Desde una de las plateas del recinto siguieron de cerca la votación la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, quienes celebraron el resultado.

La reforma representa uno de los compromisos asumidos por el Gobierno nacional con gobernadores de provincias cordilleranas que buscan flexibilizar el marco regulatorio para atraer inversiones mineras e hidrocarburíferas.

¿Qué cambia con la reforma?

La Ley de Glaciares vigente desde 2010 protege tanto los glaciares visibles como las zonas periglaciares, es decir, ecosistemas de alta montaña con suelos congelados o saturados de agua que funcionan como reservas estratégicas de agua dulce.

El proyecto aprobado introduce una redefinición clave: diferencia entre las “formas periglaciares” que cumplen una función hídrica comprobable —y que seguirán protegidas— y aquellas que no la cumplen, las cuales podrían quedar habilitadas para el desarrollo de actividades económicas.

En términos concretos:

• Se mantiene la prohibición absoluta de actividades económicas en glaciares.

• Se abre la posibilidad de explotación en determinadas áreas periglaciares, siempre que no tengan una función hídrica estratégica comprobada.

• Se crea formalmente el Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del IANIGLA, bajo coordinación de la Secretaría de Energía, que deberá identificar y clasificar las formaciones protegidas.

Para el oficialismo, la reforma busca eliminar “ambigüedades jurídicas” que, según sostienen, frenaron inversiones durante más de una década. Para la oposición, en cambio, implica un retroceso ambiental y una flexibilización que pone en riesgo recursos estratégicos.

El eje del debate: agua o desarrollo

Durante el debate en el recinto quedó expuesta una grieta conceptual profunda.

Desde La Libertad Avanza, el senador fueguino Agustín Coto afirmó que la reforma “armoniza la normativa” y mantiene las actividades prohibidas en glaciares. En la misma línea, Bruno Olivera sostuvo que la actual ley presenta “ambigüedad jurídica” y que la modificación permitirá “proteger mejor el agua y habilitar el desarrollo de las provincias”.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, pidió terminar con la “falsa dicotomía” entre agua y trabajo, y defendió un “ambientalismo responsable, con tecnología y controles”, que no paralice inversiones.

En contraposición, legisladores del bloque Justicialista y otros espacios advirtieron sobre un cambio de paradigma. Martín Soria calificó la iniciativa como “una reforma ideológica” que apunta a un modelo primarizado de exportación de recursos naturales. Anabel Fernández Sagasti alertó que la decisión “es irreversible para el futuro de los argentinos” y que se pasa de un criterio técnico a uno político y discrecional.

Otros senadores opositores señalaron que la reforma podría afectar entre el 25% y el 50% del recurso hídrico en cuencas patagónicas y cuestionaron la constitucionalidad de algunos artículos.

Incidentes en la previa

Antes del inicio de la sesión se registraron incidentes en las afueras del Congreso. Un grupo de activistas de Greenpeace fue detenido tras intentar ingresar al Palacio Legislativo saltando las rejas, y también se denunciaron episodios de represión a manifestantes y a un camarógrafo de un canal de noticias que cubría los hechos.

Lo que está en juego

La discusión por la Ley de Glaciares trasciende lo técnico. En el fondo, el debate gira en torno a tres ejes centrales:

1. La protección del agua como recurso estratégico.

2. La autonomía provincial sobre los recursos naturales.

3. La necesidad de atraer inversiones en un contexto de crisis económica y escasez de divisas.

El oficialismo sostiene que la reforma no debilita la protección de los glaciares y que brinda seguridad jurídica para impulsar proyectos productivos en zonas que hoy están vedadas por interpretaciones amplias de la norma.

La oposición, en cambio, advierte que la redefinición de las áreas periglaciares podría abrir la puerta a emprendimientos extractivos en ecosistemas frágiles que cumplen un rol clave en la regulación hídrica.

Próxima estación: Diputados

Con la media sanción obtenida, el proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde el escenario aparece más ajustado y con mayor presión social y ambiental.

La reforma a la Ley de Glaciares se perfila así como uno de los debates más sensibles del año legislativo: una discusión que no solo enfrenta posiciones políticas, sino que interpela el modelo de desarrollo que la Argentina pretende consolidar en las próximas décadas.