En medio del reclamo por la puesta en marcha de un sistema de guardias médicas obligatorias para veterinarios en Río Grande, el Colegio Médico Veterinario de la provincia anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ordenanza recientemente aprobada por el Concejo Deliberante.

En diálogo con Radio Noticias 97, el abogado Francisco Ibarra, representante legal del Colegio, explicó los fundamentos jurídicos del rechazo: “Esta ordenanza es claramente inconstitucional. Un Concejo Deliberante no tiene competencia para imponer obligaciones personales ni sanciones a un colegio creado por ley provincial, ni mucho menos a sus profesionales en forma directa”.

El especialista detalló que, según la Constitución Nacional, las obligaciones de esta índole deben ser establecidas por una ley, y que incluso en este caso “ni la Legislatura provincial sería competente, ya que se trata de una materia que requeriría legislación nacional”.

“No se puede imponer una carga privada sin recursos públicos”

Ibarra subrayó que la necesidad de un servicio de atención veterinaria 24 horas no se discute, pero aclaró que esa necesidad no justifica imponer cargas desmedidas a profesionales particulares: “Nadie niega que el servicio sea importante. Pero si se considera un servicio público esencial, debe ser garantizado por el Estado, no por los veterinarios, que no tienen por qué sostener con sus propios recursos una guardia permanente”.

Además, recordó que los costos de una guardia permanente —como infraestructura, personal y equipamiento— son imposibles de afrontar individualmente por muchos profesionales. “Es como si se pretendiera que un abogado atienda 24 horas todos los días, sin respaldo económico ni institucional”.

Recurso legal en marcha

El Colegio Veterinario ya está trabajando en una presentación formal ante el Municipio. Si la misma es rechazada, adelantaron que recurrirán al Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego. También evalúan presentar un recurso ante el Juzgado Correccional en caso de que se apliquen las multas previstas por la ordenanza (500 unidades económicas por incumplimiento).

“Hay antecedentes claros y jurisprudencia del Superior Tribunal que respaldan nuestra postura”, afirmó Ibarra, y concluyó: “El derecho a trabajar está protegido por el artículo 14 de la Constitución. Nadie puede imponer este tipo de obligaciones por fuera de lo que marca la ley”.