En ese sentido, remarcó que la propuesta pretende recaudar entre 5.000 y 7.000 millones de pesos, “cuando el costo de lo que se pretende financiar es muchísimo mayor”. A su vez, advirtió sobre el impacto negativo que tendría una nueva carga impositiva sobre el sector privado y los consumidores: “El mayor impacto lo sufren los vecinos y vecinas cada vez que compran alimentos o pagan servicios”.

El legislador planteó que el camino debe ser una mejor administración de los recursos existentes. “No es un problema de falta de plata, sino de gestión. Tierra del Fuego tiene el presupuesto per cápita más alto del país. Hay que reasignar partidas y establecer prioridades”, enfatizó. También consideró que la discusión no debe limitarse al salario docente, sino que debe incluir a todos los trabajadores del Estado.

Lapadula aprovechó además para cuestionar la situación de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y pidió definiciones urgentes por parte del Ejecutivo provincial. “Se sigue perdiendo tiempo mientras los afiliados siguen sin medicamentos o derivaciones”, lamentó.

También criticó la falta de respuesta frente a las observaciones del Tribunal de Cuentas, que en 2022 emitió 45 recomendaciones para mejorar la gestión de OSEF. “Dicen que el problema es financiero, pero no se avanzó ni siquiera en un plan estratégico”, señaló.

Asimismo, advirtió sobre el peso de la planta política en el organismo, con más de 60 cargos reconocidos, y denunció que persisten gastos administrativos elevados mientras hay prestadores que aún no cobran.

Para cerrar, Lapadula fue contundente: “Si el Gobierno ya tiene el proyecto y los votos, que lo haga. Pero que no sigan dilatando. Lo que no puede seguir pasando es que las afiliadas y afiliados sigan deambulando sin respuestas mientras el tiempo pasa y los problemas se agravan”.