Martínez explicó que la decisión de permanecer en el establecimiento se tomó luego de semanas sin avances en las gestiones. “No solo han incumplido con el pago de salarios, sino que además han evitado sentarse a discutir con los trabajadores y con la organización gremial. No dan la cara ante una situación que afecta a 140 familias”, sostuvo.

El dirigente detalló que en la mañana algunos operarios habían sido convocados para retomar tareas, pero ante la falta de garantías se resolvió el ingreso de todo el personal representado por el sindicato. “La comisión directiva junto al cuerpo de delegados tomó esta decisión como una alternativa en defensa incondicional de los puestos de trabajo y de cada uno de los derechos laborales”, afirmó.

Según señaló, desde comienzos de febrero el gremio intentó sin éxito mantener reuniones con los propietarios de la empresa, que vendió su paquete accionario a fines de 2025. “No hemos podido reunirnos con los verdaderos dueños. Solo hemos recibido escritos de un apoderado legal en la ciudad, pero ningún responsable ha asumido el compromiso de discutir soluciones concretas”, remarcó.

Martínez también hizo referencia a la existencia de unos 4.000 kits que estarían en Buenos Aires para ser producidos en Río Grande. Sin embargo, aclaró que cualquier eventual reinicio de la actividad debe tener como prioridad el pago de la deuda salarial. “Si hay posibilidades de producir, tiene que existir la garantía absoluta de que esos recursos se destinen primero a saldar los salarios adeudados”, enfatizó.

El secretario general confirmó que la situación ya fue informada al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Industria de la provincia, y que incluso hubo contactos con autoridades del Ejecutivo provincial. “Estamos reclamando la intervención de quienes tienen responsabilidad institucional. Hasta ahora no hemos tenido una respuesta que permita destrabar el conflicto”, señaló.

En paralelo, la organización sindical lanzó una campaña solidaria para acompañar a las familias afectadas. “Existe la firmeza y la convicción de todos los compañeros de defender con todo lo que esté a nuestro alcance los derechos laborales, la continuidad operativa de la empresa y el cobro de cada peso adeudado”, expresó.

Finalmente, Martínez fue categórico sobre la continuidad de la medida: “La decisión es mantenernos dentro de la planta hasta encontrar una alternativa real que garantice salarios y continuidad laboral. Esta es una determinación asumida con absoluta responsabilidad por la comisión directiva y el cuerpo de delegados”.

Mientras tanto, la incertidumbre se mantiene y las 140 familias vinculadas a la empresa aguardan una definición que permita recuperar estabilidad laboral y económica.