El episodio ocurrió días atrás, cuando apareció un mensaje intimidante dirigido a estudiantes de los primeros años, generando alarma entre la comunidad educativa y motivando la intervención de las autoridades. En ese marco, la charla estuvo orientada a estudiantes y padres con el objetivo de abordar las implicancias legales de este tipo de conductas.

La actividad surgió a partir de una preocupación que la propia letrada expresó en redes sociales y que derivó en la convocatoria por parte del establecimiento. Bajo el eje “Charla sobre bullying y acoso”, el encuentro buscó concientizar sobre las consecuencias jurídicas de acciones que muchos adolescentes suelen minimizar.

“Los chicos no saben que eso es delito”, afirmó Galera en la TV Pùblica, quien explicó que en su trabajo en la Defensoría Federal comenzó a detectar un aumento de casos que involucran a menores. “Hay menores que, después de cometer un hecho, preguntan ‘¿eso es delito?’”, agregó.

En ese sentido, remarcó que amenazas como la que encendió la alarma en la institución pueden encuadrarse dentro de figuras penales. “No hace falta tener un arma: con generar miedo ya se configura un delito como intimidación pública”, explicó, al tiempo que señaló que este tipo de hechos puede implicar penas de uno a seis años.

Durante las charlas, los estudiantes plantearon inquietudes sobre su responsabilidad en situaciones grupales, una dinámica frecuente en este tipo de casos. “Rara vez actúan solos. Muchas veces hay cómplices o encubridores, incluso compañeros que ya son imputables”, indicó.

Uno de los puntos que más preocupación generó fue el cambio en la legislación previsto para los próximos meses. Según indicó Galera, a partir de septiembre los menores desde los 14 años podrían enfrentar procesos penales. “Vamos a tener chicos muy jóvenes atravesando audiencias con fiscales y jueces, en un sistema que no conocen”, advirtió.

Frente a este escenario, la abogada insistió en la necesidad de priorizar la prevención. “No podemos esperar a que el problema llegue a la justicia. Hay que hablar con los chicos antes, explicarles las consecuencias”, sostuvo.

También subrayó el rol clave de la familia y la escuela. “No todos tienen un padre abogado que les explique lo que implica una conducta. Por eso es fundamental que haya espacios de diálogo”, expresó.

La convocatoria fue valorada como una instancia necesaria en medio de un contexto que expuso la falta de conocimiento sobre las consecuencias legales de este tipo de hechos, y la necesidad de generar herramientas de prevención dentro de la comunidad educativa.