La norma afectaba directamente la estrategia electoral de Cristina Fernández de Kirchner, quien fue condenada en una causa por corrupción y, de haberse aprobado la ley, habría quedado impedida de competir a nivel nacional, aunque podría aún postularse en el ámbito provincial.

El proyecto, impulsado por sectores del oficialismo y de la oposición, apuntaba a reforzar el principio de idoneidad consagrado en la Constitución. Incluiría delitos como cohecho, malversación, enriquecimiento ilícito y fraude al Estado. Además de los cargos electivos, también se prohibía a los condenados ocupar funciones en el Ejecutivo, organismos descentralizados y empresas con participación estatal.

Durante el debate, se cruzaron argumentos sobre ética, garantías judiciales y la supuesta intención de “proscripción”. Mientras desde el kirchnerismo denunciaron una maniobra política contra su líder, legisladores de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza defendieron la ley como un reclamo legítimo de la sociedad.

Tras el rechazo, la discusión sobre Ficha Limpia vuelve a foja cero, aunque sus impulsores ya anticiparon que insistirán con nuevos proyectos.