

La expresidenta fue condenada a seis años de prisión por la causa Vialidad y, aunque la Corte Suprema dejó firme el fallo, el tribunal resolvió que la pena se cumpla en su domicilio ubicado en San José 1111, piso segundo, departamento “D”.
Según lo dispuesto por el TOF 2, Cristina Kirchner deberá respetar una serie de obligaciones y limitaciones mientras se encuentre bajo arresto domiciliario. Estas son las principales:
Recibir visitas autorizadas: Podrán ingresar a su domicilio sin autorización judicial previa las personas que integren su grupo familiar, su custodia policial, los profesionales médicos que la atienden regularmente y sus abogados. Para ello, deberá presentar una nómina de estos nombres en un plazo de 48 horas hábiles.
Ser monitoreada a distancia: La Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica le colocará una tobillera electrónica, medida que se cumplirá en las próximas horas.
Recibir supervisión trimestral: Cada tres meses, la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal deberá presentar un informe ante el tribunal sobre el cumplimiento de las condiciones de su arresto.
Abandonar su domicilio sin autorización previa: Solo podrá salir en casos de fuerza mayor debidamente justificados o con autorización expresa del Tribunal. No hay excepciones a esta regla.
Adoptar comportamientos que perturben la convivencia: Deberá abstenerse de cualquier acción que altere la tranquilidad del vecindario o la convivencia pacífica del edificio.
Recibir visitas no declaradas: Cualquier otra persona que quiera ingresar al domicilio deberá contar con una autorización judicial fundamentada.
La exmandataria fue notificada oficialmente de esta decisión por videollamada y también de forma presencial a través de la comisaría de la Policía de la Ciudad con jurisdicción en su domicilio. La Justicia dejó sin efecto su citación presencial prevista para este miércoles 12 de junio en los tribunales de Comodoro Py.
La prisión domiciliaria no se fundamenta en motivos de salud ni en su edad, según remarcaron los fiscales, quienes afirmaron que “no se encuentran configuradas razones que permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario”. Sin embargo, el tribunal tomó en cuenta su rol institucional como expresidenta y el intento de magnicidio de 2022 al evaluar el contexto.