El oficialismo busca convertir en ley una iniciativa que modifica de manera estructural el régimen de trabajo en la Argentina y que ya fue aprobada por ambas cámaras, aunque con un cambio introducido por Diputados: la eliminación del artículo 44, que reducía el salario durante licencias por enfermedades o accidentes no laborales.
Con ese ajuste, el Senado deberá ratificar el texto y darle sanción definitiva.
La norma impacta directamente en cuatro grandes ejes: despidos, vacaciones, jornada laboral y derecho de huelga, además de introducir modificaciones en la negociación colectiva.
Las vacaciones podrán fraccionarse en períodos no menores a 7 días.
El trabajador solo tendrá garantizado el período estival una vez cada tres años.
Se elimina la obligatoriedad de concentrar el descanso en temporada de verano.
Se establece una jornada máxima de hasta 12 horas, con 12 horas obligatorias de descanso posterior.
Se implementa un sistema de compensación: si un empleado trabaja 12 horas en lugar de 8, las 4 horas adicionales podrán compensarse con reducción de jornada en otro momento.
Se elimina la obligación automática de pagar horas extras bajo el esquema tradicional.
Las indemnizaciones se calcularán exclusivamente sobre el salario básico, sin incluir aguinaldo, vacaciones ni premios.
Se tomará como referencia el salario promedio de la actividad.
Las empresas podrán pagar indemnizaciones en cuotas: hasta 12 en grandes compañías y hasta 18 en pymes.
Los convenios colectivos con plazo vencido dejarán de mantener su vigencia automática hasta la firma de uno nuevo.
Se habilita incorporar componentes salariales adicionales, fijos o variables, a través de acuerdos de actividad, empresa o incluso decisiones individuales.
Se mantiene el aporte sindical obligatorio con un tope del 2%, y el empleador seguirá actuando como agente de retención, punto que había sido exigido por la CGT.
La reforma redefine el alcance del derecho a huelga:
Se amplía la categoría de “servicios esenciales”, que deberán garantizar una cobertura mínima del 75%.
Se crean los “servicios trascendentales”, que deberán asegurar un funcionamiento mínimo del 50%.
Se consideran “infracciones muy graves” los bloqueos o medidas que afecten la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una protesta.
La sanción de la reforma no fue sencilla. La Mesa Política del Gobierno, encabezada por Karina Milei, llevó adelante durante casi dos meses negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas para asegurar los votos.
El oficialismo cuenta con el respaldo de mandatarios provinciales aliados, entre ellos los gobernadores de Chubut, Mendoza, Corrientes, San Juan, Neuquén, Misiones, Tucumán y Salta, cuyos legisladores acompañaron el proyecto en instancias previas.
Sin embargo, el trámite exprés entre la sanción en Diputados y la emisión del dictamen en el Senado generó fuertes críticas de la oposición, que cuestionó la velocidad del proceso.
Tras el tratamiento de la reforma laboral, el Senado abordará la Ley Penal Juvenil, que ya obtuvo media sanción en Diputados.
El proyecto reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establece un régimen especial que contempla sanciones alternativas a la prisión para delitos menores, con un enfoque de resocialización. Para delitos graves, las penas podrían llegar hasta 15 años.
Para el Gobierno, la reforma laboral es una pieza central del nuevo esquema económico: apunta a “modernizar” el mercado de trabajo, reducir litigiosidad y generar previsibilidad para atraer inversiones.
Para la oposición y los gremios, en cambio, representa una flexibilización que debilita derechos adquiridos y reduce el poder de negociación sindical. La CGT ya anunció una movilización y presentaciones judiciales para intentar frenar su aplicación.
La sesión de este viernes no solo definirá el futuro inmediato del régimen laboral argentino, sino que también marcará un hito en la estrategia legislativa del oficialismo en su primer año de gestión.