Defensorías de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y profesionales de la salud encendieron una alarma en Neuquén y El Calafate (Santa Cruz) por el aumento de bebés recién nacidos que presentan cocaína y otras sustancias tóxicas en su organismo. La situación, que se agravó desde la pandemia, pone de relieve una grave crisis social y sanitaria, con madres en situación de consumo problemático y sin acceso a tratamientos adecuados.

En Neuquén, Florencia Baldauf, psicóloga del Ministerio Público de la Defensa, explicó que “desde la pospandemia venimos detectando un incremento en las situaciones de bebés recién nacidos con metabolitos positivos”. Estos niños deben permanecer internados al menos siete días y luego recibir acompañamiento continuo, tanto médico como social.

Por su parte, en El Calafate, autoridades del hospital local también reportaron casos similares, con bebés que nacen con rastros de cocaína y otras drogas ilegales. Allí, el protocolo de actuación incluye la intervención de equipos interdisciplinarios para evaluar el entorno familiar y definir medidas de protección urgentes.

En ambos puntos del país, el fenómeno preocupa porque evidencia el consumo activo de drogas por parte de las madres durante el embarazo. Esto no sólo afecta gravemente la salud del bebé, sino que también refleja la falta de acceso a dispositivos de asistencia integral para mujeres en situación de vulnerabilidad.

La detección de estas sustancias se da, en general, en el momento del parto, cuando el equipo de obstetricia identifica indicadores de riesgo y solicita estudios toxicológicos. Si los resultados son positivos, intervienen las defensorías para evaluar la situación familiar y decidir cómo proteger al recién nacido.

Mónica Palomba, defensora en Neuquén, remarcó que estas situaciones “no se tratan de falta de voluntad” por parte de las madres. “Hay un sufrimiento real y una imposibilidad de cambiar sin ayuda. Necesitamos un sistema que pueda responder al ritmo que ese bebé necesita”, subrayó.

Ante este escenario, las defensorías reclaman una intervención articulada del Estado, con trabajo coordinado entre hospitales, áreas de salud mental, desarrollo social y justicia. También exigen políticas públicas que contemplen asistencia psicológica, acompañamiento económico y programas de prevención del consumo durante el embarazo.

La Ley 2302, que adhiere a la Convención sobre los Derechos del Niño, establece la prioridad absoluta de la infancia en todas las decisiones estatales. Las autoridades remarcan que es urgente actuar antes de que las consecuencias sean irreversibles, promoviendo entornos protectores y saludables desde el primer día de vida.