Guzmán, separado de su cargo desde 2022 pero aún cobrando parte de su salario, enfrenta graves acusaciones por parte de Carla Kirstein, quien denunció haber sufrido una violenta golpiza. El caso conmocionó a nivel nacional luego de la difusión de un video donde la mujer mostraba lesiones severas en rostro y cuerpo. Además, generó movilizaciones feministas en Ushuaia reclamando justicia.

La causa, elevada a juicio en 2023 tras la confirmación del procesamiento, parecía encaminarse a un debate oral en 2026. Sin embargo, Guzmán presentó un acuerdo económico con su ex pareja para cerrar el proceso, ofreciendo un porcentaje de un supuesto retroactivo salarial que cobraría si resultaba absuelto. Pese a que Kirstein aceptó, en parte por cuestiones familiares, la fiscal de Género rechazó el acuerdo por tratarse de delitos de acción pública que no admiten arreglos privados.

Ante la negativa, Guzmán pidió que Schapochnik fuera apartada, argumentando que su militancia feminista —expresada en su tesis de maestría presentada ante FLACSO— compromete su objetividad. Según el escrito firmado por su abogado, Gabriel Ortega, la fiscal "adopta una posición militante que busca transformar el Poder Judicial desde adentro", afectando la garantía de igualdad ante la ley.

El planteo judicial cita párrafos de la tesis de Schapochnik donde denuncia la "alianza entre derecho y patriarcado" y define al feminismo como una "lucha revolucionaria contra la opresión". Para la defensa de Guzmán, estas posturas ideológicas comprometerían su capacidad de actuar con neutralidad en causas de violencia de género.

La recusación, que deberá ser resuelta por los jueces, abre un delicado debate institucional: la fiscal fue seleccionada por concurso público y designada por el mismo Superior Tribunal al que pertenecía Guzmán. Aceptar su apartamiento implicaría cuestionar el criterio de selección de los propios magistrados, sumando un conflicto interno a una causa de fuerte impacto público.

Mientras tanto, el proceso penal continúa, en un clima de tensión creciente entre los principios de imparcialidad judicial, los movimientos de género y la defensa de derechos fundamentales.