A través de una nota de prensa, el magistrado explicó los fundamentos que motivaron la medida cuestionada: un allanamiento para secuestrar un teléfono celular y un acta de concubinato. Aclaró que no se trató de una resolución basada en “simples dichos”, como sostuvo la denunciante, sino en una demanda de compensación económica debidamente presentada, donde se alegaba una unión convivencial y un desequilibrio patrimonial originado por presunta violencia económica.

El juez detalló que la medida fue dictada tras analizar una importante cantidad de pruebas: más de 20 audios, capturas de conversaciones por WhatsApp, cartas documento e informes de organismos públicos. Subrayó que se cumplió con los requisitos legales exigidos para este tipo de acciones —verosimilitud del derecho y peligro en la demora— ante la posibilidad de perder una prueba clave como el contenido de un celular.

Además, indicó que la solicitud apuntaba a demostrar, entre otras cuestiones, que la venta del inmueble donde vive la denunciante junto a un hijo menor habría sido simulada, y que ahora enfrentan un intento de desalojo por parte del nuevo titular.

La ejecución de la medida estuvo a cargo de la División de Delitos Complejos, en el marco del Programa ForCIC del Ministerio de Seguridad de la Nación, al que Tierra del Fuego está adherida. El juez aclaró que esta intervención no implicó considerar a la parte involucrada como delincuente, sino que respondió a un protocolo técnico para la preservación de evidencia digital.

Por último, recordó que se trata de un expediente de familia de carácter reservado, por lo que no corresponde exponer más información pública sobre la causa.