En un pueblo de poco más de 10 mil habitantes, donde el Colegio Trejo es la única institución de nivel secundario con una matrícula de 786 estudiantes, el impacto fue inmediato. “Uno de los canales se filtró con todos los mensajes. Las agresiones eran brutales, con nombres y apellidos. Esto no es menor: acá todos nos conocemos”, relató Borrell, visiblemente preocupada.

La situación estalló cuando algunas alumnas, víctimas directas de los ataques, contaron a sus familias lo ocurrido. “Mi hija también fue una de las agraviadas. Algunas chicas se desbordaron emocionalmente. Otras no se animaron a contarle a sus padres por la gravedad de las injurias, que incluían referencias sexuales y acusaciones sobre consumo de sustancias”, explicó Borrell.

Junto a otras madres, comenzaron a organizarse y visibilizar lo ocurrido. Sin embargo, según relató, la respuesta institucional fue prácticamente nula. “Las chicas intentaron hablar con el equipo de gestión del colegio y fueron silenciadas. Les dijeron que estaban ocupados y que volvieran a clase. Al día siguiente, como la situación se volvió insostenible, trasladaron la responsabilidad al centro de estudiantes. Es decir, delegaron en los alumnos algo que corresponde a los adultos”, denunció.

Borrell también señaló que se elevó un acta solicitando medidas urgentes: comunicación oficial con las familias, talleres de sensibilización, intervenciones pedagógicas y seguimiento emocional para las víctimas. “Ofrecimos incluso nuestra ayuda profesional. Somos madres que trabajamos en salud, educación, derecho. Propusimos trabajar temas como grooming, bullying y violencia de género. Pero no hubo respuesta”.

Consultada sobre si hubo contacto con los padres de los alumnos agresores, Borrell indicó que “solo algunas madres se comunicaron, pero la mayoría permanece en silencio. En algunos casos, ni siquiera están de acuerdo con que se dicte Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas, lo que complejiza aún más todo”.

En los mensajes filtrados se detallaban no solo burlas o insultos, sino incluso planes de agresiones sexuales. “Hay que entender el nivel de gravedad. Que se diga en un chat que se planean violaciones no puede quedar en la impunidad. No importa si fueron 50 o 3 los que escribieron, el riesgo es real”, advirtió Borrell.

La madre también afirmó haber intentado contactar al Ministerio de Educación provincial. “Conseguí el número del ministro, le mandé un mensaje contando lo que estaba pasando. Me clavó el visto. Silencio absoluto”, denunció.

Ante la falta de respuestas, las familias afectadas decidieron acudir a los medios para visibilizar la situación y exigir una intervención institucional real. “No queremos castigo, queremos educación. No buscamos que se castigue a estos chicos, sino que se reflexione, que se trabaje con ellos. Pero el silencio y la minimización de lo ocurrido solo perpetúan la violencia”, sostuvo.

Mientras tanto, el miedo y la incertidumbre siguen latentes. “Las chicas caminan solas, no hay transporte público, oscurece temprano. No sabemos si quedó en un chat o si alguno va a concretar lo que dijo. El riesgo existe y las autoridades no lo están viendo”.

El caso pone en evidencia no solo la urgencia de abordar el bullying y la violencia de género en las escuelas, sino también el papel indispensable de las instituciones en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. “Esta es la única secundaria del pueblo. Si no se actúa ahora, ¿qué futuro les estamos dejando?”, concluyó Borrell.