La expectativa por la resolución crece luego de que finalizaran los alegatos de las partes, instancia en la que la Fiscalía y las defensas expusieron posturas contrapuestas sobre la responsabilidad de los imputados y las eventuales penas.

Durante su exposición, el Fiscal Mayor del Distrito Judicial Norte, Martín Bramati, solicitó una condena de 6 años de prisión para el imputado que se encuentra detenido en Río Grande. El pedido incluye la unificación con una pena previa de 3 años en suspenso. Para los otros dos acusados, actualmente alojados en la ciudad de Córdoba, requirió una pena de 1 año de prisión efectiva para cada uno por el delito de resistencia a la autoridad.

Por su parte, el defensor Lucas Sartori planteó una serie de pedidos diferenciados. En relación con el imputado detenido en esta ciudad, solicitó que sea juzgado únicamente por el delito de atentado a la autoridad, excluyendo las lesiones, y que no se revoque la condena en suspenso ya dictada ni se avance en la unificación de penas.

Respecto de los otros dos acusados, la defensa pidió la absolución de uno de ellos al considerar que no se logró acreditar su participación en los hechos, por lo que correspondería aplicar el beneficio de la duda. En cuanto al restante, solicitó que sea juzgado solo por resistencia a la autoridad y que, en caso de ser condenado, se le imponga la pena mínima prevista por la ley.

El hecho que se analiza en el debate ocurrió cuando personal policial acudió a una vivienda tras la denuncia de un vecino. Según la acusación, en ese contexto los imputados habrían agredido físicamente a los uniformados.

El tribunal está integrado por el juez Eduardo López, en calidad de presidente, y los vocales Verónica Marchisio y Juan José Varela. Antes de la lectura del veredicto, prevista para el mediodía, los imputados tendrán la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras.