La iniciativa busca impedir que personas con condenas por delitos contra la administración pública, confirmadas en segunda instancia y antes del cierre del padrón electoral, puedan ser candidatas a cargos públicos. De aprobarse, alcanzaría a la expresidenta Fernández de Kirchner, cuya condena en la causa Vialidad fue ratificada en diciembre de 2024.

“Nos encontramos debatiendo una ley que no es prioridad ni para los fueguinos ni para el pueblo argentino”, señaló López, quien reclamó al Senado que aborde con urgencia temas como el presupuesto nacional, las jubilaciones, el financiamiento de las universidades y la coparticipación federal para su provincia.

En un encendido discurso, la senadora denunció que “la sola existencia de una condena no firme no puede justificar la exclusión del derecho a participar electoralmente sin vulnerar principios democráticos”, y advirtió que “organismos internacionales ya se han pronunciado al respecto”.

López acusó al oficialismo de utilizar el proyecto con fines partidarios: “Este proyecto tiene nombre y apellido. Vinieron con todo el odio del mundo para hacer desaparecer al peronismo y a Cristina Fernández de Kirchner, no para mejorar la vida de la gente”, aseguró.

También apuntó contra el rol de los medios de comunicación, acusando a periodistas oficialistas de ejercer presión sobre los legisladores para que aprueben la ley. “En vez de informar, amenazan y aprietan para que se vote como ellos quieren”, dijo.

La senadora aprovechó la ocasión para denunciar el abandono de problemas críticos en la provincia, como la falta de un escáner en el paso fronterizo San Sebastián —que, según afirmó, convierte a Tierra del Fuego en “un colador” frente al narcotráfico— y el deterioro del Paso Garibaldi y la Ruta Nacional 3. “Si ocurre una tragedia, será responsabilidad directa del presidente Milei”, advirtió.

Por último, propuso que si la intención fuese realmente “limpiar” la política, el proyecto debería incluir impedimentos para narcotraficantes, femicidas, deudores alimentarios y violentos en general, no solo para personas condenadas por delitos contra la administración pública.

“Podrán llamarla ficha limpia, pero de limpia no tiene nada. Es una mancha a la democracia”, concluyó.