La Dra. Coronel confirmó su decisión a FM “Aire Libre”, comentando que “hicimos una presentación ante Fiscalía, una denuncia de prevaricato y abuso de la autoridad por diferentes medidas que había librado el juez de Familia 1 contra mi representante. Consideramos que esas medidas son abusivas excesivas para con el señor, dado que se toman medidas sin siquiera dar derecho de defensa a la otra parte”.

El portal de la emisora, reproduce las declaraciones de la abogada señalando que “Son medidas, denuncias por parte o simples dichos donde el juez acredita y da por sentado los dichos de una persona o la persona que denuncia, que es la otra parte. Y en base a esos dichos toman medidas extralimitadas. Entre esas medidas podemos encontrar un allanamiento, un secuestro y una requisa por el simple dicho de una de las partes donde manifiesta que tiene un papel de concubinato. La otra parte tiene un papel”.

Señaló, además, que “Estamos hablando de una separación, una división posterior de bienes, pero no existe la demanda todavía en papeles, sino que están los dichos”.

“El señor hasta la fecha no ha sido notificado de ninguna demanda. Son solamente medidas coercitivas donde el señor juez libra utilizando la herramienta del Estado, en este caso, a través de la División de Delitos Criminales. Cuando estamos hablando en el marco de una separación de dos personas que no están casadas. Entonces, todavía el juez no sabe si realmente esta persona es concubina de la otra parte”, remarcó.

Dijo que “Entonces, ameritaban otras medidas para evitar este allanamiento o privación del domicilio. De hecho, en el allanamiento no encontraron la declaración de concubinato. No existe ese documento porque alega que del año 2013 se había hecho ese papel de concubinato. Por ende, a partir de 2015 se hace el registro de uniones convivenciales, entonces no puede nunca existir si fue en el 2013″.

Igualmente, mencionó que “Previo al secuestro, al allanamiento y a la requisa, había librado por los dichos de la otra parte una prohibición de acercamiento. Hasta ahí estaba alado por la ley MI-22. Posteriormente, el equipo interdisciplinario de profesionales del Juzgado de Familia 1, con títulos, especializado en la materia, realizaron un informe donde no ameritaba ninguna otra medida. Dado que pasadas las dos semanas no hubo ningún hecho. Posteriormente, en fecha 28 de marzo, a través del organismo externo, que sería Secretaría de Género, por los simples dichos de la parte y un informe de una operadora orientada en Psicología, ni siquiera es una profesional con título habilitante, manifiesta al juez que, dado que se encuentra con temor la víctima, amerita una tobillera”.

“Entonces, el juez, por encima de su equipo interdisciplinario, ordena una tobillera, que hasta la fecha, hace ya un mes y medio, está con una tobillera, y el fundamento es para controlar que se cumpla la medida, no porque se haya incumplido la medida”, expresó Coronel.

Después precisó que la denuncia es “Contra el juez Fernando Damián González Cárcamos. El juez de Familia del juzgado número 1. Se realizó la denuncia penal en fiscalía, por los delitos de prevaricato, abuso a la autoridad, allanamiento ilegal, violación de la privacidad. A su vez, también se hizo la presentación en el Consejo de la Magistratura, del cual ya dieron la recepción, me confirmaron la recepción. Y también, en el día de la fecha, se hizo la presentación y confirmaron la recepción de la denuncia, del pedido de juicio político, para que abran la apertura del jury el mal desempeño y el excesivo y abuso de autoridad que ejerce constantemente de una forma desmedida”.

“Porque un allanamiento, un secuestro y una requisa son facultades de delitos criminales. Y tienen esa facultad los juzgados penales. Salvo que amerite que sea muy grave. En este caso no hay ningún tipo de delito. Estamos hablando de dos personas que no están casadas y están en el marco de una compensación económica”, remarcó.