El texto propone un Régimen Penal Juvenil que establece una pena máxima de 15 años solo para delitos graves como homicidios, abusos sexuales o secuestros. Además, se prohíbe la prisión efectiva en condenas menores a 10 años, siempre que no se trate de delitos graves, y se priorizan penas alternativas como tareas comunitarias, reparación del daño, monitoreo electrónico, prohibición de acercamiento a la víctima y otras medidas de tipo social, educativa o psicológica.

El proyecto también contempla la creación de institutos especializados para menores en conflicto con la ley, con personal capacitado y separación estricta de adultos detenidos. Sin embargo, desde sectores de la oposición, como Unión por la Patria, advirtieron que no hay garantías de que el Estado construya espacios adecuados y criticaron el enfoque punitivo.

La peronista Varinia Marín cuestionó la viabilidad del plan: “¿Quién puede creer que este gobierno va a invertir en establecimientos y equipos interdisciplinarios?”. Por su parte, Fernando Carbajal (Democracia para Siempre) defendió el dictamen como un modelo “progresivo y razonable” que limita la prisión solo a casos de extrema gravedad.

Desde el kirchnerismo se presentó un proyecto alternativo que no modifica la edad de imputabilidad. Acusaron al oficialismo de buscar impacto mediático con “consignas vacías”, aunque en la previa del debate cambiaron a tres integrantes de comisión que habían impulsado una baja en la edad, lo que podría resultar clave en la votación en el recinto.

El Gobierno celebró el avance legislativo. El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, aseguró: “El que es lo suficientemente grande para matar o violar, es lo suficientemente grande para ir preso”.