“La provincia tiene un proyecto acuícola”, afirmó Marzioni, “no se trata solo de salmones, sino de un esquema que incluye peces, crustáceos, erizos, algas y moluscos, pensado desde la investigación aplicada y con infraestructura propia para garantizar trazabilidad, sostenibilidad y valor agregado”. El funcionario recordó que desde 2021 se viene trabajando en la mitilicultura (cultivo de mejillones), con una planta que ya produce 1.400 kilos diarios, y que de aquí a fin de año esperan cosechar entre 600 y 800 toneladas de producto.

En esa línea, subrayó la importancia de la estación de piscicultura del Río Olivia, convertida en Centro de Desarrollo Pesquero y Acuícola, que concentrará investigación genética, formación de personal y producción de alevines (esmol), con el objetivo de sustituir importaciones y exportar genética acuícola al Cono Sur.

Sobre la posible modificación de la ley 1.355, Marzioni fue claro: “No se trata de borrar lo que ya se logró. Esa ley puso un freno a un modelo de salmonicultura extractiva, que venía a engordar peces sin respetar el entorno. Lo que queremos ahora es abrir una discusión madura sobre qué tipo de acuicultura queremos y podemos hacer en Tierra del Fuego”.

Según explicó, el Ejecutivo propone iniciar una conversación pública sobre la habilitación de actividades acuícolas en el mar Atlántico, entre Península Mitre y Bahía San Sebastián, así como en sistemas cerrados (RAS) y zonas continentales. “No hay nada cerrado ni impuesto: habrá diálogo, consensos y decisiones colectivas”, aseguró.

El subsecretario también brindó cifras que dan cuenta del impacto económico actual y proyectado: en 2024, la pesca artesanal —principalmente de centolla— generó ingresos por unos 2.500 millones de pesos y permitió exportar cerca de 3.000 kilos de pescado. A futuro, el plan acuícola podría atraer inversiones por hasta 600 millones de dólares y crear entre 4.500 y 5.000 puestos de trabajo en los próximos 10 a 12 años.

En cuanto a las preocupaciones por el avance de grandes empresas, Marzioni aclaró que el gobierno no apuesta a megaproyectos concentrados, sino a iniciativas distribuidas territorialmente y articuladas con productores locales. “No queremos repetir errores como los de Pescargen. El desarrollo tiene que ser inclusivo y ambientalmente responsable”, insistió.

Finalmente, destacó la necesidad de seguir fortaleciendo la formación técnica y científica: “No hay acuicultura sin conocimiento. Vamos a lanzar un centro de formación específico y seguir articulando con universidades e instituciones para desarrollar carreras vinculadas al sector”.

Con estas declaraciones, el funcionario dejó planteado un debate clave para el futuro productivo y ambiental de Tierra del Fuego, donde la apuesta por el mar y los recursos hídricos se juega entre el desarrollo sustentable y el consenso social.