incrementar sus ingresos para cumplir con sus responsabilidades, aunque eso en el contexto económico de nuestro país también es complicado”, explicó.